• Peñalosa no reacciona ante la realidad de la inseguridad en Bogotá

    Las promesas de campaña del alcalde Peñalosa de mejorar la seguridad en Bogotá se quedaron en el aire. Aunque la información de la propia administración demuestra el deterioro de la seguridad ciudadana, y los bogotanos cada vez sienten más el flagelo de los hurtos, la secretaría de seguridad no ha reaccionado de manera oportuna frente a esta situación.

     

    La secretaría de seguridad ha fallado en disminuir la percepción de inseguridad…

    Una de las principales metas que asumió la secretaría de seguridad tras su creación fue “poner en marcha una estrategia para mejorar la seguridad en la que se vinculen los frentes locales de seguridad, las juntas administradoras locales y los consejos locales de seguridad”.

    Para 2018, esta estrategia debería tener un 55% de cumplimiento. Según segplan (la herramienta de seguimiento al plan de desarrollo, de la secretaría de planeación), con corte a 31 de diciembre del año pasado, alcanzó el 51,8% de avance. Para dicha estrategia, la secretaría ha programado la inversión de $1.932 millones entre 2016 y 2018. De estos recursos, ha ejecutado efectivamente $1.926 millones (el 99,7%). Sin embargo, estos esfuerzos no han sido eficaces a la hora de mejorar la percepción ciudadana sobre la inseguridad.

    La percepción de los ciudadanos sobre la seguridad de su entorno ha seguido empeorando. Según la más reciente encuesta de percepción ciudadana, publicada por Bogotá cómo vamos el 13 de noviembre de 2018, durante el año pasado la percepción de inseguridad alcanzó el punto más alto de todos los tres años de esta administración. Así se muestra en la siguiente gráfica:

    Fuente: Bogotá cómo vamos, encuesta de percepción ciudadana 2018, p. 35.

    Esta alcaldía recibió la ciudad con una percepción de inseguridad del 45% y durante el año pasado alcanzó el 57%. De la misma manera, el porcentaje de bogotanos que se siente seguro se redujo por primera vez desde 2016: pasó de 19% a 15%.

    La percepción de inseguridad, como muestra la siguiente gráfica, no tiene mayores diferencias según el nivel socioeconómico de los encuestados. Pero sí hay una distinción de género importante: las mujeres se sienten más inseguras que los hombres en la ciudad. Las mujeres que dicen sentirse inseguras pasaron de 56% en 2017 a 61% en 2018. En los hombres no hay mucha variación: 52% se sentía inseguro en 2017 y 53% expresó lo mismo en 2018.


    Fuente: Bogotá cómo vamos, encuesta de percepción ciudadana 2018, p. 36.

    De esa manera, la secretaría de seguridad no ha sido efectiva a la hora de lograr que los bogotanos se sientan más seguros. Como veremos, este no sólo es un problema de percepción. La realidad es que los hurtos, los delitos que más afectan a los bogotanos, se han salido de control.

     

    …porque los hurtos en Bogotá se dispararon y están salidos de madre

    ¿Qué tiene para mostrar, entonces, la secretaría de seguridad en materia de prevención del delito? Dos elementos: primero, según el reporte de segplan, sus esfuerzos se han concentrado en una estrategia de cultura ciudadana – un aspecto que se quedó sin aliento en Bogotá. Para esa estrategia, entre 2016 y 2018 la secretaría ejecutó $8.705 millones (el 87,1% de sus recursos disponibles, que ascendieron a $9.990 millones).

    Segundo, una estrategia de control del delito que se enfoca en el fortalecimiento de la investigación judicial y criminal. Para esta estrategia se asignaron $15.667 millones este año, de los que la secretaría ejecutó $15.348 millones (el 97,9% del total).

    ¿Qué resultados han producido estas estrategias? Como adelanté, el sentimiento generalizado de inseguridad de los bogotanos no sólo es un tema de percepción. Como lo venimos demostrando desde diciembre del año pasado, están disparados unos delitos que afectan la vida cotidiana de las personas y que se traducen en pérdidas importantes para los bogotanos: el robo a personas, de bicicletas y de celulares. Como he demostrado previamente, la magnitud de estos delitos cada vez es más grave según los boletines publicados por la propia secretaría.

    Veamos los datos más recientes del “boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia”, publicado por la secretaría para el mes de diciembre del año pasado. Al comparar los delitos registrados durante el 2017 con el 2018, a través de los mapas que pueden ver a continuación, encontramos lo siguiente:

    Hurto a personas: pasamos de 76.904 casos en 2017 a 103.792 casos en 2018

    Hurto de bicicletas: pasamos de 4.627 casos en 2017 a 7.675 casos en 2018. Esto significa que en Bogotá se están robando casi 22 bicicletas diarias, cuando en marzo de 2016 apenas se robaban 3 cada día

    Hurto de celulares: pasamos de 44.724 casos en 2017 a 65.066 casos en 2018

     

    La infraestructura para la seguridad se quedó rezagada: ejecutan la plata pero no construyen

    La secretaría de seguridad tiene a su cargo un fondo que incluye recursos para la construcción de infraestructura tanto para temas de seguridad como de justicia. Los recursos que ha invertido a través de este fondo muestran que hasta ahora – en el último año de gobierno – se van a iniciar unas obras que la administración prometió desde su llegada.

    La secretaría ha planeado orientar los recursos del fondo, que en 2018 ascendieron a $413.200 millones, a través de dos grandes proyectos de inversión. El primero es un proyecto de inversión para el “fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito”. Este proyecto, que representa el 59,7% de todo el presupuesto de la secretaría, está enfocado en la construcción de equipamientos para la policía, así como en la capacitación de nuevos efectivos para la ciudad.

    La ejecución de este proyecto de inversión, que tuvo recursos por $337.167 millones, es del 61,75% (es decir, unos giros efectivos de $208.211 millones. Sus metas para 2018 fueron:

    1. Construir y/o reponer 6 CAI. Han entregado tres reposiciones en los CAI de Britalia, Perdomo y Usme. A finales del año pasado, la secretaría firmó un contrato por $1.120 millones para construir otros tres en Guacamayas, Santa Marta y Granjas. Esta meta contaba con $1.336 millones disponibles. Eso quiere decir que, descontando el contrato firmado a fin de año, la secretaría ejecutó apenas $216 millones, el 16,1% de los recursos disponibles.

    2. Capacitar 2.000 policías en temáticas de convivencia y seguridad. La meta en segplan aparecía suspendida hasta septiembre del año pasado. En el informe con corte a diciembre, la secretaría reportó haber formado a 1.153 policías. Esto sin haber invertido recursos, pues en 2016 se ejecutó la totalidad del presupuesto de la meta para el cuatrienio ($4.420 millones).

    3. Construir, adecuar, reforzar y/o ampliar 3 equipamientos de seguridad, defensa y justicia. Esta meta incluye el proyecto para construir el nuevo edificio para la policía metropolitana. En 2018 se presupuestó ejecutar $89.321 millones para esta obra. A septiembre, en el reporte de segplan sólo aparecían ejecutados $2 millones (el 0,002%). Para ese momento, los estudios de la obra – a cargo de la Universidad Nacional – aún no habían sido terminados.

    Dichos estudios fueron entregados en el último trimestre del año. El 14 de noviembre la secretaría de seguridad obtuvo la licencia de construcción para el proyecto y en diciembre adjudicó la construcción y la interventoría de la obra:

    • La construcción se adjudicó por medio del contrato No. 1132 de 2018, del 12 de diciembre, con el consorcio de Seguridad urbana distrito capital, por un valor de $125.680 millones.
    • La interventoría se adjudicó un día antes, el 11 de diciembre, a través del contrato No. 1129 de 2018, firmado con el consorcio Connecta, por valor de $6.422 millones.

    No hay más reportes de avance por parte de la secretaría, que en el último año de gobierno empezará la obra de un proyecto al que la administración se comprometió desde el 2016.

    El segundo proyecto de inversión que concentra los recursos de la secretaría de seguridad es el que tiene como propósito construir “nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá”. Este proyecto de inversión tuvo recursos totales de $72.484 millones y una ejecución en giros de $66.924 millones, el 92,33%.

    ¿En qué se invirtieron estos recursos? Las siguientes son las principales metas:

    1. Diseñar e implementar un centro integral de justicia. Su construcción estaba programada en su totalidad para este año, con una asignación presupuestal de $42.257 millones. Aunque la secretaría reportó haber ejecutado $41.791 millones, el 98,9% de los recursos asignados para esta obra, aquí también hay rezagos. La construcción no ha empezado, y apenas el 24 de diciembre del año pasado, la secretaría firmó un convenio con Findeter, por $61.621 millones, para estructurar el proyecto de un centro especializado para la atención de menores en Campo Verde (en la localidad de Bosa). Los retrasos, según segplan, se explican por lo siguiente:

    “El cumplimiento de esta meta Plan de Desarrollo, ha estado sujeto a limitantes de orden urbanístico respecto al uso del suelo, lo cual impidió durante las vigencias 2016 y 2017 la consecución de predios aptos para el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, la [secretaría de seguridad] ha adelantado las acciones pertinentes a la gestión predial para la construcción y puesta en marcha de los Centros Integrales de Justicia en la ciudad de Bogotá, con el fin de establecer las zonas de intervención.” (Secretaría de planeación, SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, p. 322)

    La secretaría tiene otro proyecto para hacer un centro de justicia en Toberín, en donde emplearían un predio de la Fiscalía en donde antes iba a funcionar una URI (unidad de reacción inmediata). La Fiscalía está actualizando los estudios y diseños del proyecto, con lo que el cronograma radicado ante secretaría de planeación (que no sabemos cuál es) deberá ser actualizado.

    2. Diseñar e implementar 2 centros de atención especializada para sanción privativa de la libertad. A estos centros son dirigidos los jóvenes recluidos como parte del sistema de responsabilidad penal adolescente. Las dos instalaciones planeadas por la secretaría deberían haber empezado a funcionar el año pasado, pero el avance según segplan llegó apenas al 32,5%. La ejecución de recursos, sin embargo, ha sido del 99,96% ($21.929 millones ejecutados de $21.937 millones disponibles).

    El único reporte de avance que entregó la secretaría tiene que ver con el plan para construir un muro periférico para el centro El Redentor – que ya existe, y que es tristemente famoso por los abusos a los menores allí recluidos – pero no indica nada sobre los proyectos nuevos.

