Dos años defendiendo los derechos de los bogotanos

Juan Carlos Flórez A.

13 de enero de 2014

Bogotá es una empresa que tiene un gerente, el alcalde, y una junta directiva, el concejo. El primero tiene las funciones y los recursos para ejecutar. El segundo hace sugerencias, presenta recomendaciones, abre debates y ejerce el control sobre lo que hace el alcalde. Por más que se quiera o se considere que se tiene la solución, las competencias de un concejal son muy limitadas y están claramente definidas por la ley. Este es mi informe de gestión del segundo semestre de 2013.

Por eso, a lo largo de estos dos años trabajando como concejal me he concentrado en defender los derechos de los bogotanos, principalmente de los sectores más vulnerables; defender también los recursos públicos y su correcta inversión; y presentar a la administración una serie de alertas tempranas con el fin de entregarle insumos para mejorar la gestión de la ciudad. Mis debates y pronunciamientos se han caracterizado por ser fundamentados en hechos concretos y en conocimientos técnicos. La administración ha encontrado en mí un opositor leal para debatir los temas de la ciudad.

A continuación presento un balance general de mi trabajo en estos dos años y mi informe de rendición de cuentas del segundo semestre de 2013.

1. La lepra de Colombia es la corrupción

Para millones de colombianos, la democracia significa ver cómo un grupo de privilegiados se roba todos los recursos públicos. Durante varios años, una hampa criolla convirtió a la Alcaldía en un cartucho de criminales. Llevaron la corrupción al punto de convertirla en una gigantesca empresa criminal. Si hace unos años el sistema estaba corrupto, ¡hoy la corrupción es el sistema!

Los grandes socios de la corrupción son la ineptitud y el silencio. Hasta el momento, sigue en nada la persecución a la mafia de la contratación por parte de los organismos de control, quienes cuentan con plantas de funcionarios inmensas pero van a paso de tortuga. Representan en cambio botines burocráticos, tal y como lo denuncié el 30 de octubre de 2012, con la creación descarada de 40 nuevos asesores en la Personería Distrital y una adición de 7.500 millones a una entidad que recibe más de 78.300 millones de pesos: ¿cómo podía dar la administración su visto bueno? Denuncié también la lentitud de la Fiscalía: después de 3 años de investigación sólo hay 7 condenados de 160 implicados en el carrusel de la contratación.

Mientras tanto, contratistas, ex-funcionarios y políticos continúan burlando a la justicia. Los partidos tienen, a su vez, la responsabilidad política de depurar sus listas. Desde el principio me opuse al nombramiento de políticos presuntamente implicados en el carrusel en los cargos de la mesa directiva del Concejo de Bogotá. Meses después, de manera irónica, el debate sobre corrupción en el Concejo de Bogotá, que se llevó acabo el 8 de mayo de 2013, quedó suspendido por ausentismo; ¡sólo estuvimos hasta el final 19 de 45 concejales!

Una serie de alianzas mafiosas está dedicada las 24 horas del día a saquear los recursos públicos: la plata de la salud, la educación, las vías, los jardines infantiles, los comedores, etc. Son parásitos que gangrenan al estado. Pero cuando llegan a ser juzgados, se disfrazan de pobres viejecitas y ocultan su red de testaferros. ¿Por qué no se activa ningún mecanismo frente a los grandes movimientos financieros de los corruptos en Colombia?

La misma administración distrital reconoció la veracidad de mis denuncias. La secretaria general radicó ante la Fiscalía las pruebas que presenté durante el debate de control político a la gestión de la Secretaría de Integración Social, el 15 de noviembre de 2013. Allí mostré cómo algunos contratos de alimentación para niños y abuelitos, por más de 18 mil millones de pesos, quedaron en manos de consorcios sin experiencia. En ese mismo debate señalé la vinculación de la familia Torrado a un contrato de cerca de 26 mil millones de pesos, a pesar de que, años atrás, el alcalde la señaló como beneficiaria del carrusel de la contratación.

De manera similar, desde el 29 de noviembre de 2013 he venido alertando sobre la creciente contratación directa en la Secretaría de Educación. Esa misma modalidad de contratación fue denunciada por el actual alcalde como una de las preferidas por el carrusel. Ahora la administración permite que un solo operador, como Compensar, concentre la mayoría de los contratos de esa secretaría, a través de convenios por cerca de 202 mil millones de pesos.

