Graves inconsistencias de un contratista

Contratista de alimentos para jardines del distrito acreditó experiencia con extrañas direcciones en conjuntos residenciales y condominios.

Así trabajó Petro con los comedores comunitarios.

Integración echa cortinas de humo para tapar irregularidades en contrato de 18 mil millones.
Juan Carlos Flórez A.
Agosto 12 de 2013

Hemos encontrado cuatro nuevas irregularidades que pueden estar detrás del incumplimiento en el suministro de alimentos a niños y ancianos por parte del Consorcio Alimentación Social 2013, contratado por la Secretaría de Integración Social. Nos preocupa que hoy se pueden estar repitiendo hechos que originaron el carrusel de la contratación.

El contrato por 18.253.557.090 pesos fue entregado a un consorcio en el que una de las firmas tenía experiencia en reforestación y no en alimentación. La experiencia específica que certificó para ganar el contrato presenta una serie de irregularidades e inconsistencias, que sorprendentemente no fueron detectadas por la Secretaría de Integración. La empresa de los Torrado, duramente censurada por el informe sobre la corrupción de Samuel Moreno, elaborado por el entonces candidato Petro, vuelve y gana, contra todo pronóstico, contratos de alimentos en el distrito.

Estas son las 4 nuevas irregularidades

1. Las direcciones de las empresas que certifican la supuesta experiencia corresponden a un conjunto residencial y a un condominio

Fuimos a buscar las direcciones en Villavicencio de las empresas que certificaron la experiencia de la Corporación Ambiente Colombia. En la dirección del Consorcio Alimentar por el Meta, queda el conjunto Multifamiliares Araguaney; según el portero allí no hay oficinas de ningún tipo. En la dirección de Cosurmeta funcionan las oficinas del Condómino La Fontana; lamentablemente allí nadie abrió. Como se puede verificar en las fotos que registramos en cada sitio.

2. Las certificaciones presentan serias inconsistencias

Los formatos utilizados son idénticos, a pesar de ser empresas diferentes y de haber sido expedidas en distintos años. Además, las dos certificaciones, (1) y (2), tienen el mismo error en el apellido del representante legal, pues el señor Iván González fue llamado Iván Moreno, información contraria a la expresada en la firma digital que acompaña estos documentos. Así mismo, las certificaciones se avalan con actas de liquidación, sin estar soportadas por contratos, facturas, ni por el correspondiente impuesto de timbre, que se debió cancelar en su momento.

3. Los teléfonos de las empresas no coinciden con los registrados en las certificaciones

Al llamar a estas empresas para corroborar los datos expuestos en las actas de liquidación, nos informaron que el teléfono de Cosurmeta corresponde a una casa de familia, y el teléfono del Consorcio Alimentar por el Meta es de una empresa llamada R&M Ingeniería, cuyo dueño es el señor Fernando Romero. Este último aspecto es bastante particular, ya que Fernando Romero es quien firma el contrato con la Secretaría de Integración Social.

4. La experiencia conjunta de las dos empresas del consorcio, es en reforestación en La Guajira

Las dos empresas que integran el Consorcio Alimentación Social 2013, conformaron el Consorcio Reforestemos La Guajira 2010, para ejecutar un contrato con el Incoder, cuyo objeto fue la reforestación de 600 hectáreas de árboles nativos y aislamiento de 62 km en el departamento de la Guajira. Lo preocupante es el desempeño que tuvo el consorcio en este contrato, ya que tuvo una adición por el 50% de su valor inicial, 4 suspensiones y dos prórrogas.

Los problemas del contratista siguen

Sin embargo, las irregularidades que rondan a las empresas del consorcio que ha incumplido con la alimentación para los niños no paran allí. Al seguir indagando, encontramos que la Secretaría de Integración Social entregó otro contrato a la Fundación Multiactiva Emprendiendo (el otro socio del consorcio en cuestión), el 27 de marzo de 2013, por 2.434 millones de pesos. El objeto del contrato es garantizar la alimentación de la población habitante de calle atendida en el centro de acogida y en el centro de autocuidado. Este convenio de asociación, también es firmado por el señor Fernando Romero, en este caso como apoderado de la fundación.

Al revisar los detalles de la minuta, identificamos que este contrato, registrado con el número 4843-2013, se hizo a través de la modalidad de convenio de asociación, lo que permite sea asignado directamente y saltándose buena parte de los requisitos exigidos por la ley 80. En éste convenio se establece que la Fundación Multiactiva Emprendiendo (de Cartagena) aportará la suma de 469.600.000 de pesos, representados en servicios y bienes, los cuales no se describen ni precisan en el convenio. Y la Secretaría de Integración Social aportará la suma de 1.964.400.000 pesos. Llama la atención que una fundación sin experiencia en Bogotá, llegue de un día para otro a donarle a la ciudad cerca de 500 millones de pesos, y fuera de eso termine ganándose un contrato de 18 mil millones de pesos.

La actitud de la administración ante estas irregularidades contractuales nos recuerdan la situación vivida durante el carrusel de la contratación. Recordemos que en las denuncias presentadas por el grupo del entonces candidato Petro, se registraba como un hecho de corrupción los contratos que se celebraron con la firma Mauros Food, asociada al contratista Julio Gómez, ya que esta empresa que tenía experiencia en alimentación recibió millonarios contratos para la construcción de espacio público. Situación similar se presenta hoy cuando le asignan un millonario contrato de alimentos a una empresa con experiencia en reforestación.

Este panorama se ensombrece más al encontrar que la Secretaria de Integración Social le entregó a las empresas de Los Torrado, en menos de dos meses, dos contratos de suministro de alimentos por 25.971.363.952 pesos. Esta realidad es incomprensible ya que Consuelo Ahumada, exsecretaria de la entidad, había tomado la decisión de terminar los contratos con estas empresas, en aras de desmantelar el cartel de la contratación. Sobre esta empresa había señalado el informe de Petro sobre la corrupción: “Más de $110.000 millones de pesos les fueron entregados a las entidades del grupo Torrado mediante contratación directa, eludiendo la convocatoria pública y la competencia abierta.” “Las empresas de los Torrado ya habían celebrado contratos con gobiernos anteriores al de Moreno, pero llama la atención su desmesurado crecimiento entre la administración de Garzón y la actual.”

El alcalde está en mora de enfrentar los graves problemas en contratación que tienen lugar en la Secretaría de Integración Social.

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