    Frente al sistema de responsabilidad penal adolescente, la secretaría de seguridad también se trazó la meta de ampliar en un 15% la atención a los jóvenes que ingresan a dicho sistema con una medida restrictiva de la libertad. Para 2018, esta meta tuvo un cumplimiento del 84,67% y una ejecución del 99,18% de los recursos ($3.781 millones ejecutados de $3.813 millones disponibles).

    Según segplan, en términos concretos se están atendiendo 50 jóvenes, recluidos en un centro de atención especializada en Bosconia. El reporte indica lo siguiente:

    “Dados los eventos de seguridad que se han presentado en otros Centros de Atención Especializada de la ciudad, el ICBF se vio en la necesidad de remitir algunos jóvenes sancionados que venían con amenaza en su integridad física, lo que ha dificultado de cierta manera el desarrollo y la dinámica al interior del centro, como quiera que estos jóvenes con mayor dificultad de adhesión al programa de atención en el centro, por cuanto no cumplen el perfil de la población que permanece al interior del mismo.” (Secretaría de planeación, SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2018, p. 325)

    3. Ampliar y mejorar 1 equipamiento carcelario. Esta meta tuvo un presupuesto de $5.500 millones para 2018. Según el reporte de segplan de septiembre del año pasado, no se había ejecutado un solo peso. Para el reporte de diciembre, la meta en su conjunto había desaparecido.

    4. Poner a funcionar cinco nuevas casas de justicia. Ya se entregó una en Engativá el 18 de diciembre del 2017 y otra entró en funcionamiento en Barrios Unidos el 18 marzo del año pasado.

    Además, la secretaría habilitó otra casa en la calle 45, que está pendiente de una verificación técnica del ministerio de justicia. En total, en Bogotá están funcionando 13 de estas casas en 12 localidades. Pero, según segplan, sólo 9 de estas 13 casas tienen aval del ministerio de justicia. Son las de Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Mártires, San Cristóbal, Suba Pontevedra y Usme.

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  • Peñalosa señala los intereses de sus contradictores y oculta los propios

    El estatuto de la oposición (la ley 1909 de 2018) me concede el derecho y el deber de intervenir, como concejal independiente, para debatir sobre el informe de cumplimiento que el alcalde mayor presentó en el concejo, el pasado 28 de enero. Eso significa que yo no me declaré en oposición a la administración Peñalosa, pero que tampoco hago parte de la coalición de gobierno que se estableció en el concejo hace tres años y que le acompaña hasta hoy. Mi presencia no fue, pues, un capricho de opinar sobre la intervención que hizo el señor alcalde, sino que correspondió a una obligación legal en virtud de su rendición de cuentas.

    Para cada uno de los argumentos que desarrollé durante mi intervención podrán ver, a continuación, un video que está acompañado de un texto que desarrolla sus ideas.

     

    Mientras el señor alcalde mayor hacía su presentación, la seguí con extrema atención y respeto. Luego, la revisamos con mi equipo para precisar su exactitud, lo que me dejó con una enorme desazón. Luego de tres años de estar gobernando, el señor alcalde mayor, como lo demostraré en esta evaluación de su intervención, para mi sorpresa, no se basó en la realidad.

    Lo que presentó el alcalde fueron fundamentalmente ficciones. No hechos, como voy a demostrar a continuación. Al mismo tiempo, tuve un déjà vu. La sensación de que lo que el alcalde estaba diciendo yo ya la había visto o leído. En la noche, en mi casa, me senté a ojear varios libros y encontré que el déjà vu tenía sentido. En el tomo de los cuentos de las obras completas de García Márquez había un cuento del cual parecía casi que calcada la intervención del señor alcalde. Presentaré algunos párrafos del cuento llamado Muerte constante más allá del amor, que versa sobre un lugar del Caribe colombiano y sobre un senador llamado Onésimo Sánchez.

    —Estamos aquí para derrotar a la naturaleza —empezó, contra todas sus convicciones—. Ya no seremos más los expósitos de la patria, los huérfanos de Dios en el reino de la sed y la intemperie, los exilados en nuestra propia tierra. Seremos otros, señoras señores, seremos grandes y felices.

    Onésimo Sánchez, el senador, usa la palabra felicidad. La misma que empleó el alcalde a lo largo de su intervención.

    Eran las fórmulas de su circo. Mientras hablaba, sus ayudantes echaban al aire puñados de pajaritos de papel, y los falsos animales cobraban vida, revoloteaban sobre la tribuna de tablas y se iban por el mar.

    Las mariposas de Peñalosa que se iban por el recinto, por las redes y por Canal Capital.

    Al mismo tiempo, otros sacaban de los furgones unos árboles de teatro con hojas de fieltro y los sembraban a espaldas de la multitud en el suelo de salitre.

    No olvidemos que el discurso de Onésimo Sánchez ocurre en el Caribe.

    Por último, armaron una fachada de cartón con casas fingidas de ladrillos rojos y ventanas de y taparon con ella los ranchos miserables de la vida real.

    Ayer también el alcalde con sus renders, con sus “construiremos”, “haremos”, y “tendremos”, tapaba la realidad de Bogotá.

    El senador prolongó el discurso, con dos citas en latín, para darle tiempo a la farsa. Prometió las máquinas de llover, los criaderos portátiles de animales de mesa, los aceites de la felicidad que harían crecer legumbres en el caliche y colgajos de trinitarias en las ventanas. Cuando vio que su mundo de ficción estaba terminado, lo señaló con el dedo.

    Recordemos que el alcalde prometió felicidad. No lo estoy parodiando. Y lo que en la costa conocen como trinitarias los bogotanos conocemos como buganvilias. Ayer Peñalosa habló de los miles de buganvilias que sembrará en Bogotá.

    Sólo el propio senador observó que a fuerza de ser armado y desarmado, y traído de un lugar para el otro, —también el pueblo de cartón superpuesto estaba carcomido por la intemperie, y era casi tan pobre y polvoriento y triste como el Rosal del Virrey.

    El alcalde ya no vive en la realidad de la ciudad. No ve que transmilenio está desvencijado, que la gente no lo quiere, que los bogotanos han huido de transmilenio para subirse a motos, a bicicletas o a patines con tal de no usarlo.

    Fue una sensación terrible la que sentí anoche al terminar el cuento de García Márquez. Puedo sustentar hoy, como verán, que el alcalde peligrosamente vive en un mundo irreal. Lo que presentó no existe en Bogotá ni existirá al término de su gestión y, desafortunadamente, en su visión nos hemos gastado cientos de miles de millones de pesos.

    La intervención ayer del alcalde fue una intervención sobre intereses y sobre ficciones. El señor alcalde señaló en su rendición de cuentas los intereses de sus contradictores. Sin embargo, esperaba que el alcalde también presentara sus intereses, pues considero que los intereses son legítimos siempre y cuando estén sobre la mesa. Yo defiendo aquí unos intereses ciudadanos y por esa razón mi campaña pasada la hice con costo cero. No le reclamé un solo peso por cuenta de reposición de votos, ya que pude decirle al estado que mi campaña no costó.

     

    Miremos, en cambio, la campaña a la alcaldía de Peñalosa. Según los reportes del consejo nacional electoral, el alcalde recibió donaciones por $2.678 millones. El 45% de esos recursos, es decir, $1.204 millones, provinieron del sector inmobiliario, tal y como pueden ver en la siguiente gráfica.

    Algunas de las empresas donantes fueron las siguientes:

    • Urbanizadora Santafé de Bogotá, $30 millones
    • Corpacero, $50 millones
    • Amarilo, $41 millones en dos donaciones
    • Fundación para el beneficio social (del grupo Argos): $60 millones
    • Ospinas, $120 millones
    • Dónde adquirir vivienda, una editorial propiedad de la promotora Convivienda, Amarilo, Soluciones Inmobiliarias, Cusezar, Constructora Bolívar y Marval, $200 millones

    Es legítimo que el alcalde haya recibido esos recursos para su campaña. Pero también es legítimo mirar por qué razón, de manera tan privilegiada, se están desarrollando en Bogotá unas operaciones inmobiliarias gigantescas, propuestas por el alcalde. Lo más grave es que el alcalde no solamente no presentó sus intereses, sino que intentó ocultarlos. Veamos el video a continuación:

    Comprenderán que esta declaración es un ocultamiento de los intereses. Es una mentira. Cualquier persona que conozca mínimamente el negocio inmobiliario sabe que hacer que las tierras del norte de Bogotá tengan potencial de ser urbanizadas equivale a transformarlas en oro en polvo. No vale lo mismo un metro construido en el suroccidente de Bogotá que un metro construido en el norte de Bogotá.

     

    Una visión trasnochada de la naturaleza

    Lo que el alcalde nos presentó es una relación ya caduca entre ciudad y naturaleza. Antes de entender la magnitud del calentamiento global, se pensaba universalmente que los problemas de la naturaleza se resolvían por fuera de las ciudades. Hoy, en cambio, sabemos que uno de los grandes aportantes al calentamiento global son las ciudades. Por ello ya no se puede pensar la relación de las ciudades con lo verde de la manera tradicional que yo mismo, en su momento, defendí. No me avergüenzo y lo confieso. Yo me he alfabetizado ecológicamente en los últimos años. Por ejemplo, aprendí que, en países como Alemania, el paisajismo pensado para las ciudades ya no es utilizando cemento porque se necesita que la mayor cantidad de tierras absorba el agua de las lluvias. Es decir, que el pavimento no se caliente más.

    Pero revisemos en qué van las obras que presentó el alcalde, que tendrían un impacto sobre la ecología de Bogotá:

    Estas dos últimas obras, las de los humedales, se harían en el marco del cambio que hizo esta administración a la política distrital de humedales. El alcalde y el secretario de ambiente, hace dos años, modificaron el decreto que impedía la construcción de zonas duras, de cemento, en los humedales (a través del decreto 565 de 2017).

    ¿Eso qué significa? Que no estamos frente a una simple acción de gobierno, sino que la ciudad va en contravía de los países abanderados en paisajismo urbano hoy en el mundo; es decir, este cambio representa un camino errado, pues el mundo está buscando otras maneras de conservar las áreas naturales de las ciudades para enfrentar la emergencia ambiental global. En el debate sobre humedales que realicé el 13 de agosto de 2018, demostré con evidencias qué está ocurriendo en el mundo frente a ese tema.

