La educación y las víctimas no ganan con el presupuesto de Peñalosa

El debate sobre el presupuesto de la ciudad no es exclusivamente un tema de cifras. Es también una discusión política sobre la gestión de las entidades que administran recursos públicos, y que tienen como propósito atender problemas puntuales que afectan la vida de los bogotanos. Por esa razón, mi análisis del presupuesto se centró en aspectos fundamentales de la política social y ambiental de la ciudad: en el estado financiero de la Universidad Distrital, la universidad pública que hace presencia en los sectores populares de la ciudad; en la infraestructura educativa que prometió esta administración, así como en los avances en la jornada única; en los espacios para cuidar a la primera infancia; en las obras culturales y la protección de la naturaleza; y en la atención a las víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá.

 

 

A la Universidad Distrital todavía le faltan $50.981 millones

Según la presentación del rector de la universidad, el pasado lunes 26 de noviembre en el concejo, para el próximo año la universidad necesita $334.808 millones para su funcionamiento, y otros $33.813 millones para inversión. En total, la universidad requiere en 2019 $368.621 millones para operar. Pero la cuota global contemplada por la secretaría de hacienda solo cubre $302.640 millones. Veamos qué está pasando con los ingresos para funcionamiento y con los ingresos para gastos de inversión.

Luego del primer debate de presupuesto, la secretaria de hacienda dijo que se iban a destinar $30.000 millones más a la universidad: $6.200 millones para funcionamiento y $23.800 para inversión. La realidad es que sólo la mitad de estos recursos son recursos ciertos. El distrito le va a transferir $15.000 millones más a la Distrital el próximo año; los otros $15.000 son de una proyección que, como veremos a continuación, está llena de incertidumbre.

¿Pero de cuánto sería el déficit con los $15.000 millones reales? Sería de $50.981 millones.

El sostenimiento de la Universidad Distrital depende del distrito, por lo que su situación financiera es muy distinta del resto de universidades públicas, que reciben recursos de la nación. El 80,8% de los recursos que recibió la universidad para su funcionamiento durante este año fueron transferencias de la ciudad (esto es, $278.676 millones), mientras la nación aportó el 7,6% ($20.705 millones). El 11,6% restante ($31.310 millones) fue recaudado directamente por la universidad a través del cobro de matrículas, certificados, etc.

La ley 30 de 1992 definió que este presupuesto de funcionamiento aumentaría con la inflación de cada año. Sin embargo, las necesidades de la universidad crecen más rápido que la inflación. La Distrital tiene una acreditación de alta calidad, que la distingue como una de las mejores universidades del país. Para renovar su acreditación, un proceso que debe hacer desde el año entrante, la universidad debe abrir nuevas líneas de investigación, contratar más profesores de planta con mejor preparación, crecer en infraestructura física y tecnológica y aumentar su oferta académica. Por lo tanto, aumentar el presupuesto de la universidad con la inflación es insuficiente para atender esas necesidades.

El presupuesto de inversión de la universidad también se ha visto afectado. La inversión de la universidad se ha financiado a través de una estampilla que se cobra a los contratos firmados con el distrito. Esta fuente de recursos, establecida desde el 2001, recogía el 1% del valor del contrato y se lo transfería en su totalidad a la Universidad. Sin embargo, desde el año pasado este mecanismo de recaudo cambió.

Tres elementos explican ese cambio:

  • El recaudo de la estampilla pasó del 1% al 1,1%. La secretaría de hacienda le presentó este cambio al concejo con el argumento de que serían transferidos más recursos a la Universidad Distrital. Como veremos, esta no ha sido la realidad.
  • Se excluyeron contratos del recaudo. Con la estampilla nueva, los contratos de menos de $10 millones (o, técnicamente, los contratos por menos de 315 unidades de valor tributario) quedaron exentos de dicho pago, que la estampilla vieja sí incluía.
  • Se cambió la distribución de los recursos. La totalidad del recaudo de la estampilla vieja estaba dirigida a la Distrital. La norma que aprobó la estampilla nueva (el acuerdo 696 de 2017) estableció que el 30% de lo recaudado se destinaría a la sede Bogotá de la Universidad Nacional.

