Peñalosa no reacciona ante la realidad de la inseguridad en Bogotá

Las promesas de campaña del alcalde Peñalosa de mejorar la seguridad en Bogotá se quedaron en el aire. Aunque la información de la propia administración demuestra el deterioro de la seguridad ciudadana, y los bogotanos cada vez sienten más el flagelo de los hurtos, la secretaría de seguridad no ha reaccionado de manera oportuna frente a esta situación.

 

La secretaría de seguridad ha fallado en disminuir la percepción de inseguridad…

Una de las principales metas que asumió la secretaría de seguridad tras su creación fue “poner en marcha una estrategia para mejorar la seguridad en la que se vinculen los frentes locales de seguridad, las juntas administradoras locales y los consejos locales de seguridad”.

Para 2018, esta estrategia debería tener un 55% de cumplimiento. Según segplan (la herramienta de seguimiento al plan de desarrollo, de la secretaría de planeación), con corte a 31 de diciembre del año pasado, alcanzó el 51,8% de avance. Para dicha estrategia, la secretaría ha programado la inversión de $1.932 millones entre 2016 y 2018. De estos recursos, ha ejecutado efectivamente $1.926 millones (el 99,7%). Sin embargo, estos esfuerzos no han sido eficaces a la hora de mejorar la percepción ciudadana sobre la inseguridad.

La percepción de los ciudadanos sobre la seguridad de su entorno ha seguido empeorando. Según la más reciente encuesta de percepción ciudadana, publicada por Bogotá cómo vamos el 13 de noviembre de 2018, durante el año pasado la percepción de inseguridad alcanzó el punto más alto de todos los tres años de esta administración. Así se muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: Bogotá cómo vamos, encuesta de percepción ciudadana 2018, p. 35.

Esta alcaldía recibió la ciudad con una percepción de inseguridad del 45% y durante el año pasado alcanzó el 57%. De la misma manera, el porcentaje de bogotanos que se siente seguro se redujo por primera vez desde 2016: pasó de 19% a 15%.

La percepción de inseguridad, como muestra la siguiente gráfica, no tiene mayores diferencias según el nivel socioeconómico de los encuestados. Pero sí hay una distinción de género importante: las mujeres se sienten más inseguras que los hombres en la ciudad. Las mujeres que dicen sentirse inseguras pasaron de 56% en 2017 a 61% en 2018. En los hombres no hay mucha variación: 52% se sentía inseguro en 2017 y 53% expresó lo mismo en 2018.


Fuente: Bogotá cómo vamos, encuesta de percepción ciudadana 2018, p. 36.

De esa manera, la secretaría de seguridad no ha sido efectiva a la hora de lograr que los bogotanos se sientan más seguros. Como veremos, este no sólo es un problema de percepción. La realidad es que los hurtos, los delitos que más afectan a los bogotanos, se han salido de control.

 

…porque los hurtos en Bogotá se dispararon y están salidos de madre

¿Qué tiene para mostrar, entonces, la secretaría de seguridad en materia de prevención del delito? Dos elementos: primero, según el reporte de segplan, sus esfuerzos se han concentrado en una estrategia de cultura ciudadana – un aspecto que se quedó sin aliento en Bogotá. Para esa estrategia, entre 2016 y 2018 la secretaría ejecutó $8.705 millones (el 87,1% de sus recursos disponibles, que ascendieron a $9.990 millones).

Segundo, una estrategia de control del delito que se enfoca en el fortalecimiento de la investigación judicial y criminal. Para esta estrategia se asignaron $15.667 millones este año, de los que la secretaría ejecutó $15.348 millones (el 97,9% del total).

¿Qué resultados han producido estas estrategias? Como adelanté, el sentimiento generalizado de inseguridad de los bogotanos no sólo es un tema de percepción. Como lo venimos demostrando desde diciembre del año pasado, están disparados unos delitos que afectan la vida cotidiana de las personas y que se traducen en pérdidas importantes para los bogotanos: el robo a personas, de bicicletas y de celulares. Como he demostrado previamente, la magnitud de estos delitos cada vez es más grave según los boletines publicados por la propia secretaría.