    El alcalde no mencionó un hecho: la concejal María Fernanda Rojas presentó una acción de nulidad al decreto mencionado, que actualmente se encuentra suspendido provisionalmente por orden del juzgado cuarto administrativo oral de Bogotá. El expediente tiene número 11001-33-34-004-2018-00363-00 y el fallo fue proferido el 18 de octubre de 2018. De tal manera, el alcalde presentó una ficción cuando hablaba de unas obras en los humedales.

     

    Desprecio por la van der Hammen

    En la intervención de alcalde, se notó también un amplio desprecio por la reserva Thomas van der Hammen. Ese desprecio se debe a los intereses de Peñalosa, pues proteger la reserva significa frenar la expansión de la ciudad al norte, idea que comparten quienes financiaron en más de un 40% la campaña del alcalde. Recuerdo un debate de la van der Hammen, donde el secretario distrital de medio ambiente llegó acompañado de una persona que se presentó como ecologista, pero al mismo tiempo era un contratista de la secretaria; así pues, le dije que no estaba en condiciones de hablar de forma imparcial en un debate sobre la reserva. A continuación, pueden ver este debate:

    Esta situación se asemeja con la del alcalde quien, como vimos, recibió dinero de los constructores y proteger la reserva no le permite cumplir a quienes financiaron su campaña. Del mismo modo, ese cambio en el uso del suelo y la expansión de la ciudad hacia el norte favorece a quienes son dueños de esos predios.

    Junto con mi equipo realice una investigación rigurosa sobre la reserva, en la que examinamos todas las publicaciones realizadas por el profesor Van der Hammen, un científico de talla mundial, con el fin de sustentar la necesidad de protegerla; y como pasó recurrentemente durante su intervención, el alcalde no se refirió ni un minuto a las evidencias científicas a favor de la reserva.

    La experiencia del profesor Van der Hammen es fundamental para trazar un camino que conduzca a la recuperación de zonas naturales urbanas. Como mostré en mi debate de humedales, este científico holandés participó directamente en la creación de la reserva de Molenven, cerca de Ámsterdam. Esta reserva se ha convertido un ejemplo internacional en la recuperación ambiental de áreas muy deterioradas.

    Si al alcalde le interesara el medio ambiente, hubiese puesto a trabajar a sus asesores para que indagaran sobre lo que dijo el profesor Van der Hammen sobre la reserva, y para mostrar cómo en un medio conurbado se puede construir una reserva como lo hizo van der Hammen cuando vivía en Holanda. Contrario a ello, el alcalde muy hábilmente – para legitimar su apoyo a los constructores – dice que no hay una reserva sino un potrero. Desconoce, así, que en el mundo de hoy las reservas son unas potencias, que se deben volver a reconstruir. En cambio, continuó presentando a la reserva van der Hammen como una colcha de retazos:

    Luego, el alcalde lanzó la siguiente afirmación:

    Casualmente, el alcalde no mencionó que el Dane, en el nuevo censo, cambió las proyecciones de expansión de Bogotá. No lo hizo, pues así puede sostener que si no cerca de casas a la reserva, la gente no va a tener donde vivir. El propio director del Dane reconoció, en noviembre del año pasado, que las proyecciones del censo de 2005 se habían inflado en 4,5 millones de habitantes para todo el país. Para el caso de Bogotá, se esperaba contar alrededor de 8.200.000 de habitantes, pero el resultado hasta ahora entregado por el Dane indica que somos 7.150.000 bogotanos.

    No tiene ningún sustento que se construya en Bogotá la cuarta ciudad más grande del país, una situación que agravaría enormemente los problemas ambientales de la ciudad. Pero de eso ninguna mención, porque el alcalde tiene un ojo afilado para ver los intereses de otros, pero al mismo tiempo oculta sus propios intereses.

     

    Transmilenio y el minimetro

    Pasemos ahora a otro tema que fue mencionado por el alcalde en su rendición de cuentas: el de transmilenio y el que yo he dado en llamar, con cifras, un minimetro. Examinemos con pruebas y evidencias este otro interés del alcalde.

    Como esta es una información de suprema importancia y quiero que sea parte de la discusión pública de la ciudad, citaré las palabras del alcalde para evidenciarles unas inexactitudes enormes:

    La afirmación del alcalde no se ajusta a la realidad de la operación del metro. Los estudios del consorcio metrobog, conformado por la empresa francesa Systra y la colombiana Ingetec, señala que la demanda inicial que atendería el metro sería de 26.500 pasajeros hora/sentido; para 2030, se requeriría suplir una demanda máxima de 32.900 pasajeros hora/sentido. Así quedó establecido el modelo operacional que la empresa metro envió al departamento nacional de planeación, un requisito fundamental para declaración estratégica del metro. Pueden ver la imagen a continuación:

    Por esta razón, la demanda inicial se atendería con 15 trenes despachados cada cuatro minutos y luego, en 2030, cada hora saldrían 20 trenes despachados en intervalos de tres minutos. Esta es la realidad, lo demás que afirmó el alcalde no es una información veraz; no es la información que un alcalde que tiene una responsabilidad con sus electores debería transmitir. Al estilo de Onésimo Sánchez, sus palabras deberían ser evaluadas toda vez que allí hay una mentira.

     

    Los intereses del alcalde en transmilenio

    El gran interés del alcalde es asegurar que el metro tenga por debajo una troncal de transmilenio. También se ha dedicado a promover un sistema de buses que hasta ahora tiene un solo proveedor en todas sus modalidades: Volvo. Así pues, el alcalde debería examinar cómo la ciudadanía va a ver que su interés por transmilenio está relacionado con su modo de vida una vez deje de ser alcalde.

    En el mundo hay reglas claras respecto de los conflictos de intereses. Por ejemplo, en los Estados Unidos las reglas de cabildeo establecen unos conflictos de intereses clarísimos. No se puede, como funcionario público, decir unas cosas y luego hacer otras. Veamos otra afirmación del alcalde:

    El presidente global de Volvo estaría en todo su derecho de hacer esta declaración, pues podría indicar que sus buses pueden competir con un metro. Pero es impresentable que la haga el alcalde de una ciudad, con el desafío que han planteado otras ciudades líderes del mundo de pasar a otro tipo de tecnologías de transporte.

    El alcalde actúa más como un defensor de una modalidad de transporte que como un árbitro imparcial que piense en lo más conveniente para la ciudad que gobierna, o que analice cuál es el mejor sistema de transporte para Bogotá. Además, dice mentiras: los usuarios de transmilenio entran y salen por las mismas puertas, lo que no ocurre en los metros. Un buen sistema de metro no colapsa como lo hace, por ejemplo, la estación de universidades.

    Pero claro, es que Peñalosa no es la única persona de la administración que trabajó para Volvo o para sus fundaciones. Entonces tenemos en Bogotá, por desgracia, un sesgo pro-buses y un sesgo pro-Volvo tremendamente fuerte. Eso es legítimo en la vida privada, pero es un problema muy grande en la vida pública.

    Son muchas las diferencias entre un metro de verdad y el sistema transmilenio. En Bogotá hay una clara: los metros se mueven con energía eléctrica; los buses de la ciudad se mueven con energías fósiles. Veamos la siguiente imagen. Desde el año 2014, la Unión Europea hizo más estrictas sus normas ambientales para reducir la contaminación del aire. Es decir, antes de tomar la decisión sobre la licitación de nuevos buses, la administración y el concejo sabían que Europa había tomado el camino de alejarse del Euro V.

    Yo hice aquí un debate en el que, desde septiembre de 2017, advertí de eso. Esta tecnología sigue expeliendo contaminantes y el diésel es cancerígeno. ¿Mencionó aquí el alcalde este tema? No, todo lo contrario. Yo mostré aquí en otro debate un video en el que él decía “es que vamos a tener un diésel tan bueno como la energía eléctrica”. Una mentira. La Organización Mundial de la Salud declaró desde 2012 al diésel como un agente cancerígeno tipo 1, con efectos directos sobre el cáncer de pulmón. El alcalde claramente en esto engañó a sus electores diciendo que el resultado de la licitación ha sido un gran avance.

    Y vuelvo a recordar un aspecto que alerté en su debido momento. Lo que hizo posible que la administración le permitiera a una empresa como Volvo vender aquí 682 buses (392 biarticulados y 290 articualdos) que no le hubieran comprado ya en ningún lugar del mundo – porque Bogotá es el gran consumidor de biarticulados – fue un cambio de una palabrita en los pliegos que ustedes pueden ver a continuación.

    Y esa sola palabra le permitió a Volvo venderle a Bogotá, como dijo la procuraduría en una carta a transmilenio, los buses que ya no se vendían en Europa. Allí hay otro interés que el alcalde no evidencia y que debe hacer explícito.

    ¿Por qué esta información no hace parte del debate público sobre la ciudad? Muchos medios de comunicación, como lo demostró la FLIP, encajaban dentro de su información publicidad de la administración. Eso es otra evidencia muy importante que debió haber dado lugar a un debate ético muy serio dentro del periodismo bogotano y colombiano. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo es posible que tomemos la información que entrega una administración y la vendamos luego como si fuera una información para los ciudadanos? Afortunadamente hoy existen las redes, que permiten hacer un bypass a los grandes medios de comunicación.

     

    Peñalosa entregó 1 colegio nuevo en lote nuevo y hay otros 2 listos para entregar, pero la meta de los 30 no se va a cumplir

    Paso a un tema que me apasiona: la educación. Miremos lo que el alcalde mayor dijo ayer.

    Las mayorías del concejo aprobaron, en el plan de desarrollo, la construcción de 30 colegios nuevos en lote nuevo. El alcalde no puede hacer pasar reposiciones de colegios ya existentes como colegios nuevos. La realidad es que esta administración sólo ha entregado 1 colegio nuevo en lote nuevo contratado y construido desde 2016: el Soledad Acosta de Samper en la localidad de Bosa.

    Además, entregó los colegios la Felicidad (Fontibón) y Jorge Mario Bergoglio (Suba), cuyos contratos venían de la administración anterior. Es magnífico que los terminen, pero no puede decir el alcalde que son colegios nuevos en lote nuevo, pues no fueron contratados por él.

    Otros 3 colegios que tiene la secretaría de educación en estos momentos que no han sido inaugurados, pero ya fueron terminados y dotados:

    • El Ensueño, que venía de un contrato iniciado por la administración anterior al que se declaró caducidad y se reformuló durante esta administración. Eso es un mérito.
    • Jorge Isaacs y Madelena, que sí fueron construidos por esta administración.