¿Cuál es el resultado de estos cambios? Que los recursos para inversión que efectivamente se han transferido a la Universidad Distrital por el recaudo de la estampilla han sido mucho menores a lo prometido por la secretaría de hacienda. La proyección que la secretaría de hacienda le presentó a la universidad – que fue la base para planear el presupuesto de este año – es que la nueva estampilla iba a recaudar $62.700 millones, y a la Distrital le iban a corresponder $31.350 millones.

En realidad, con corte a 31 de octubre, la estampilla ha recaudado apenas $11.044 millones y la Universidad ha recibido para inversión escasamente $5.022 millones (¡apenas el 17,6% del estimado inicial en ambos casos!). La Universidad ha recibido otros $2.208 millones para atender sus obligaciones pensionales. Ese desfase ha puesto a la Universidad en una situación de incertidumbre presupuestal.

 

Guardaron $120.000 millones para edificio de lujo mientras la Universidad Distrital sigue con un déficit de $50.981 millones

La administración tenía la intención de hacer un edificio de lujo a cualquier costo. Recordemos que los $120.000 millones que cuesta la construcción del edificio de lujo en el lote de la calle 82 con 11, incluido dentro del cobro de valorización que fue aprobado, estaban ya en este proyecto de presupuesto como recursos ciertos. $80.000 millones aparecían dentro del proyecto de inversión 992 de la secretaría de cultura (“patrimonio e infraestructura cultural fortalecida”) y los otros $40.000 millones saldrán de las utilidades de la empresa del Acueducto.

Fuente: presentación de la secretaría de cultura ante la comisión de hacienda, octubre 16 de 2018, diap. 9.

Luego del primer debate de este proyecto, esos $80.000 millones del distrito que ya no se usarían en el edificio fueron transferidos a dos entidades: $20.000 millones para al cuerpo de bomberos para atender temas judiciales, y los $60.000 millones restantes para el IDU, que fueron incluidos en el proyecto 1061, “infraestructura para peatones y bicicletas”.

De esa manera, estos recursos importantísimos quedaron en manos de una entidad que tiene la peor ejecución presupuestal de la administración central. De los $2,48 billones que tuvo asignados para este año, solo efectuó giros por $297.172 millones. ¡Apenas el 12% del monto asignado!

El proyecto de andenes y ciclorrutas es sin duda importante, pero dicho proyecto ya tiene una asignación presupuestal de $389.446 millones para el 2019, un 263,8% más de lo que tuvo este año. En cambio, como ha explicado el rector de la Universidad, las necesidades de recursos de la Distrital son perentorias, sobre todo para asegurar su proceso de re acreditación.

La Universidad Distrital está mostrando resultados importantes. El ministerio de educación, a través de la resolución 23096 del 15 de diciembre de 2016, otorgó la acreditación de alta calidad por cuatro años a la Universidad. ¿Por qué le cuesta tanto a esta administración darle un peso más a una universidad con estos logros?

 

A la jornada única, crucial para mejorar la calidad de la educación, le quitan el 19,2% de su presupuesto

La secretaría de educación tiene un proyecto de inversión (el 1056, “mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar”) dedicado a ampliar los cupos de jornada única y de jornada extendida. Este año, se destinaron $34.961 millones al proyecto. Pero el año entrante, ese proyecto de inversión – crucial para cerrar las brechas entre colegios públicos y privados – va a recibir menos recursos: va a pasar a tener $28.264, es decir, un 19,2% menos de presupuesto.

Además, los recursos del proyecto no se destinan en su totalidad a la ampliación de los cupos de jornada única. Sólo el 53,1% de ellos (es decir, $18.832 millones) están orientados a dicha meta. El 46,9% restante (16.129 millones) van para jornada extendida.

¿En qué va esa meta?

Esta administración se comprometió, en el plan de desarrollo, a llegar a 249.000 estudiantes en jornada única. Cumplir esa meta representaría tener al 32% de los estudiantes del distrito (que hoy son 780.000) todo el día en el colegio. Este año, se destinaron $34.961 millones al proyecto. A finales de septiembre, la secretaría había ejecutado efectivamente el 63,4% de estos recursos ($22.165 millones en giros). Específicamente en la ampliación de la jornada única, la secretaría ha programado invertir $39.682 millones entre 2016 y 2018. Según el reporte de segplan (que no muestra giros), se han ejecutado $38.035 de estos recursos (el 95,8%).