El papa Francisco decía el otro día que la corte del Vaticano era la lepra de la religión católica. Yo creo que la lepra de Colombia es la corrupción.

2. Cara improvisación en el nuevo esquema de aseo en Bogotá

En diciembre de 2012, la actual administración informó a la opinión pública sobre su decisión de prestar el servicio de aseo a través de una filial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: la empresa Aguas de Bogotá. Procedió a arrendar y comprar camiones recolectores con el fin de inicial el servicio, de manera exclusiva, el 18 de diciembre de 2012. Al respecto, indicó que dicha medida tenía como propósito, entre otros, cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional de vincular a los recicladores a la prestación del servicio de aseo.

Desde el 6 de enero de 2012 advertí en el Concejo de Bogotá que la Superintendencia de Servicios debía garantizar que los vehículos que se usaran en la implementación del nuevo esquema de aseo fueran de calidad. Por desgracia para la ciudad, no fue así. Se arrendaron por internet carros que se vendían como chatarra. Estos vehículos fueron adquiridos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) por 48.762 millones de pesos, y la entrega total se concretó el pasado 14 de junio. De los 278 compactadores nuevos, 48 permanecen en los parqueaderos de Daewoo, sin ser operados. Estoy seguro que si la importación de esos tiestos viejos para recoger basuras se hubiese hecho en otro gobierno, el propio alcalde la habría denunciado por ser una práctica corrupta y mafiosa.

Una vez se inició la prestación del servicio de aseo por parte de Aguas de Bogotá, se evidenció el caótico manejo de recursos de dicha empresa. Claramente no estaba preparada para asumir la función del aseo, tal como lo advirtió el propio Diego Bravo, ex-gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en reunión con el alcalde, tal y como lo señala la Revista Dinero el pasado 14 de noviembre. Esa incapacidad gerencial obligó a que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) suscribiera cuatro (4) contratos con los operadores que venían prestando el servicio: Ciudad Limpia S.A., Aseo Capital S.A., Limpieza Metropolitana Lime S.A. y Aseo Técnico de la Sabana Atesa S.A. El propio alcalde mayor llamó paras y mafiosos a los dueños de estas empresas, y sorprende que aún así haya contratado con ellas nuevamente para poner en marcha su capricho. Los contratos de operación y prestación del servicio que la UAESP tiene con Ciudad Limpia, Aseo Capital y Lime vencieron el 17 y el 19 de diciembre de 2013, por lo tanto hoy Bogotá volvió a entrar en el limbo que vivimos el año pasado.

Y en cuanto al proceso de sustitución de vehículos de tracción animal, nos preocupa profundamente lo que sucederá con las miles de familias de carreteros que no quedaron incluidas en el censo poblacional, pues con el decreto ya rigiendo, éstas familias se quedaron sin el trabajo que venían desempeñando por muchos años, y sin alternativa de cambio de actividad.

Hoy Diego Bravo, ex-gerente de la EAAB y cerebro del fracasado esquema de aseo, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación, así como Henry Romero Trujillo, director General encargado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP). Lo advertimos, lo dijimos por todos los medios posibles, invitamos al alcalde a revisar lo que estaba proponiendo, pero no atendió nuestros llamados y hoy tenemos un esquema de aseo ilegal e ineficiente, y una ciudad con un alcalde dedicado a defenderse en vez de gobernar.

3. Negligencia y frialdad burocrática frente a los más vulnerables

Durante estos dos años trabajando como concejal he realizado un riguroso seguimiento al cumplimiento de las metas trazadas por la actual Alcaldía, encontrando graves rezagos en las principales propuestas para superar la segregación, planteadas en la campaña y definidas en el plan de desarrollo. Por ejemplo, en campaña el alcalde prometió que construiría 1.000 jardines infantiles. En sus palabras, esta medida representaría una estrategia para superar la segregación, así como la enorme brecha entre estratos medios, ricos y pobres. No obstante, el número se redujo a 509 en el plan de desarrollo, y en estos dos años la Secretaría de Integración Social solo entregó un jardín de los 405 a su cargo.