    Sumemos: con estos colegios se completarían 3 contratados y construidos por esta administración en lote nuevo. Es muy grave que un alcalde mayor de una ciudad capital mienta de esa manera. Las evidencias hablan por sí solas.

     

    El alcalde ignoró los problemas de inseguridad

    Sorprendentemente ayer en la presentación del alcalde, el tema de la inseguridad en Bogotá desapareció. No existió, no se presentó ni una cifra de inseguridad. Todos los datos que presentaré son del boletín de indicadores de seguridad y convivencia, publicado por la secretaría de seguridad, con corte al 31 de diciembre de 2018. Cada mapa presenta, además, el incremento de hurtos en las localidades de la ciudad entre 2017 y 2018.

    El hurto a personas creció 35%. Pasamos de 76.904 casos en 2017 a 103.792 casos en 2018.

    El hurto de bicicletas creció 65,9%. Pasamos de 4.627 casos en 2017 a 7.675 casos en 2018. Se están robando, en promedio, 21 bicicletas diarias.

    El hurto de celulares creció 45,5%. Pasamos de 44.724 casos en 2017 a 65.066 casos en 2018.

    Esa es la realidad hábilmente no mencionada por el alcalde. Nada de eso apareció. Sentí que algunos de mis colegas sintieron vergüenza ajena. Tal vez por eso, luego de la intervención del alcalde se rompió el quórum y se levantó la sesión, sin que muchos concejales pudieran intervenir.

    Luego, aduciendo que no había quórum durante mi presentación, una parte del gabinete distrital pretendía silenciar estas evidencias que contradicen la visión ficticia que presentó el alcalde. Pero el derecho de ley de intervenir en esta sesión nos lo ganamos quienes no hemos comprometido nuestra independencia por pedir puestos o contratos en una administración. A pesar del intento de la administración de atropellar este derecho durante mi intervención, seguí adelante para presentar mis evidencias sobre el inmenso daño que le hacen a la ciudad los intereses del alcalde. Es una postura que he mantenido durante toda mi carrera como concejal. Cuando llegué al concejo, por ejemplo, hice un debate sobre la corrupción durante el gobierno de Samuel Moreno. Aunque apenas quedaban tres concejales en el recinto, seguí adelante con mi debate. Comprendo que con mi debate no voy a cambiar las actitudes de quienes han apoyado al gobierno, ni que el alcalde reconozca sus conflictos de interés. Pero eso no me va a impedir presentarle la información a la ciudadanía.

     

    No cumplirán la meta de jardines infantiles nuevos

    Terminé mi intervención con un tema de mi corazón. Quienes tuvimos la posibilidad en la vida de que se nos abriesen oportunidades tenemos que tener muy claro lo que sigue ocurriendo en Bogotá, cuando cientos de miles de niños no pueden ir a un jardín infantil. La administración asumió unas metas que no van a poder cumplir.

    El señor alcalde presentó la siguiente imagen: dice que “este año vamos a entregar 12 jardines nuevos más.”

    Eso no es cierto. Tuve una dura polémica con la administración del ex alcalde Petro, que presentaba unas casas que había adaptado como jardines nuevos. Con ese mismo criterio mido a esta administración, que se comprometió a hacer 13 jardines nuevos en lote nuevo.

    De esos 13 jardines nuevos, la meta del plan de desarrollo, sólo uno (Travesuras de colores, en la localidad Rafael Uribe Uribe), ha sido entregado. Esta obra fue contratada en la administración anterior.

    De los 12 restantes, hay 5 en obra: el primero es el Principito, en la localidad de Fontibón, que también viene de la administración anterior. Lo visitamos el 17 de enero de 2019, y confirmamos que la entrega total de la obra está programada para el 30 de enero de 2019.

    Los otros 4 jardines en obra son de esta administración:

    • El jardín El Nogal en la localidad Barrios Unidos, con un avance de 49% con corte al 30 de noviembre. La entrega de esta obra está prevista para el 17 de marzo de 2019.
    • Jardín Bolonia (Usme). La obra inició el 14 de enero de 2019.
    • Jardín San José de Maryland (Bosa). La obra inició el 8 de enero de 2019.
    • Jardín El Recreo (Bosa). Inició obra el 14 de enero de 2019.

    De los 7 jardines restantes, hay una licitación adjudicada (jardín Fortaleza, en Usme), 3 con licencias de construcción ya expedidas y otros 3 radicados en curaduría, a la espera de ser aprobados.

     

    Evalué al alcalde a partir de la información que él nos presentó en el concejo. Queda demostrado que el alcalde nos trajo ficciones e inexactitudes. Su informe no estuvo a la altura del deber que tiene un servidor público de informarle con la verdad a los ciudadanos. El alcalde faltó en varias ocasiones a la verdad. Y lo más grave de todo: mientras ponía un dedo acusador sobre otros intereses que hay en la ciudad no mostró sus propios intereses.

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  • Peñalosa y la salud pública: mucho sector privado, poca ejecución pública

    Esta administración, a pesar de la publicidad que ha desplegado, está muy retrasada en los compromisos que hizo de mejorar la infraestructura hospitalaria pública de la ciudad.

    Como les demostraré en este debate, la elección de un mecanismo contractual inmaduro y la muy pobre gestión de los recursos a disposición de la secretaría de salud han resultado en una pobrísima ejecución de los recursos. Los prometidos cambios fueron apenas una promesa de campaña.

     

    La infraestructura hospitalaria quedó al albur de recursos inciertos

    En el plan de desarrollo, la administración se trazó las siguientes metas:

    • Construir dos hospitales y reponer otros cuatro. Las obras serían para los hospitales de Usme, Bosa, la Felicidad, Simón Bolívar, Materno Infantil y Santa Clara.
    • Dejar contratados tres de estos hospitales a través de alianzas público-privadas.
    • Construir cuatro centrales de urgencias.
    • Abrir 40 centros de atención prioritaria en salud.

    Desde la formulación del plan, la construcción de buena parte de esta infraestructura quedó atada al mecanismo de las alianzas público-privadas (o APP). El numeral 4.1.10 de dicho documento, que pueden ver a continuación, definió a las APP como una de las tres líneas de acción principal de la administración para garantizar los avances en instalaciones de salud.

    Como les mostraré a continuación, advertí a tiempo sobre los riesgos de utilizar el mecanismo de las APP para la contratación de obras públicas.

     

    Mis advertencias sobre las alianzas de pura paja

    El 4 de mayo de 2016, cuando inició la discusión del plan de desarrollo en el concejo, le llamé la atención a la secretaria de hacienda sobre las fuentes de recursos definidas para construir las obras que propuso la administración. Veamos el siguiente video, que resume la advertencia que hice aquél día en la comisión del plan:

    Como recordarán, este énfasis que hice en las APPs resultó de mi preocupación sobre la decisión de la administración de financiar la inversión social con recursos inciertos. En particular, en el plan plurianual de inversiones que se aprobó en 2016, se incluyeron 2,5 billones de pesos para el proyecto de inversión de “modernización de la infraestructura física y tecnológica de la salud en el distrito” durante todo el cuatrienio que no tenían una fuente asegurada.

    Así lo pueden ver en la siguiente imagen, y lo pueden corroborar consultando la página 901 del segundo tomo del plan de desarrollo: el círculo rojo, en la décima fila de la tabla, indica dichos recursos. En contraste, la mayoría de los recursos han ido para temas de movilidad: a transmilenio se le han aprobado 3,51 billones de pesos por vía de cupos de endeudamiento, es decir, en recursos ciertos.

    De esa manera, las seis grandes obras de hospitales que se plantearon en el plan de desarrollo quedaron atadas a la venta de activos del distrito – como la empresa de teléfonos de Bogotá – y, por lo tanto, sometidas a una incertidumbre de la que aún no han salido.

     

    Alerté que nada iba a pasar

    En la discusión del segundo cupo de endeudamiento que solicitó la administración también me pronuncié sobre la incertidumbre en la que había quedado la infraestructura de salud en el distrito. El 30 de agosto de 2017, en la comisión de hacienda, afirmé que el éxito de las APPs en el distrito era muy escaso y que no habría ningún avance en la materia para contratar grandes obras. Recordemos mi advertencia de hace un año y medio con el siguiente video:

     

    El segundo cupo de endeudamiento no incluyó recursos para hospitales, porque seguían creyendo en las APP

    Dos semanas antes del video que acaban de ver, el 16 agosto del 2017, cuando la administración vino al concejo a pedir un segundo cupo de endeudamiento por 2,4 billones de pesos (luego de haber recibido un primer cupo de 5,03 billones en el 2016), la secretaria de hacienda reconoció que no habían podido gestionar la venta de activos para financiar la inversión en salud, y explicó que la administración no incluyó en ese cupo recursos para infraestructura hospitalaria porque estaban buscando otras fuentes para financiarla. Veamos este video de lo que dijo la secretaria:

    En el cupo de endeudamiento aprobado en 2016, la secretaría de salud recibió $179.000 millones. Esto representa un 3,6% del total de recursos aprobados en dicho cupo. Así lo pueden ver en la siguiente gráfica en pantalla, en donde la fracción del cupo destinada a la secretaría está en color naranja.

    En contraste, transmilenio (en color rojo) recibió el 41,9% de los recursos, la secretaría de ambiente el 4,6% (en verde claro), la secretaría de seguridad el 3,7% (en violeta), la secretaría de hacienda el 0,8% (en verde oscuro), la secretaría de educación el 6,9% (en azul oscuro), el IDU el 21,3% (en marrón), la empresa metro el 15,9% (en gris) y el IDRD el 1,5% (en azul claro).

    De estos recursos, se destinaron $55.000 millones al proyecto de inversión 1191, “actualización y modernización de infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones”, para las siguientes obras: terminar las obras inconclusas del hospital de Kennedy, finalizar las urgencias de Antonio Nariño, entregar la UPA los Libertadores, construcción de los CAPS de la Mexicana, Danubio y Diana Turbay y adecuar la unidad de urgencias de salud del Tunal. Ninguna de estas obras ha sido ejecutada, pues todas siguen en la etapa de estudios y diseños.