Con esta inversión, la secretaría creó 14.645 cupos nuevos para jornada única entre 2016 y 2017; ha abierto otros 19.693 cupos entre 2017 y 2018. De esa manera, esta administración ha creado 34.284 cupos nuevos en jornada única. En total, en la ciudad hay 102.274 estudiantes que van al colegio en jornada única. De esa manera, luego de tres años de gobierno, la administración va en el 41,1% de la meta.

¿Por qué es tan importante la jornada única?

La diferencia entre la jornada única y la jornada extendida como mecanismos para aumentar el tiempo de permanencia en el colegio es importante: mientras la jornada única busca extender las actividades curriculares de los estudiantes a 8 horas diarias (de la misma manera que funcionan los colegios privados), la jornada extendida es prácticamente la misma jornada partida, con unos estudiantes en la mañana y otros en la tarde, que tienen unas horas complementarias en las que llevan a cabo actividades extracurriculares. La jornada única es el principal mecanismo para mejorar efectivamente la calidad de la educación en el distrito.

 

De 30 colegios nuevos en lote nuevo definidos en el plan de desarrollo, apenas hay 8 en obra

De los 30 colegios nuevos que prometió el alcalde, no se ha entregado ninguno. Esta administración sólo tiene ocho en obra y este año apenas entregaría dos. Este es el balance de construcción de nueva infraestructura educativa al terminar el tercer año de gobierno:

La administración ha entregado dos colegios, la Felicidad (en Fontibón) y el Jorge Mario Bergoglio (en Suba). Ambos fueron contratados en 2015, durante la administración pasada.

  • Hay ocho colegios en construcción. De esos ocho, dos deberían ser entregados este año: el Porvenir II y el Volcán de la Pradera (ambos en Bosa). Las fechas estimadas de entrega estaban para el 27 de octubre y para el 24 de noviembre, respectivamente, según la última visita a campo que hice con mi equipo el 13 de julio. Ninguno de estos dos colegios, uno de los cuales ya terminó obra, ha sido entregado.
  • Los demás colegios, que deberían ser entregados durante el próximo año, tienen avances que, de acuerdo al segplan, oscilan entre el 0% (en el caso de Ciudad de Techo, que sigue suspendido) y el 75% de las obras (en el caso de Madelena).
  • Ocho colegios más están en diseños, y hay once lotes en proceso de gestión predial.

 

De 13 jardines infantiles definidos en el plan de desarrollo, apenas 1 ha sido entregado

Esta administración solo ha entregado un jardín: el Travesuras de Colores (Rafael Uribe). La obra fue iniciada el 31 de mayo de 2016.

¿En qué van los otros 12 jardines restantes para cumplir la meta?

  • Dos jardines, el Nogal (Barrios Unidos) y el Principito (Fontibón) están en obra.
  • Otros 10 tienen contratos vigentes para los estudios, diseños y obtención de licencia de construcción, según el reporte de segplan.
  • De esos 10, 7 han recibido la licencia para construir: San José de Maryland (Bosa), Fortaleza (Usme), Bolonia (Usme), las Acacias (Rafael Uribe), Altos del Virrey (San Cristóbal), José A Santamaría (Tunjuelito) y Recreo (Bosa). Los dos últimos se incorporaron al reporte de cumplimiento de meta después del 30 de septiembre. La secretaría ya adjudicó las licitaciones de obra para dos jardines con licencia: los de San José de Maryland y Fortaleza.

Los otros 3 proyectos se encuentran radicados en las curadurías urbanas: el Campo Verde (Bosa) ya obtuvo licencia; el Berta Russi (Santafé) y el Santa Teresita (San Cristóbal) siguen en trámite.