Programas sociales cruciales se han debilitado. En el 22 de julio de 2012 cité un debate sobre comedores comunitarios al evidenciar serias irregularidades en el modelo de gestión y problemas en la calidad de los alimentos suministrados a los usuarios. De un lado, el manejo de los comedores se seguía entregando a operadores mal calificados. De otro, la administración le quitó el presupuesto a los comedores locales por orden directa del alcalde, dejando a más de 45.000 personas afectadas. Comedores como el Kennedy Central, en donde se alimentaban más de 250 niños de 5 colegios, tuvieron que cerrar sus puertas. Mientras que en 2011 funcionaban 311 comedores comunitarios, en agosto de 2013 estaban operando solo 132. El servicio fue sustituido por canastas de alimentos que, según muchos usuarios y líderes comunitarios, llegaban con retrasos. En el mes de febrero de 2013 logramos que se reabriera el servicio del comedor Abraham Lincoln en la localidad de Tunjuelito.

En el 23 de julio de 2013 encontramos que 38 jardines infantiles no entregaban alimentos en las cantidades y calidades necesarias. Los gramajes fueron reducidos e incluso en algunos sólo se suministraba aguadepanela. Denunciamos que la Secretaría de Integración Social entregó un contrato por 18 mil millones de pesos para el suministro de alimentos en 110 jardines y 17 centros de cuidado a una empresa con experiencia en reforestación. Las graves denuncias las expuse en el Concejo, en un debate citado el 15 de agosto de 2013. Tras la contundencia de las evidencias, la Contraloría Distrital inició un proceso de investigación hallando alimentos en descomposición y pésimas condiciones de salubridad en las bodegas donde eran almacenados, y desde donde eran distribuidos a los jardines. Como si esto fuera poco, también entregaron otro contrato por 25 mil millones de pesos a una empresa de los hermanos Torrado, mencionada por el mismo alcalde en su informe sobre corrupción de 2010. Este último contrato aún sigue vigente. La contundencia de los hechos presentados se tradujo en la salida de la entonces secretaria de integración social, Teresa Muñoz Lopera.

La administración reconoció públicamente la veracidad de las denuncias que hice junto a mi equipo de trabajo. La secretaria general señaló, en un debate del 15 de noviembre de este año, que los graves indicios de corrupción advertidos por nosotros les llevó a pedir a la Fiscalía la investigación del contrato de 9 millones de dólares. El secretario de integración social también dijo públicamente que gracias a las denuncias presentadas el contrato fue liquidado unilateralmente.

4. En defensa de la educación pública y de calidad

Antonia Santos – En 5 meses de obra no se perciben avances.

En campaña al Concejo de Bogotá recibí un mandato: trabajar por el derecho a la educación de los bogotanos. Consideré audaz e innovadora la propuesta en educación de Gustavo Petro que planteaba: impulsar la jornada única, construir 100 colegios nuevos, vincular 8.000 nuevos maestros y construir nuevas sedes universitarias. Bogotá tiene que dar un salto educativo que rompa las desigualdades que mantienen en la pobreza a los niños y jóvenes que se forman en nuestros colegios públicos. Necesitamos una educación pública de calidad que ponga a funcionar nuevamente el ascensor social, que brinde oportunidades a los jóvenes y nos permita ser más competitivos como sociedad.

Por ello, en marzo de 2012, cuando conocí la primera versión del plan de desarrollo de la Bogotá Humana, prendí las alarmas para advertir que el alcalde se había bajado del bus frente a sus propias promesas. La jornada única que busca mejorar la calidad en la educación pública para construir mayor igualdad fue reemplazada por la jornada extendida que ofrece actualmente, al 71% de los estudiantes inscritos, más horas de arte y recreación, en cambio de estar desarrollando, con otros modelos pedagógicos, competencias en lectoescritura, matemáticas y segundo idioma. La Secretaría de Educación ha tratado de meterle gato por liebre a la ciudad y por ello mantenemos nuestras denuncias y críticas a un modelo que no está enfocado a la excelencia académica sino al aprovechamiento del tiempo libre.