     

    La administración es la responsable de este gran retraso

    La ausencia de recursos ciertos para las obras de salud ha tenido efectos palpables. La secretaría de salud, en su respuesta del 16 de octubre del año pasado a uno de los cuestionarios con los que cité este debate (la proposición 631 de 2018) explica que no haber vendido activos del distrito retrasó todos los cronogramas de obra. Así lo pueden ver a continuación:

    Para el desarrollo de estas obras, la secretaría firmó un contrato con la financiera de desarrollo nacional (el 1796 de 2016) para estructurar las APPs de los seis hospitales que se propuso construir: los de Usme, Bosa, Santa Clara, Materno Infantil, Simón Bolívar y la Felicidad. El cronograma general de este proyecto lo pueden observar en la siguiente imagen:

    Como ven, la apertura de las licitaciones estaba planeada para agosto del año pasado, la firma de contratos se daría en diciembre y el inicio de la construcción en julio de este año. Así las cosas, estamos ante un retraso de seis meses, con lo que es posible que las obras en Usme y Santa Clara arranquen el próximo año. De las otras cuatro (Simón Bolívar, Materno Infantil, Bosa y la Felicidad) no se reporta ningún avance.

    La fuente de esta información es la propia secretaría de salud, en su respuesta al otro cuestionario que remitimos para este debate (nuestra proposición, la 181 de 2018).

    La administración estaba advertida de los tiempos que toma armar estos contratos por APP. Veamos el siguiente video del anterior director de planeación nacional (hoy director de Fedesarrollo), en un foro sobre APPs para salud en Bogotá el 19 de febrero de 2018, en el que estaba presente el secretario de salud. Allí, el ex director Luis Fernando Mejía explicó cuánto se tardan en tomar forma estas iniciativas cuando son de iniciativa pública:

    Pero se demora aún más armar el negocio para una APP de iniciativa privada, como veremos a continuación:

    Y con ese mecanismo, según la presentación más reciente del secretario de salud sobre el tema de infraestructura (el 4 de octubre del año pasado), quieren construir 3 CAPS nuevos. Es muy difícil asegurar que estos proyectos van a ver la luz cuando, como veremos a continuación, la capacidad de gestión de recursos de la secretaría de salud es pobrísima.

     

    Trancón por todo lado

    En total, durante los tres años que lleva esta administración, se han destinado $679.004 millones a la infraestructura en salud. Según las cifras del predis, con corte al 30 de noviembre de 2018, los compromisos de estos recursos han sido por $116.759 millones (el 17,2%), y los giros efectivos escasamente alcanzan $9.153 millones (el 1,3%).

    ¿Qué significa, en realidad, este bajísimo nivel de ejecución de recursos? Que obras muy importantes aún no se están haciendo. Les doy algunos ejemplos:

    • La adecuación de las urgencias del hospital del Tunal, que según la secretaría de salud beneficiaría a 453.000 personas, sigue en etapa de estudios y diseños.
    • La primera etapa de la unidad Occidente Kennedy, una obra de calculada en $166.585 millones y con 462.000 beneficiarios, sigue en estudios y diseños. Esta obra, como lo he recordado en distintas ocasiones, tiene una herencia envenenada que dejó la administración de Samuel Moreno.
    • La terminación de la torre II del hospital de Meissen, de la que hablaré más adelante, también sigue en estudios. Esta obra también la recibió esta administración inconclusa y con problemas legales que resultaron de la corrupción de administraciones anteriores.

    La secretaría sólo ha entregado, hasta ahora, una obra: la adecuación de las urgencias pediátricas del hospital de Suba, que tuvo un costo de $688 millones, el 0,1% de los recursos que ha tenido esta entidad para inversión en infraestructura.

     

    Y empeorando

    La ejecución en el proyecto de inversión de actualización y modernización de la infraestructura en salud, contrario a mejorar a través de los años de gobierno de la administración, ha empeorado.

    Analicemos la siguiente gráfica, que compara la gestión de los recursos de este proyecto en los últimos tres años.

    En 2016, el fondo financiero de salud tuvo recursos por $200.499 millones para invertir en infraestructura. De estos recursos, comprometió $69.324 millones (el 34,6%). Los giros, sin embargo, fueron por $4.854 millones (el 2,4%).

    Vamos ahora al 2017. Durante ese año, los recursos para infraestructura fueron de $144.503 millones (nuevamente en color azul claro), de los que el fondo financiero comprometió $45.338 millones (el 31,4%, en amarillo). Los giros, por su parte, siguieron siendo muy pobres: alcanzaron $2.974 millones (el 2,1%).

    Finalmente, la situación el año pasado fue crítica. En 2018, el proyecto de inversión en infraestructura tuvo más recursos que en los dos años anteriores, pero su ejecución fue bajísima. De los $334.001 millones el fondo financiero comprometió, hasta el 30 de noviembre de 2018, apenas $2.096 millones (el 0,63%). Los giros fueron de $1.324 millones (el 0,4%).

     

    ¿Y qué se tiene contratado realmente?

    La mejor prueba para demostrar el escaso éxito de mecanismo de las APP es revisar el estado actual de estas iniciativas en el registro único de alianzas público-privadas del departamento nacional de planeación. Me he referido a ese registro en otras ocasiones, cuando he demostrado que en Bogotá las APP tienen un éxito del 0,5% (con apenas un proyecto contratado y llevado a cabo con éxito). Pero ahora me quiero centrar en las APP del sector salud.

    Allí se encuentran los seis hospitales que se propuso construir la administración: los nuevos en Usme, Bosa y la Felicidad, así como las reposiciones del Santa Clara, el Materno Infantil y el Simón Bolívar.

    ¿En qué van esos proyectos? Todos ya superaron el estudio de factibilidad, pero la secretaría sólo ha adelantado acciones para arrancar con dos obras: el de Usme – que será un contrato de obra pública – y la reposición del Santa Clara en predios del complejo hospitalario San Juan de Dios. El 21 de noviembre del año pasado, en ponencia que presenté en la plenaria del concejo, demostré que la administración no tenía claro el mecanismo para contratar esta obra.

    Estos dos proyectos, el de Usme y el Santa Clara, tienen algo más en común: las maromas que ha hecho la administración para que los recursos aprobados para estas obras no caduquen, que consisten en firmar unos convenios entre las propias entidades del distrito que no son contratos de obra.

    Un contrato estatal, como los de obra civil, y un convenio son actos con características jurídicas particulares. Aunque ambos negocios son un acuerdo de voluntades, la diferencia radica en la finalidad que ambos pretenden: si estamos frente a un acto jurídico generador de obligaciones con intereses opuestos nos referimos a un contrato y si con el acuerdo se pretende cumplir con una obligación para el cumplimiento de fines comunes estaremos frente a un convenio.

    De esa manera, el contrato de obra consiste en un acto jurídico en virtud del cual una persona encarga a otra la realización de una obra material, que ésta se compromete a realizar a cambio de una remuneración, sin que existan entre las partes relaciones de dependencia o subordinación. Este contrato está regulado por los artículos 2053 a 2062 del código civil colombiano, bajo el capítulo «de los contratos para la confección de una obra material». Como veremos a continuación, este no es el caso de los documentos firmados por esta administración.

     

    Mucha maroma, poca ejecución

    Para evitar que caduquen las vigencias futuras que, como explicaron aquí tanto la secretaria como el subsecretario de hacienda, haría inviable la construcción de la obra en los tiempos planeados, la administración se inventó una maroma contractual para disponer de los recursos aprobados por la mayoría del concejo.

    Encontramos un registro en secop del 4 de diciembre de 2018, que muestra un convenio hecho entre el fondo financiero de salud y la subred de salud del sur para construir dicho hospital. Pueden ver este registro a continuación. Con esta maroma presupuestal, la administración va a justificar la ejecución de las vigencias futuras aprobadas para este proyecto, por $232.328 millones.

    En secop ya están los certificados de disponibilidad presupuestal de este convenio. Pero esto no significa que la obra se esté llevando a cabo. Pero la vaguedad en el objeto de este convenio es inquietante: “aunar esfuerzos”, “efectuar las acciones necesarias”, “desarrollo integral del proyecto”.

    Por medio de este convenio, la secretaría de salud salvó las vigencias futuras que las mayorías del concejo le aprobaron en agosto del año pasado, y sobre las cuales dicha entidad sólo ejercerá una vigilancia. Como explicó aquí el secretario, la obra como tal deberá ser contratada por la subred sur.

    Con la obra del Santa Clara ocurrirá algo similar que con el hospital de Usme. El pasado 21 de diciembre el secretario de salud firmó un convenio entre el fondo financiero de salud, la ERU y la subred centro-oriente para llevar a cabo esta obra.

    El objeto de este contrato es igualmente vago, y parte de “aunar esfuerzos” y no de construir obra. De esa manera, la secretaría de salud hizo otra maroma para que los $431.668 millones aprobados en vigencias futuras no expiren.

    Pero los recursos de todo el convenio, que ascienden a $508.983 millones, tampoco van a estar a cargo de esa secretaría, ni van a estar en manos de la ERU, dueña del predio del complejo hospitalario. Como ven en la parte inferior de la pantalla, según el numeral 8.4.4 del mencionado convenio, la encargada de ejecutar esos cuantiosos recursos y desarrollar toda la obra será la subred centro oriente. Una de las obligaciones de esta entidad, según el documento firmado a fin de año, es:

    “Ejecutar y desarrollar todas las actividades de diseño y construcción en estricto cumplimiento del PEMP [el plan especial de manejo y protección del complejo hospitalario]”.

    El secretario debe explicarnos si estas subredes están en capacidad de llevar a cabo las obras que, por estar aprobando recursos a última hora, la secretaría de salud no va a ejecutar directamente.

     

    De la Felicidad a la infelicidad

    Recordemos que la secretaría de salud firmó un contrato con la financiera de desarrollo nacional (el 1796 de 2016) para estructurar las APPs de los seis hospitales que se propuso construir.

    El hospital de la Felicidad, ubicado en Fontibón, quedó en el último lugar en la priorización que hizo la financiera de desarrollo nacional para definir cuáles obras serían más urgentes. El caso de este hospital demuestra unos riesgos adicionales que tiene este modelo de APPs.

    Según el registro de alianzas público-privadas de planeación nacional, la obra de la Felicidad cambió su originador, pues recibió una propuesta de una empresa privada para llevar a cabo la obra. En el cuestionario que remití a la secretaría para este debate, pregunté por la naturaleza de este cambio y pueden ver la respuesta a continuación.