La administración se trazó una meta muy modesta en un tema crucial para reducir la inequidad en la ciudad

Esta administración se trazó una meta muy modesta para la atención de la primera infancia, como lo he repetido en varias ocasiones: 13 jardines nuevos. Ampliar la oferta de jardines infantiles es una acción concreta para reducir la inequidad. Según el Dane, en su encuesta multipropósito de 2014, de los 571.000 niños entre los 0 y los 5 años que viven en Bogotá, únicamente el 43% asiste a un jardín u hogar comunitario, es decir 251.000 niños. De los 321.000 niños restantes que no reciben atención institucional, el 62% vive en hogares de estrato 1 y 2. Esto corresponde a 201.000 niños. Por un lado, los jardines son espacios de formación temprana de habilidades. Y, por otro, permiten que las personas a cargo de las niñas y niños, generalmente las madres, se puedan dedicar con mayor autonomía a sus actividades productivas.

 

La infraestructura en salud sigue empantanada y en maromas presupuestales

Los dos principales proyectos de infraestructura en salud de esta administración nada que arrancan: para el hospital de Usme hay un registro en secop del 4 de diciembre, de un convenio hecho entre el fondo financiero de salud y la subred de salud del sur para construir dicho hospital. Con esta maroma presupuestal, la administración va a justificar la ejecución de las vigencias futuras aprobadas para este proyecto, por $232.328 millones. Pero esto no significa que la obra se esté llevando a cabo.

¿Algo similar ocurrirá para la reposición del hospital Santa Clara? En el secop aún no hay ningún avance de este hospital, al que se le aprobaron vigencias futuras de $431.668 millones.

Balance de ejecución

Recordemos que el proyecto de inversión 1191 del fondo financiero de salud, “actualización y modernización de la infraestructura en salud”, tuvo recursos este año de $ 357.270 millones y, con corte a 31 de octubre, la secretaría había ejecutado escasamente el 0,33% ($1.186 millones). Sólo han terminado una de 33 obras propuestas, una adecuación de las urgencias del hospital de Suba.

 

Sin una política dirigida específicamente a las víctimas, la administración da palos de ciego y no cumple con sus obligaciones

Las víctimas que están siendo atendidas en el distrito reciben la atención disponible para la población vulnerable que vive en la ciudad. Los programas que están orientados directamente a las víctimas – 349.216 personas, según el registro único de víctimas – no reconocen las características especiales que requiere la restitución de sus derechos. Veamos los principales sectores involucrados en su atención.

La mayoría de las víctimas tienen apenas tres grados de escolaridad, pero no hay programas diseñados para responder a las necesidades particulares de esa población.

Según el registro único de víctimas, la mitad de las víctimas no terminó el bachillerato y la mayoría tiene tan solo tres grados de escolaridad, cuando el promedio en Bogotá es de nueve. ¿Cómo se está atendiendo este problema? Según datos de la secretaría de educación, en la ciudad hay 66.935 estudiantes víctimas del conflicto que asisten a colegios oficiales. Estos estudiantes representan el 8,58% de la matrícula oficial del distrito, que es de 780.052 estudiantes.

La secretaría dice que atiende a los estudiantes víctimas con los recursos asignados para ocho proyectos de inversión. Cada uno de estos proyectos, según el anexo 4 del proyecto de presupuesto, “va dirigido a todas las poblaciones, según demanda”. Eso significa que no hay una orientación específica a las víctimas del conflicto, sino apoyo educativo a todos los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Sólo en dos casos encontramos un énfasis en la atención a víctimas: una estrategia de alfabetización para adultos que incluyó tres grupos de estudio de comunidades indígenas, en el que atendieron a 34 personas (11 Wounaan, 15 Emberá y 8 Misak). El otro es un “fondo para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado”, que en todo el año benefició a 154 estudiantes víctimas.

Ahora, ¿cuántas víctimas tienen salud?

En el 2018, el presupuesto que tuvo la secretaría de salud para atender víctimas del conflicto fue de $145.413 millones. Esos recursos se destinaron fundamentalmente a dos cosas.

Primero, $140.614 millones, el 96,7% de la asignación, se destinaron para el aseguramiento de las víctimas al régimen subsidiado de salud. Con esos recursos se afiliaron a 142.296 víctimas al régimen subsidiado de salud y fueron atendidas otras 2.665 víctimas que no estaban aseguradas. Se garantizó, así, el acceso básico a salud al 41,5% de las víctimas que vive en Bogotá (144.961 de 349.216). ¿Qué pasa con las otras 204.255 víctimas que no están afiliadas al régimen subsidiado ni obtienen atención de la red pública de salud?