La propuesta de construir 100 nuevos colegios también se quedó en el mundo de las ideas. Tras dos años de gobierno no se ha contratado la construcción de ningún colegio nuevo. Tampoco hay avances notables en los 39 colegios que quedaron inconclusos, pues sólo se ha iniciado obra en 3; y de los 56 colegios que se deben reconstruir sólo 6 están en obra. La Secretaría de Educación trata de ocultar el gran fracaso gerencial inaugurando como suyos 3 colegios que fueron contratados por la administración anterior. Es importante tener claro que sin infraestructura educativa no es viable la jornada única –cosa que no le importa al secretario de educación–, pero tampoco es viable la jornada extendida, ya que los estudiantes se están cruzando en el mismo espacio y tienen que sufrir mayor hacinamiento a cuenta de una profunda desorganización del proyecto de jornada extendida. Lo absurdo es que la plata para construir nuevos colegios está guardada en los bancos. A 30 de octubre, la Secretaría de Educación dejaba de ejecutar 487 mil millones de pesos.

Para completar este coctel de ineficiencias y mentiras, cambió la idea de contratar 8.000 nuevos maestros por darle multimillonarios contratos a Compensar. Entre 2012 y 2013 se le entregaron 201 mil millones de pesos, usando la figura de convenios de asociación; sin embargo, la contrapartida de Compensar sólo fue del 5,6%. El discurso de fortalecer lo público se vuelve incoherente cuando los recursos destinados a la educación terminan lucrando intereses privados y no fortaleciendo la institucionalidad del distrito.

Para tener una sociedad más justa, necesitamos una educación pública radicalmente mejor. Tal como lo dijo Armando Montenegro, no puede haber una Colombia más equitativa y más justa si no hay acceso a una educación de la mejor calidad a través de los colegios públicos. La educación pública se convierte en una mentira si le ofrecemos a una parte de la ciudadanía una oferta educativa para salir adelante, pero esa oferta luego no termina siendo de la mejor calidad. Necesitamos más maestros, más colegios, más horas de clase y mejor calidad para romper la gran brecha educativa que tenemos. Hasta tanto esto no sea una realidad seguiré planteando debates que permitan que la educación esté en el centro de la gestión pública y en voz de la opinión ciudadana.

5. En movilidad priman los intereses de los empresarios sobre los derechos de los ciudadanos

El sistema integrado de transporte público de Bogotá fue una herencia que recibió el actual gobierno de parte de los dos gobiernos anteriores del Polo. Éste ha estado marcado por las dificultades técnicas y políticas, por las dudas financieras y por la poca capacidad de gestión. Sin un claro responsable por parte de la administración, con un arriesgado cronograma para su puesta en marcha, sin un sistema unificado de recaudo y con gran desconocimiento por parte de los bogotanos sobre costos, formas de integración y usos, hoy el sistema integrado tiene más preguntas que respuestas. En los días: 12 de marzo, 19 y 22 de junio y 30 de julio de 2012, llamé la atención de la administración sobre estas dificultades. Sin embargo, que se postergue la fecha límite para el funcionamiento del 100% del sitp, que aún no se integren las tarjetas, que la gente no conozca el sistema ni cómo se usa, son sólo algunos ejemplos de que la administración persistió en los errores.

La gestión de Transmilenio es otro desacierto de la actual administración. En marzo de 2013 señalé que aunque el alcalde denunció las inequidades de los contratos de operación, cuando tuvo oportunidad de renegociarlos no lo hizo. Al contrario, sólo los prorrogó por 240.000 kilómetros. Es más: hoy la administración ni siquiera tiene certeza sobre el estado real de los buses ni el nivel de desgaste de los mismos. A cambio de esta lucrativa prórroga no se exigió ninguna mejora en la prestación del servicio para los bogotanos. Buses llenos, estaciones colapsadas, inseguridad, falta de cultura ciudadana y mala evaluación al sistema por parte de los bogotanos, son algunas de las dificultades que la administración ha optado por ignorar.

Un aspecto en el que he insistido en repetidas oportunidades es que los subsidios al transporte deben ser sostenibles en el tiempo y focalizados, por ejemplo, en los estudiantes de Bogotá, de jornadas diurna y nocturna. Por eso, frente a la decisión del alcalde de subsidiar los pasajes en hora valle varias veces señalé que eso favorecía a los operadores del sistema y no a los usuarios. Esta medida sin corresponsabilidad de los empresarios conduce a riesgos fiscales serios para la ciudad. Hoy sabemos que “debido a que el costo de operación, tanto del sistema Transmilenio como el de los operadores del SITP presenta una tendencia creciente, es necesaria la implementación de una política de incrementos tarifarios”.

Aquí encuentra el informe completo.

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