    En dicho documento, la secretaría afirmó que una compañía internacional, Ribera Salud, presentó un proyecto para este hospital. A la fecha de la respuesta, en octubre del año pasado, la iniciativa no había superado la etapa de prefactibilidad, y la secretaría le había pedido al proponente ajustar su oferta para que sólo incluyera el desembolso de recursos privados, para cumplir con la priorización hecha por la financiera de desarrollo.

     

    ¿Qué es Ribera Salud, la empresa que presentó la oferta para construir el hospital de la Felicidad?

    Es una empresa española, considerada por el diario el País como la más grande en concesiones de salud de dicho país. Además, es la compañía que inició con el modelo de concesión en salud en ciudades como Valencia. En esta zona de España, dichas concesiones empezaron en 1999 con el hospital de Alzira.

    El mismo diario el País reporta que Valencia no renovó la concesión que Ribera Salud en este hospital, y en cambio prefirió hacerse cargo de la infraestructura que estaba en manos privadas. La razón, según una entrevista hecha a la consejera de sanidad valenciana en marzo de 2017, es la “falta de control absoluto” sobre la gestión de la empresa. La consejera se refiere a una presunta malversación de fondos por parte de dicha empresa, y a sobrecostos de alrededor de 2,6 millones de euros.

    Una sentencia del tribunal superior de justicia de la Comunidad Valenciana permite ver el alcance de revertir el contrato de esta empresa, pues afirma que no es procedente la medida cautelar que trató de imponer Ribera contra la terminación del contrato de concesión. Ribera Salud presentó más de 50 acciones judiciales para evitar la reversión del hospital y su regreso a manos públicas. Todos los fallos que se han proferido hasta el momento (el más reciente, en marzo del año pasado) han sido en contra de la empresa.

    Además, encontramos que Ribera Salud entregó el hospital de vuelta al gobierno de Valencia, pero le quedó debiendo alrededor de 50 millones de euros en liquidaciones.

    A este tipo de desafíos nos enfrentamos como resultado de asumir un modelo que no se ha desarrollado suficientemente en el país, y que libera de cargas al sector privado.

     

    Los CAPS ofrecen servicios especializados, pero necesitan inversión para mejorar su infraestructura

    El pasado 7 de diciembre, el secretario de salud y el alcalde mayor anunciaron la apertura de 11 nuevos CAPS. Con mi equipo visitamos esos centros entre el 11 y el 13 de diciembre. Confirmamos que todos estaban en funcionamiento en instalaciones que habían venido prestando servicios de salud como UPAs y CAMIs. Hablamos con los directores de cada uno de los siguientes centros:

    • En la subred sur, los CAPS de Meissen y San Benito.
    • En la subred suroccidente, el CAPS Porvenir. Visitamos el CAPS de Patios, pero su directora no nos quiso atender.
    • En la subred centro oriente, los de Chircales, Samper Mendoza, Perseverancia y Primero de Mayo.
    • En la subred norte, los de Gaitana, Engativá y Fray Bartolomé de las Casas.

    Los funcionarios que nos atendieron nos explicaron que los CAPS ofrecen servicios especializados (particularmente de pediatría, ginecología y medicina interna) que no estaban disponibles cuando en estas instalaciones eran sólo UPAs o CAMIs. Algunos CAPS, como los de San Benito y Fray Bartolomé, tienen además un énfasis en rehabilitación física y salud mental, que incluye el servicio de hospitalización de estos pacientes.

    Para la apertura de esos CAPS se hicieron algunas reformas locativas: en Meissen, por ejemplo, arreglaron las ventanillas de atención, que pueden ver en la siguiente foto. En San Benito arreglaron consultorios para tener más espacio para los pacientes. Pero en ningún caso la secretaría hizo reformas de fondo a la infraestructura que ya estaba disponible.

    Quiero presentarles dos ejemplos de que es necesario reforzar los servicios que prestan los CAPS con mejor infraestructura que los mismos centros la han pedido. El trancón de infraestructura de la secretaría, que ya vimos, ha demorado estas adecuaciones.

    En el caso de Meissen, por ejemplo, la directora de consulta externa nos contó que la zona de consulta externa se comparte con las urgencias de madres gestantes, lo que causa congestiones como las que pueden ver en la foto.

    La directora también nos explicó que el hospital de Meissen ya había dado visto bueno a los estudios para adelantar la segunda torre del hospital, con lo que estas áreas quedarían separadas y el espacio para los pacientes mejoraría notablemente.

    Este proyecto, el de la segunda torre de Meissen, es una de las 17 obras que sigue en etapa de estudios y diseños, según el reporte que nos dio la secretaría de salud. Recordemos que esta obra tuvo enredos jurídicos y de ejecución, que esta administración ha ido destrabando.

    Pero la obra es urgente, y los profesionales de salud la están esperando. ¿En qué consisten las demoras para ponerla en marcha?

    Algo similar ocurre en el CAPS de Fray Bartolomé de las Casas, ubicado en el barrio Puentelargo de la localidad de Suba. Este centro se especializa en atención a pacientes de salud mental y de rehabilitación física, en espacio como los que pueden observar en la siguiente imagen.

    La directora de la unidad nos contó, el pasado 13 de diciembre, que este CAPS – que era una antigua clínica de Cajanal – requiere un reforzamiento estructural y de un ajuste de sus redes hidráulicas y sanitarias. La directora afirmó que el proyecto ya había sido presentado a consideración de la secretaría de salud, pero que desconocían cuándo se iba a adelantar.

    La adecuación de este CAPS no se encuentra dentro del listado de estudios y diseños que la secretaría de salud tiene en ejecución. ¿Cómo se están priorizando estas obras?

     

    Conclusiones

    A pesar de un éxito de menos del 0,5% en la ciudad, la secretaría de salud insiste en las APP como el modelo predilecto para contratar las obras de los hospitales. El tiempo me ha dado la razón, y las advertencias que hice a tiempo sobre los riesgos de este mecanismo han demostrado su inmadurez.

    Las obras de infraestructura hospitalaria con algún avance son las que se alejaron del modelo de APP, pero allí la secretaría de salud ha echado mano de unas maromas contractuales diseñadas para poder hacer uso de los recursos aprobados, sin que haya todavía un contrato de obra en firme. Además, la ejecución de los proyectos no quedó en manos de la secretaría, sino de las subredes de salud.

    La ley 1882 de 2018, expedida en enero del año pasado, faculta al distrito a aprobar proyectos de APP en su último año de gobierno. Esta situación hace que mis advertencias tengan aún más peso.

    La secretaría ha demostrado una bajísima capacidad de gestión de sus recursos de infraestructura. Hasta ahora, sólo ha entregado una obra cuya inversión representa el 0,1% de los recursos que ha tenido disponibles durante los últimos tres años. En 2018, el fondo financiero de salud tuvo más recursos que en los demás años de la administración. Sin embargo, ejecutó apenas el 0,4% de estos (con corte a 30 de noviembre).

    En los CAPS hay un avance importante en los servicios de salud especializados que se ofrecen a los pacientes, pero algunos de estos centros requieren de intervenciones de fondo para mejorar la calidad de la atención que prestan. Algunas de estas obras, como vimos, traen enredos complicados de administraciones pasadas.

    Finalmente, el país ha padecido en carne propia la entrada de privados los servicios de salud, que se convirtieron en un codiciado negocio. Abrir nuevas troneras por vía de las APP, como demuestra el caso de la empresa española interesada en construir el hospital de la Felicidad, en Fontibón, puede agravar esta delicada situación.

     

    Aquí puede encontrar todos los materiales usados para este debate.

    Esta investigación se llevó a cabo, bajo mi coordinación, por Juan Sebastián Moreno, con el apoyo de Íngrid Guerra, Michael Monclou y Natalia Rubiano. Cristian Rodríguez se encargó de los temas audiovisuales y de la transmisión en redes.

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  • La educación y las víctimas no ganan con el presupuesto de Peñalosa

    El debate sobre el presupuesto de la ciudad no es exclusivamente un tema de cifras. Es también una discusión política sobre la gestión de las entidades que administran recursos públicos, y que tienen como propósito atender problemas puntuales que afectan la vida de los bogotanos. Por esa razón, mi análisis del presupuesto se centró en aspectos fundamentales de la política social y ambiental de la ciudad: en el estado financiero de la Universidad Distrital, la universidad pública que hace presencia en los sectores populares de la ciudad; en la infraestructura educativa que prometió esta administración, así como en los avances en la jornada única; en los espacios para cuidar a la primera infancia; en las obras culturales y la protección de la naturaleza; y en la atención a las víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá.

     

     

    A la Universidad Distrital todavía le faltan $50.981 millones

    Según la presentación del rector de la universidad, el pasado lunes 26 de noviembre en el concejo, para el próximo año la universidad necesita $334.808 millones para su funcionamiento, y otros $33.813 millones para inversión. En total, la universidad requiere en 2019 $368.621 millones para operar. Pero la cuota global contemplada por la secretaría de hacienda solo cubre $302.640 millones. Veamos qué está pasando con los ingresos para funcionamiento y con los ingresos para gastos de inversión.

    Luego del primer debate de presupuesto, la secretaria de hacienda dijo que se iban a destinar $30.000 millones más a la universidad: $6.200 millones para funcionamiento y $23.800 para inversión. La realidad es que sólo la mitad de estos recursos son recursos ciertos. El distrito le va a transferir $15.000 millones más a la Distrital el próximo año; los otros $15.000 son de una proyección que, como veremos a continuación, está llena de incertidumbre.

    ¿Pero de cuánto sería el déficit con los $15.000 millones reales? Sería de $50.981 millones.

    El sostenimiento de la Universidad Distrital depende del distrito, por lo que su situación financiera es muy distinta del resto de universidades públicas, que reciben recursos de la nación. El 80,8% de los recursos que recibió la universidad para su funcionamiento durante este año fueron transferencias de la ciudad (esto es, $278.676 millones), mientras la nación aportó el 7,6% ($20.705 millones). El 11,6% restante ($31.310 millones) fue recaudado directamente por la universidad a través del cobro de matrículas, certificados, etc.

    La ley 30 de 1992 definió que este presupuesto de funcionamiento aumentaría con la inflación de cada año. Sin embargo, las necesidades de la universidad crecen más rápido que la inflación. La Distrital tiene una acreditación de alta calidad, que la distingue como una de las mejores universidades del país. Para renovar su acreditación, un proceso que debe hacer desde el año entrante, la universidad debe abrir nuevas líneas de investigación, contratar más profesores de planta con mejor preparación, crecer en infraestructura física y tecnológica y aumentar su oferta académica. Por lo tanto, aumentar el presupuesto de la universidad con la inflación es insuficiente para atender esas necesidades.