Segundo, $4.362 millones, apenas el 3% del monto total fue asignado a la rehabilitación psicosocial. Con esos escasos recursos destinados a la atención psicosocial, la secretaría de salud reporta haber atendido a 2.151 personas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2018. Esto representa apenas el 0,6% de las víctimas que viven en Bogotá, y el 1,5% de las víctimas afiliadas al régimen subsidiado de salud.

Atraso económico para las víctimas

La personería distrital, que ha seguido de cerca el cumplimiento de las obligaciones con las víctimas, publicó el “informe de seguimiento a los componentes de asistencia, atención y reparación integral de la política pública de víctimas en la ciudad de Bogotá D.C., 2012-2018”. Según la personería, la población económicamente activa de víctimas en la ciudad es de 243.000 personas. Entre 2012 y 2018, apenas se han caracterizado 17.614 de ellas (el 7,2%). Además, la secretaría de desarrollo económico ha invertido, entre 2016 y 2018, $3.475 millones en un fondo de emprendimiento que ha resultado en apenas 141 empleos generados. La conclusión de la personería es que este programa es inocuo. Veamos qué ha hecho esta entidad para crear oportunidades económicas para las víctimas.

La secretaría de desarrollo económico destinó en 2018 $1.131 millones para procesos de capacitación, emprendimiento y formalización laboral que incluyeron población víctima del conflicto. Los logros son absolutamente marginales:

  • Como parte de la capacitación a tenderos y la organización de mercados campesinos, capacitaron en temas empresariales a 182 víctimas.
  • Su programa de emprendimiento atendió a 16 víctimas.
  • En un evento de microempresas de la alta consejería para las víctimas, la secretaría caracterizó a 14 unidades productivas.
  • Han hecho tres convocatorias de empleo dirigidas específicamente a víctimas el 15 de marzo, el 17 de mayo y el 14 de junio. Allí atendieron a 837 personas, y 489 de ellas fueron remitidas a otros empleadores. Se vincularon laboralmente apenas 77.

Por su parte, el Ipes atendió víctimas como parte de su programa de alternativas para vendedores informales. Esta entidad les dio empleo formal a 32 víctimas. 24 de ellas fueron empleadas en ferias institucionales o de temporada, es decir, en unas labores de carácter ocasional.

En vivienda, la administración Peñalosa abandonó a las víctimas

El informe de balance de la política pública para las víctimas del conflicto armado en Bogotá, hecho por la personería distrital, reporta un total de 87.669 hogares víctimas en la ciudad, de los cuales 75.441 todavía necesitan vivienda. Frente a semejante desafío, los avances de la secretaría de hábitat son abismales pues, como demostré desde el debate de presupuesto del año pasado, la administración se concentró en acompañar a las víctimas a hacer trámites, no a garantizarles su vivienda:

  • Vincularon escasamente a 135 hogares víctimas en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, a tres proyectos de vivienda en la localidad de Bosa.
  • Hasta el 30 de septiembre se habían inscrito 2.101 hogares en el sistema de Información del programa integral de vivienda efectiva (PIVE). El acompañamiento, como demostré en el debate de presupuesto del año pasado, sólo se proporciona hasta la presentación a los programas y no garantiza en absoluto que se consiga una solución de vivienda definitiva.
  • Realizaron cinco encuentros con la mesa distrital de víctimas para elaborar un documento de recomendaciones para la atención a las víctimas en temas de vivienda. A poco más de un año para terminar el cuatrienio del gobierno del alcalde Peñalosa y a tres años de que pierda su vigencia la ley de víctimas, ni siquiera se han definido las recomendaciones para atender a las víctimas en Bogotá en un tema tan crucial como el acceso a vivienda.

Por su parte, la caja de vivienda popular tiene la meta para este año de asignar 330 subsidios a hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, pero hasta finales de septiembre solo se habían asignado 56, y de esos, solo 3 han beneficiado a familias víctimas.