Veamos los datos más recientes del “boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia”, publicado por la secretaría para el mes de diciembre del año pasado. Al comparar los delitos registrados durante el 2017 con el 2018, a través de los mapas que pueden ver a continuación, encontramos lo siguiente:

Hurto a personas: pasamos de 76.904 casos en 2017 a 103.792 casos en 2018

Hurto de bicicletas: pasamos de 4.627 casos en 2017 a 7.675 casos en 2018. Esto significa que en Bogotá se están robando casi 22 bicicletas diarias, cuando en marzo de 2016 apenas se robaban 3 cada día

Hurto de celulares: pasamos de 44.724 casos en 2017 a 65.066 casos en 2018

 

La infraestructura para la seguridad se quedó rezagada: ejecutan la plata pero no construyen

La secretaría de seguridad tiene a su cargo un fondo que incluye recursos para la construcción de infraestructura tanto para temas de seguridad como de justicia. Los recursos que ha invertido a través de este fondo muestran que hasta ahora – en el último año de gobierno – se van a iniciar unas obras que la administración prometió desde su llegada.

La secretaría ha planeado orientar los recursos del fondo, que en 2018 ascendieron a $413.200 millones, a través de dos grandes proyectos de inversión. El primero es un proyecto de inversión para el “fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito”. Este proyecto, que representa el 59,7% de todo el presupuesto de la secretaría, está enfocado en la construcción de equipamientos para la policía, así como en la capacitación de nuevos efectivos para la ciudad.

La ejecución de este proyecto de inversión, que tuvo recursos por $337.167 millones, es del 61,75% (es decir, unos giros efectivos de $208.211 millones. Sus metas para 2018 fueron:

1. Construir y/o reponer 6 CAI. Han entregado tres reposiciones en los CAI de Britalia, Perdomo y Usme. A finales del año pasado, la secretaría firmó un contrato por $1.120 millones para construir otros tres en Guacamayas, Santa Marta y Granjas. Esta meta contaba con $1.336 millones disponibles. Eso quiere decir que, descontando el contrato firmado a fin de año, la secretaría ejecutó apenas $216 millones, el 16,1% de los recursos disponibles.

2. Capacitar 2.000 policías en temáticas de convivencia y seguridad. La meta en segplan aparecía suspendida hasta septiembre del año pasado. En el informe con corte a diciembre, la secretaría reportó haber formado a 1.153 policías. Esto sin haber invertido recursos, pues en 2016 se ejecutó la totalidad del presupuesto de la meta para el cuatrienio ($4.420 millones).

3. Construir, adecuar, reforzar y/o ampliar 3 equipamientos de seguridad, defensa y justicia. Esta meta incluye el proyecto para construir el nuevo edificio para la policía metropolitana. En 2018 se presupuestó ejecutar $89.321 millones para esta obra. A septiembre, en el reporte de segplan sólo aparecían ejecutados $2 millones (el 0,002%). Para ese momento, los estudios de la obra – a cargo de la Universidad Nacional – aún no habían sido terminados.

Dichos estudios fueron entregados en el último trimestre del año. El 14 de noviembre la secretaría de seguridad obtuvo la licencia de construcción para el proyecto y en diciembre adjudicó la construcción y la interventoría de la obra:

  • La construcción se adjudicó por medio del contrato No. 1132 de 2018, del 12 de diciembre, con el consorcio de Seguridad urbana distrito capital, por un valor de $125.680 millones.
  • La interventoría se adjudicó un día antes, el 11 de diciembre, a través del contrato No. 1129 de 2018, firmado con el consorcio Connecta, por valor de $6.422 millones.

No hay más reportes de avance por parte de la secretaría, que en el último año de gobierno empezará la obra de un proyecto al que la administración se comprometió desde el 2016.

El segundo proyecto de inversión que concentra los recursos de la secretaría de seguridad es el que tiene como propósito construir “nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá”. Este proyecto de inversión tuvo recursos totales de $72.484 millones y una ejecución en giros de $66.924 millones, el 92,33%.