    El presupuesto de inversión de la universidad también se ha visto afectado. La inversión de la universidad se ha financiado a través de una estampilla que se cobra a los contratos firmados con el distrito. Esta fuente de recursos, establecida desde el 2001, recogía el 1% del valor del contrato y se lo transfería en su totalidad a la Universidad. Sin embargo, desde el año pasado este mecanismo de recaudo cambió.

    Tres elementos explican ese cambio:

    • El recaudo de la estampilla pasó del 1% al 1,1%. La secretaría de hacienda le presentó este cambio al concejo con el argumento de que serían transferidos más recursos a la Universidad Distrital. Como veremos, esta no ha sido la realidad.
    • Se excluyeron contratos del recaudo. Con la estampilla nueva, los contratos de menos de $10 millones (o, técnicamente, los contratos por menos de 315 unidades de valor tributario) quedaron exentos de dicho pago, que la estampilla vieja sí incluía.
    • Se cambió la distribución de los recursos. La totalidad del recaudo de la estampilla vieja estaba dirigida a la Distrital. La norma que aprobó la estampilla nueva (el acuerdo 696 de 2017) estableció que el 30% de lo recaudado se destinaría a la sede Bogotá de la Universidad Nacional.

    ¿Cuál es el resultado de estos cambios? Que los recursos para inversión que efectivamente se han transferido a la Universidad Distrital por el recaudo de la estampilla han sido mucho menores a lo prometido por la secretaría de hacienda. La proyección que la secretaría de hacienda le presentó a la universidad – que fue la base para planear el presupuesto de este año – es que la nueva estampilla iba a recaudar $62.700 millones, y a la Distrital le iban a corresponder $31.350 millones.

    En realidad, con corte a 31 de octubre, la estampilla ha recaudado apenas $11.044 millones y la Universidad ha recibido para inversión escasamente $5.022 millones (¡apenas el 17,6% del estimado inicial en ambos casos!). La Universidad ha recibido otros $2.208 millones para atender sus obligaciones pensionales. Ese desfase ha puesto a la Universidad en una situación de incertidumbre presupuestal.

     

    Guardaron $120.000 millones para edificio de lujo mientras la Universidad Distrital sigue con un déficit de $50.981 millones

    La administración tenía la intención de hacer un edificio de lujo a cualquier costo. Recordemos que los $120.000 millones que cuesta la construcción del edificio de lujo en el lote de la calle 82 con 11, incluido dentro del cobro de valorización que fue aprobado, estaban ya en este proyecto de presupuesto como recursos ciertos. $80.000 millones aparecían dentro del proyecto de inversión 992 de la secretaría de cultura (“patrimonio e infraestructura cultural fortalecida”) y los otros $40.000 millones saldrán de las utilidades de la empresa del Acueducto.

    Fuente: presentación de la secretaría de cultura ante la comisión de hacienda, octubre 16 de 2018, diap. 9.

    Luego del primer debate de este proyecto, esos $80.000 millones del distrito que ya no se usarían en el edificio fueron transferidos a dos entidades: $20.000 millones para al cuerpo de bomberos para atender temas judiciales, y los $60.000 millones restantes para el IDU, que fueron incluidos en el proyecto 1061, “infraestructura para peatones y bicicletas”.

    De esa manera, estos recursos importantísimos quedaron en manos de una entidad que tiene la peor ejecución presupuestal de la administración central. De los $2,48 billones que tuvo asignados para este año, solo efectuó giros por $297.172 millones. ¡Apenas el 12% del monto asignado!

    El proyecto de andenes y ciclorrutas es sin duda importante, pero dicho proyecto ya tiene una asignación presupuestal de $389.446 millones para el 2019, un 263,8% más de lo que tuvo este año. En cambio, como ha explicado el rector de la Universidad, las necesidades de recursos de la Distrital son perentorias, sobre todo para asegurar su proceso de re acreditación.

    La Universidad Distrital está mostrando resultados importantes. El ministerio de educación, a través de la resolución 23096 del 15 de diciembre de 2016, otorgó la acreditación de alta calidad por cuatro años a la Universidad. ¿Por qué le cuesta tanto a esta administración darle un peso más a una universidad con estos logros?

     

    A la jornada única, crucial para mejorar la calidad de la educación, le quitan el 19,2% de su presupuesto

    La secretaría de educación tiene un proyecto de inversión (el 1056, “mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar”) dedicado a ampliar los cupos de jornada única y de jornada extendida. Este año, se destinaron $34.961 millones al proyecto. Pero el año entrante, ese proyecto de inversión – crucial para cerrar las brechas entre colegios públicos y privados – va a recibir menos recursos: va a pasar a tener $28.264, es decir, un 19,2% menos de presupuesto.

    Además, los recursos del proyecto no se destinan en su totalidad a la ampliación de los cupos de jornada única. Sólo el 53,1% de ellos (es decir, $18.832 millones) están orientados a dicha meta. El 46,9% restante (16.129 millones) van para jornada extendida.

    ¿En qué va esa meta?

    Esta administración se comprometió, en el plan de desarrollo, a llegar a 249.000 estudiantes en jornada única. Cumplir esa meta representaría tener al 32% de los estudiantes del distrito (que hoy son 780.000) todo el día en el colegio. Este año, se destinaron $34.961 millones al proyecto. A finales de septiembre, la secretaría había ejecutado efectivamente el 63,4% de estos recursos ($22.165 millones en giros). Específicamente en la ampliación de la jornada única, la secretaría ha programado invertir $39.682 millones entre 2016 y 2018. Según el reporte de segplan (que no muestra giros), se han ejecutado $38.035 de estos recursos (el 95,8%).

    Con esta inversión, la secretaría creó 14.645 cupos nuevos para jornada única entre 2016 y 2017; ha abierto otros 19.693 cupos entre 2017 y 2018. De esa manera, esta administración ha creado 34.284 cupos nuevos en jornada única. En total, en la ciudad hay 102.274 estudiantes que van al colegio en jornada única. De esa manera, luego de tres años de gobierno, la administración va en el 41,1% de la meta.

    ¿Por qué es tan importante la jornada única?

    La diferencia entre la jornada única y la jornada extendida como mecanismos para aumentar el tiempo de permanencia en el colegio es importante: mientras la jornada única busca extender las actividades curriculares de los estudiantes a 8 horas diarias (de la misma manera que funcionan los colegios privados), la jornada extendida es prácticamente la misma jornada partida, con unos estudiantes en la mañana y otros en la tarde, que tienen unas horas complementarias en las que llevan a cabo actividades extracurriculares. La jornada única es el principal mecanismo para mejorar efectivamente la calidad de la educación en el distrito.

     

    De 30 colegios nuevos en lote nuevo definidos en el plan de desarrollo, apenas hay 8 en obra

    De los 30 colegios nuevos que prometió el alcalde, no se ha entregado ninguno. Esta administración sólo tiene ocho en obra y este año apenas entregaría dos. Este es el balance de construcción de nueva infraestructura educativa al terminar el tercer año de gobierno:

    La administración ha entregado dos colegios, la Felicidad (en Fontibón) y el Jorge Mario Bergoglio (en Suba). Ambos fueron contratados en 2015, durante la administración pasada.

    • Hay ocho colegios en construcción. De esos ocho, dos deberían ser entregados este año: el Porvenir II y el Volcán de la Pradera (ambos en Bosa). Las fechas estimadas de entrega estaban para el 27 de octubre y para el 24 de noviembre, respectivamente, según la última visita a campo que hice con mi equipo el 13 de julio. Ninguno de estos dos colegios, uno de los cuales ya terminó obra, ha sido entregado.
    • Los demás colegios, que deberían ser entregados durante el próximo año, tienen avances que, de acuerdo al segplan, oscilan entre el 0% (en el caso de Ciudad de Techo, que sigue suspendido) y el 75% de las obras (en el caso de Madelena).
    • Ocho colegios más están en diseños, y hay once lotes en proceso de gestión predial.

     

    De 13 jardines infantiles definidos en el plan de desarrollo, apenas 1 ha sido entregado

    Esta administración solo ha entregado un jardín: el Travesuras de Colores (Rafael Uribe). La obra fue iniciada el 31 de mayo de 2016.

    ¿En qué van los otros 12 jardines restantes para cumplir la meta?

    • Dos jardines, el Nogal (Barrios Unidos) y el Principito (Fontibón) están en obra.
    • Otros 10 tienen contratos vigentes para los estudios, diseños y obtención de licencia de construcción, según el reporte de segplan.
    • De esos 10, 7 han recibido la licencia para construir: San José de Maryland (Bosa), Fortaleza (Usme), Bolonia (Usme), las Acacias (Rafael Uribe), Altos del Virrey (San Cristóbal), José A Santamaría (Tunjuelito) y Recreo (Bosa). Los dos últimos se incorporaron al reporte de cumplimiento de meta después del 30 de septiembre. La secretaría ya adjudicó las licitaciones de obra para dos jardines con licencia: los de San José de Maryland y Fortaleza.

    Los otros 3 proyectos se encuentran radicados en las curadurías urbanas: el Campo Verde (Bosa) ya obtuvo licencia; el Berta Russi (Santafé) y el Santa Teresita (San Cristóbal) siguen en trámite.

    La administración se trazó una meta muy modesta en un tema crucial para reducir la inequidad en la ciudad

    Esta administración se trazó una meta muy modesta para la atención de la primera infancia, como lo he repetido en varias ocasiones: 13 jardines nuevos. Ampliar la oferta de jardines infantiles es una acción concreta para reducir la inequidad. Según el Dane, en su encuesta multipropósito de 2014, de los 571.000 niños entre los 0 y los 5 años que viven en Bogotá, únicamente el 43% asiste a un jardín u hogar comunitario, es decir 251.000 niños. De los 321.000 niños restantes que no reciben atención institucional, el 62% vive en hogares de estrato 1 y 2. Esto corresponde a 201.000 niños. Por un lado, los jardines son espacios de formación temprana de habilidades. Y, por otro, permiten que las personas a cargo de las niñas y niños, generalmente las madres, se puedan dedicar con mayor autonomía a sus actividades productivas.