Esta entidad también definió la meta de “atender el 100% de los hogares que se encuentren en relocalización transitoria” para este año. No hay un reporte de cuántas de las personas o familias beneficiadas son parte de la población víctima residente en la ciudad, por lo que no es posible saber si reciben algún beneficio ni en qué medida lo hacen.

El proyecto de acuerdo en discusión aclara en el anexo 4 que la atención en vivienda a la población víctima del conflicto no es parte de la misionalidad de la entidad y, por tanto, no se asociarán conceptos de gasto para atender víctimas, fuera de los asociados en presupuesto vigente y, se seguirán asignando recursos por demanda para posterior identificación de las víctimas del conflicto armado. En otras palabras, no hay recursos garantizados ni metas específicas para la garantizar el acceso a vivienda a las personas víctimas del conflicto residentes en la ciudad.

La mayoría de víctimas son mujeres

De las 349.216 víctimas residentes en Bogotá e incluidas en el registro único de víctimas, hay 177.970 mujeres, que representan el 50,96% del total. Al revisar cuáles son las afectaciones diferenciales por sexo y hechos victimizantes declarados en Bogotá, hay una gran concentración de mujeres víctimas en los delitos contra la integridad sexual: el 86,2% de tales delitos fueron cometidos contra mujeres (2.645 mujeres).

 

 

La administración continúa por un camino errado para la protección del medio ambiente de la ciudad

En la secretaría de ambiente preocupa el marcado rezago en los proyectos que tienen que ver con la recuperación y la protección de los ecosistemas naturales de la ciudad. Mientras nos enfrentamos a una emergencia ambiental de carácter global, esta administración sigue empeñada en reducir la naturaleza que nos queda en la ciudad. Quiero mostrarles tres ejemplos:

El capricho con el sendero panorámico de los cerros

El sendero panorámico de los cerros quedó integrado al plan de desarrollo como una de las intervenciones más importantes que haría esta administración sobre la estructura ecológica del distrito. La secretaría de ambiente ha afirmado que su proyecto respeta el plan de manejo (que prohíbe obras duras sobre la reserva), pero no se conocen las características físicas del sendero ni su impacto ambiental.

Dos tercios de los recursos de inversión de la secretaría de ambiente, $223.438 millones, estarían dirigidos a la construcción de dicho sendero durante el próximo año, a pesar de que el proyecto aún ni no cuenta con estudios terminados, ni con licencia ambiental.

En la respuesta que remitió la secretaría de ambiente a mis preguntas durante la presentación del presupuesto, confirmó este atraso frente al proyecto: no han radicado el estudio de impacto ambiental frente a la ANLA, que están haciendo desde diciembre de 2017. Esta entidad luego tendría hasta seis meses para su evaluación.

No hay acciones de fondo para recuperar a los humedales de Bogotá

Como expliqué en el debate que realicé sobre la importancia de los humedales en época de emergencia ambiental, el 13 de agosto de este año, el plan de intervención para recuperar los humedales bogotanos está rezagado en su ejecución. De $1.220 millones disponibles para este año, la secretaría de ambiente sólo ha ejecutado $100 millones. Esto representa una ejecución del 8,18% a 30 de septiembre, según el reporte de segplan.

Además, las acciones que ha llevado a cabo la secretaría con dicho plan no van al fondo del problema que detectamos en el debate, de modo que ocho de los quince humedales de la ciudad siguen siendo tierra de nadie. La secretaría hace un trabajo de señalización, limpieza de escombros y de las rondas hídricas, retiro de cambuches y de consumidores de droga. Estas son acciones necesarias, pero no conducen a que los vecinos se apropien y cuiden del humedal – un elemento que, como demostré en el debate, es fundamental para su supervivencia.

Estas acciones tampoco revierten la pronunciada pérdida de áreas de humedal que ha vivido la ciudad durante las últimas décadas. Recordemos que Bogotá pasó de tener 1.101 hectáreas de cuerpos de agua en 1950, a 72,86 hectáreas en 2017, una pérdida del 93,4% del total de cuerpos de agua de humedal que tenía a mediados de siglo pasado.