¿En qué se invirtieron estos recursos? Las siguientes son las principales metas:

1. Diseñar e implementar un centro integral de justicia. Su construcción estaba programada en su totalidad para este año, con una asignación presupuestal de $42.257 millones. Aunque la secretaría reportó haber ejecutado $41.791 millones, el 98,9% de los recursos asignados para esta obra, aquí también hay rezagos. La construcción no ha empezado, y apenas el 24 de diciembre del año pasado, la secretaría firmó un convenio con Findeter, por $61.621 millones, para estructurar el proyecto de un centro especializado para la atención de menores en Campo Verde (en la localidad de Bosa). Los retrasos, según segplan, se explican por lo siguiente:

“El cumplimiento de esta meta Plan de Desarrollo, ha estado sujeto a limitantes de orden urbanístico respecto al uso del suelo, lo cual impidió durante las vigencias 2016 y 2017 la consecución de predios aptos para el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, la [secretaría de seguridad] ha adelantado las acciones pertinentes a la gestión predial para la construcción y puesta en marcha de los Centros Integrales de Justicia en la ciudad de Bogotá, con el fin de establecer las zonas de intervención.” (Secretaría de planeación, SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, p. 322)

La secretaría tiene otro proyecto para hacer un centro de justicia en Toberín, en donde emplearían un predio de la Fiscalía en donde antes iba a funcionar una URI (unidad de reacción inmediata). La Fiscalía está actualizando los estudios y diseños del proyecto, con lo que el cronograma radicado ante secretaría de planeación (que no sabemos cuál es) deberá ser actualizado.

2. Diseñar e implementar 2 centros de atención especializada para sanción privativa de la libertad. A estos centros son dirigidos los jóvenes recluidos como parte del sistema de responsabilidad penal adolescente. Las dos instalaciones planeadas por la secretaría deberían haber empezado a funcionar el año pasado, pero el avance según segplan llegó apenas al 32,5%. La ejecución de recursos, sin embargo, ha sido del 99,96% ($21.929 millones ejecutados de $21.937 millones disponibles).

El único reporte de avance que entregó la secretaría tiene que ver con el plan para construir un muro periférico para el centro El Redentor – que ya existe, y que es tristemente famoso por los abusos a los menores allí recluidos – pero no indica nada sobre los proyectos nuevos.

Frente al sistema de responsabilidad penal adolescente, la secretaría de seguridad también se trazó la meta de ampliar en un 15% la atención a los jóvenes que ingresan a dicho sistema con una medida restrictiva de la libertad. Para 2018, esta meta tuvo un cumplimiento del 84,67% y una ejecución del 99,18% de los recursos ($3.781 millones ejecutados de $3.813 millones disponibles).

Según segplan, en términos concretos se están atendiendo 50 jóvenes, recluidos en un centro de atención especializada en Bosconia. El reporte indica lo siguiente:

“Dados los eventos de seguridad que se han presentado en otros Centros de Atención Especializada de la ciudad, el ICBF se vio en la necesidad de remitir algunos jóvenes sancionados que venían con amenaza en su integridad física, lo que ha dificultado de cierta manera el desarrollo y la dinámica al interior del centro, como quiera que estos jóvenes con mayor dificultad de adhesión al programa de atención en el centro, por cuanto no cumplen el perfil de la población que permanece al interior del mismo.” (Secretaría de planeación, SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, p. 325)

3. Ampliar y mejorar 1 equipamiento carcelario. Esta meta tuvo un presupuesto de $5.500 millones para 2018. Según el reporte de segplan de septiembre del año pasado, no se había ejecutado un solo peso. Para el reporte de diciembre, la meta en su conjunto había desaparecido.

4. Poner a funcionar cinco nuevas casas de justicia. Ya se entregó una en Engativá el 18 de diciembre del 2017 y otra entró en funcionamiento en Barrios Unidos el 18 marzo del año pasado.

Además, la secretaría habilitó otra casa en la calle 45, que está pendiente de una verificación técnica del ministerio de justicia. En total, en Bogotá están funcionando 13 de estas casas en 12 localidades. Pero, según segplan, sólo 9 de estas 13 casas tienen aval del ministerio de justicia. Son las de Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Mártires, San Cristóbal, Suba Pontevedra y Usme.

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