No se está midiendo bien la contaminación del aire

La secretaría de ambiente aún no asume con seriedad el problema del diésel y su impacto sobre la salud. El proyecto de inversión 979, “control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital”, incluye el monitoreo de fuentes fijas y móviles de contaminación del aire, donde se encuentra el control a los vehículos que funcionan con diésel. La secretaría se puso como meta revisar las emisiones de 31.000 vehículos, con prioridad a los que funcionan a diésel, en el 2018; a septiembre 30, habían revisado 16.783 (54,14%). Sin embargo, no hay en estas metas una dedicación presupuestal exclusiva para la vigilancia y el control de los vehículos diésel en Bogotá.

¿Qué va a hacer la administración para mitigar el impacto nocivo del diésel en la salud de los bogotanos? Luego de que el decreto 335 de 2017 derogó las disposiciones regulatorias del plan decenal de descontaminación del aire (eliminó las medidas contenidas en el plan para la instalación de filtros reguladores de la emisión de material particulado), no ha aparecido un camino para reducir las emisiones de fuentes móviles. Además, el estudio de la universidad de los Andes publicado en marzo de 2017, llamado “exposure to fine black particulate, black carbon, and particle number concentration in transportation microenvironments”, encontró concentraciones de material particulado mayores a los que reportan las estaciones de monitoreo de calidad del aire. ¿Qué está pasando con esas estaciones? ¿Cuál es su estado operativo? Le pregunté al secretario de ambiente en la presentación del presupuesto y aún no me ha contestado.

Es fundamental contar con mediciones y estudios precisos sobre la calidad del aire que respiramos, sobre todo si la ciudad va a seguir moviéndose con un sistema de transporte masivo que depende del diésel.

 

Los recursos para grandes obras culturales siguen sin ser ejecutados

Al sector cultura se le han asignado recursos cuantiosos para hacer intervenciones de fondo en la infraestructura cultural y deportiva de la ciudad. Sin embargo, el presupuesto para estas grandes obras sigue sin ser ejecutado. Veamos dos ejemplos.

El IDRD esconde con canchas sintéticas la baja ejecución en los parques

Esta entidad concentra más de la mitad de los recursos del sector cultura (el 56,1%). ¿A dónde se dirige el grueso de los recursos? Durante el 2018, de los $647.344 millones que tuvo la entidad para invertir, $542.321 (el 81,3%) estaban dedicados a dos proyectos para construir y mantener parques (los proyectos de inversión 1082 y 1145). Los giros acumulados de estos dos proyectos alcanzan apenas el 5,11% de los recursos, $27.762 millones.

No obstante, la administración ha publicitado la entrega de 33 nuevas canchas sintéticas como un logro en la ejecución de los recursos. Sin embargo, los recursos invertidos para construir y mantener estas canchas representan apenas el 6,5% de todo el presupuesto de inversión del IDRD.

Mentiras sobre la filarmónica

Recordemos que, en la discusión del presupuesto del año pasado, la directora de la orquesta, Sandra Meluk, dijo que este proyecto iba a quedar en cabeza de la secretaría de cultura:

Afirmó también que en diciembre de 2017 se iban a firmar unos convenios entre la orquesta, la secretaría y la ERU para construir la sede en el barrio Fenicia. Efectivamente, el 17 de diciembre de 2017 firmaron un convenio la secretaría, la ERU y la Alianza Fiduciaria, para adelantar la gestión predial del proyecto. Pero luego se demoraron casi un año en modificar el decreto del plan de renovación urbana del barrio Fenicia para incluir el proyecto del edificio de la orquesta (se hizo el 22 de noviembre de este año).

Además, no es clara la destinación de recursos para este proyecto. Al revisar la programación de inversión en segplan de las dos entidades involucradas (la secretaría de cultura y la ERU) hay dos proyectos que incluyen recursos para infraestructura cultural y renovación urbana: el proyecto 992 de la secretaría de cultura, “patrimonio e infraestructura cultural fortalecida”, y el proyecto 84 de la ERU, “gestión de suelo y desarrollo de proyectos”. En ninguno de ellos aparece un rubro específico para esta obra.

 

La coordinación de las grandes obras de movilidad puede resultar en un infarto para la ciudad

El contrato para dirigir toda la obra del metro, por $91.000 millones, fue entregado a un único proponente que va a supervisar todos los frentes de obra del minimetro que quiere construir el alcalde. El consorcio ganador, PMO Bogotá (conformado por tres empresas, una colombiana, una chilena y una francesa), tendrá la responsabilidad de manejar la construcción de la obra durante siete años. Los antecedentes que tenemos en la contratación de infraestructura pública en el país, como aquellos de los puentes de Chirajara e Hisgaura, demuestran los riesgos que hay cuando la contratación está concentrada en una empresa o un grupo empresarial sin una supervisión adecuada.

Además, el proyecto sigue empantanado. Durante el 2018, según segplan, la empresa metro ejecutó escasamente el 1,18% de los recursos de inversión: $18.364 millones de los $1,55 billones que tenía a su cargo. Para el próximo año, la entidad contará con recursos de $445.000 millones para cumplir con compromisos de inversión que no se giren al cierre de 2018. El reporte de segplan explica que el rezago se dio porque en julio se declaró desierto el proceso para elaborar el estudio de insumos prediales.

Por otra parte, Systra, la empresa francesa que hizo los estudios iniciales del metro de esta administración, recomendó que la troncal de la Séptima debería estar lista para cuando comenzara a construirse la Caracas, con el objetivo de que allí se atendiera la demanda de transporte mientras se construye el metro por la Caracas. Pero los tiempos de las dos obras se están sobreponiendo. Dicha troncal, por lo tanto, no estaría en capacidad de absorber los pasajeros de la Caracas, y la ciudad quedaría infartada en su eje principal de movilidad.

Otro posible infarto está en la adecuación de las estaciones de transmilenio. Como resultado de la licitación que esta empresa adjudicó el pasado 2 de noviembre, van a entrar a funcionar 681 buses biarticulados. Las obras para adaptar 46 estaciones que no tienen parada para biarticulados debían estar listas para enero de 2020, según los prepliegos de la licitación. Sin embargo, los pliegos definitivos ampliaron el plazo para ejecutar las obras hasta junio de ese año. Luego, en las respuestas del IDU a mis preguntas durante la presentación del presupuesto, la entidad afirmó que las obras se realizarán en tres grupos:

  • Un grupo de 15 estaciones, cuya etapa de construcción finalizaría entre el 4 de diciembre de 2019 y el 17 de marzo de 2020.
  • Un segundo grupo de 9 estaciones con contrato de construcción hasta el 30 de marzo de 2020.
  • Otro grupo de 22 estaciones que tendrían contrato de construcción hasta el 31 de julio de 2020.

En contraste con este cronograma, el anexo H de la licitación detalla las fechas de entrada en operación de la flota de cada una de las troncales. En cuatro troncales (Américas, Calle 80, Norte y Usme) la flota nueva empezaría a operar entre junio y noviembre de 2019. En las otras dos (Suba y Tunal) la flota empezaría a entrar entre marzo y mayo de 2020. En prácticamente todos los casos, los nuevos biarticulados estarían operando con las estaciones aún en obra.

Fuente: Anexo H de la licitación pública 01 de 2018 de transmilenio.

 

La administración ha gastado $69.408 millones en campañas de cultura ciudadana que no han servido para nada

La administración distrital ha seguido empeñada en hacer unas campañas de cultura ciudadana que no han tenido eco en los bogotanos. Entre 2016 y 2018, 12 entidades han dedicado recursos a temas de cultura ciudadana a través de 13 proyectos de inversión. Específicamente, estos 13 proyectos tienen 18 metas que hablan de campañas de cultura ciudadana, en las que se han presupuestado $88.897 millones y, según segplan, se han ejecutado $69.408 millones. Se han destinado cuantiosos recursos a una tarea cuyos resultados, en el mejor de los casos, no son visibles.

 

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Aquí puede encontrar el documento de balance sobre el presupuesto distrital que preparé junto con mi equipo.


El análisis del presupuesto distrital fue llevado a cabo, bajo mi conducción, por Juan Sebastián Moreno y Natalia Rubiano. Ana Milena Prada y Cristian Rodríguez trabajaron en el componente visual y de comunicaciones de mi intervención en la comisión de hacienda, el 30 de noviembre de 2018.

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