     

    La infraestructura en salud sigue empantanada y en maromas presupuestales

    Los dos principales proyectos de infraestructura en salud de esta administración nada que arrancan: para el hospital de Usme hay un registro en secop del 4 de diciembre, de un convenio hecho entre el fondo financiero de salud y la subred de salud del sur para construir dicho hospital. Con esta maroma presupuestal, la administración va a justificar la ejecución de las vigencias futuras aprobadas para este proyecto, por $232.328 millones. Pero esto no significa que la obra se esté llevando a cabo.

    ¿Algo similar ocurrirá para la reposición del hospital Santa Clara? En el secop aún no hay ningún avance de este hospital, al que se le aprobaron vigencias futuras de $431.668 millones.

    Balance de ejecución

    Recordemos que el proyecto de inversión 1191 del fondo financiero de salud, “actualización y modernización de la infraestructura en salud”, tuvo recursos este año de $ 357.270 millones y, con corte a 31 de octubre, la secretaría había ejecutado escasamente el 0,33% ($1.186 millones). Sólo han terminado una de 33 obras propuestas, una adecuación de las urgencias del hospital de Suba.

     

    Sin una política dirigida específicamente a las víctimas, la administración da palos de ciego y no cumple con sus obligaciones

    Las víctimas que están siendo atendidas en el distrito reciben la atención disponible para la población vulnerable que vive en la ciudad. Los programas que están orientados directamente a las víctimas – 349.216 personas, según el registro único de víctimas – no reconocen las características especiales que requiere la restitución de sus derechos. Veamos los principales sectores involucrados en su atención.

    La mayoría de las víctimas tienen apenas tres grados de escolaridad, pero no hay programas diseñados para responder a las necesidades particulares de esa población.

    Según el registro único de víctimas, la mitad de las víctimas no terminó el bachillerato y la mayoría tiene tan solo tres grados de escolaridad, cuando el promedio en Bogotá es de nueve. ¿Cómo se está atendiendo este problema? Según datos de la secretaría de educación, en la ciudad hay 66.935 estudiantes víctimas del conflicto que asisten a colegios oficiales. Estos estudiantes representan el 8,58% de la matrícula oficial del distrito, que es de 780.052 estudiantes.

    La secretaría dice que atiende a los estudiantes víctimas con los recursos asignados para ocho proyectos de inversión. Cada uno de estos proyectos, según el anexo 4 del proyecto de presupuesto, “va dirigido a todas las poblaciones, según demanda”. Eso significa que no hay una orientación específica a las víctimas del conflicto, sino apoyo educativo a todos los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

    Sólo en dos casos encontramos un énfasis en la atención a víctimas: una estrategia de alfabetización para adultos que incluyó tres grupos de estudio de comunidades indígenas, en el que atendieron a 34 personas (11 Wounaan, 15 Emberá y 8 Misak). El otro es un “fondo para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado”, que en todo el año benefició a 154 estudiantes víctimas.

    Ahora, ¿cuántas víctimas tienen salud?

    En el 2018, el presupuesto que tuvo la secretaría de salud para atender víctimas del conflicto fue de $145.413 millones. Esos recursos se destinaron fundamentalmente a dos cosas.

    Primero, $140.614 millones, el 96,7% de la asignación, se destinaron para el aseguramiento de las víctimas al régimen subsidiado de salud. Con esos recursos se afiliaron a 142.296 víctimas al régimen subsidiado de salud y fueron atendidas otras 2.665 víctimas que no estaban aseguradas. Se garantizó, así, el acceso básico a salud al 41,5% de las víctimas que vive en Bogotá (144.961 de 349.216). ¿Qué pasa con las otras 204.255 víctimas que no están afiliadas al régimen subsidiado ni obtienen atención de la red pública de salud?

    Segundo, $4.362 millones, apenas el 3% del monto total fue asignado a la rehabilitación psicosocial. Con esos escasos recursos destinados a la atención psicosocial, la secretaría de salud reporta haber atendido a 2.151 personas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2018. Esto representa apenas el 0,6% de las víctimas que viven en Bogotá, y el 1,5% de las víctimas afiliadas al régimen subsidiado de salud.

    Atraso económico para las víctimas

    La personería distrital, que ha seguido de cerca el cumplimiento de las obligaciones con las víctimas, publicó el “informe de seguimiento a los componentes de asistencia, atención y reparación integral de la política pública de víctimas en la ciudad de Bogotá D.C., 2012-2018”. Según la personería, la población económicamente activa de víctimas en la ciudad es de 243.000 personas. Entre 2012 y 2018, apenas se han caracterizado 17.614 de ellas (el 7,2%). Además, la secretaría de desarrollo económico ha invertido, entre 2016 y 2018, $3.475 millones en un fondo de emprendimiento que ha resultado en apenas 141 empleos generados. La conclusión de la personería es que este programa es inocuo. Veamos qué ha hecho esta entidad para crear oportunidades económicas para las víctimas.

    La secretaría de desarrollo económico destinó en 2018 $1.131 millones para procesos de capacitación, emprendimiento y formalización laboral que incluyeron población víctima del conflicto. Los logros son absolutamente marginales:

    • Como parte de la capacitación a tenderos y la organización de mercados campesinos, capacitaron en temas empresariales a 182 víctimas.
    • Su programa de emprendimiento atendió a 16 víctimas.
    • En un evento de microempresas de la alta consejería para las víctimas, la secretaría caracterizó a 14 unidades productivas.
    • Han hecho tres convocatorias de empleo dirigidas específicamente a víctimas el 15 de marzo, el 17 de mayo y el 14 de junio. Allí atendieron a 837 personas, y 489 de ellas fueron remitidas a otros empleadores. Se vincularon laboralmente apenas 77.

    Por su parte, el Ipes atendió víctimas como parte de su programa de alternativas para vendedores informales. Esta entidad les dio empleo formal a 32 víctimas. 24 de ellas fueron empleadas en ferias institucionales o de temporada, es decir, en unas labores de carácter ocasional.

    En vivienda, la administración Peñalosa abandonó a las víctimas

    El informe de balance de la política pública para las víctimas del conflicto armado en Bogotá, hecho por la personería distrital, reporta un total de 87.669 hogares víctimas en la ciudad, de los cuales 75.441 todavía necesitan vivienda. Frente a semejante desafío, los avances de la secretaría de hábitat son abismales pues, como demostré desde el debate de presupuesto del año pasado, la administración se concentró en acompañar a las víctimas a hacer trámites, no a garantizarles su vivienda:

    • Vincularon escasamente a 135 hogares víctimas en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, a tres proyectos de vivienda en la localidad de Bosa.
    • Hasta el 30 de septiembre se habían inscrito 2.101 hogares en el sistema de Información del programa integral de vivienda efectiva (PIVE). El acompañamiento, como demostré en el debate de presupuesto del año pasado, sólo se proporciona hasta la presentación a los programas y no garantiza en absoluto que se consiga una solución de vivienda definitiva.
    • Realizaron cinco encuentros con la mesa distrital de víctimas para elaborar un documento de recomendaciones para la atención a las víctimas en temas de vivienda. A poco más de un año para terminar el cuatrienio del gobierno del alcalde Peñalosa y a tres años de que pierda su vigencia la ley de víctimas, ni siquiera se han definido las recomendaciones para atender a las víctimas en Bogotá en un tema tan crucial como el acceso a vivienda.

    Por su parte, la caja de vivienda popular tiene la meta para este año de asignar 330 subsidios a hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, pero hasta finales de septiembre solo se habían asignado 56, y de esos, solo 3 han beneficiado a familias víctimas.

    Esta entidad también definió la meta de “atender el 100% de los hogares que se encuentren en relocalización transitoria” para este año. No hay un reporte de cuántas de las personas o familias beneficiadas son parte de la población víctima residente en la ciudad, por lo que no es posible saber si reciben algún beneficio ni en qué medida lo hacen.

    El proyecto de acuerdo en discusión aclara en el anexo 4 que la atención en vivienda a la población víctima del conflicto no es parte de la misionalidad de la entidad y, por tanto, no se asociarán conceptos de gasto para atender víctimas, fuera de los asociados en presupuesto vigente y, se seguirán asignando recursos por demanda para posterior identificación de las víctimas del conflicto armado. En otras palabras, no hay recursos garantizados ni metas específicas para la garantizar el acceso a vivienda a las personas víctimas del conflicto residentes en la ciudad.

    La mayoría de víctimas son mujeres

    De las 349.216 víctimas residentes en Bogotá e incluidas en el registro único de víctimas, hay 177.970 mujeres, que representan el 50,96% del total. Al revisar cuáles son las afectaciones diferenciales por sexo y hechos victimizantes declarados en Bogotá, hay una gran concentración de mujeres víctimas en los delitos contra la integridad sexual: el 86,2% de tales delitos fueron cometidos contra mujeres (2.645 mujeres).

     

     

    La administración continúa por un camino errado para la protección del medio ambiente de la ciudad

    En la secretaría de ambiente preocupa el marcado rezago en los proyectos que tienen que ver con la recuperación y la protección de los ecosistemas naturales de la ciudad. Mientras nos enfrentamos a una emergencia ambiental de carácter global, esta administración sigue empeñada en reducir la naturaleza que nos queda en la ciudad. Quiero mostrarles tres ejemplos:

    El capricho con el sendero panorámico de los cerros

    El sendero panorámico de los cerros quedó integrado al plan de desarrollo como una de las intervenciones más importantes que haría esta administración sobre la estructura ecológica del distrito. La secretaría de ambiente ha afirmado que su proyecto respeta el plan de manejo (que prohíbe obras duras sobre la reserva), pero no se conocen las características físicas del sendero ni su impacto ambiental.

    Dos tercios de los recursos de inversión de la secretaría de ambiente, $223.438 millones, estarían dirigidos a la construcción de dicho sendero durante el próximo año, a pesar de que el proyecto aún ni no cuenta con estudios terminados, ni con licencia ambiental.

    En la respuesta que remitió la secretaría de ambiente a mis preguntas durante la presentación del presupuesto, confirmó este atraso frente al proyecto: no han radicado el estudio de impacto ambiental frente a la ANLA, que están haciendo desde diciembre de 2017. Esta entidad luego tendría hasta seis meses para su evaluación.

    No hay acciones de fondo para recuperar a los humedales de Bogotá

    Como expliqué en el debate que realicé sobre la importancia de los humedales en época de emergencia ambiental, el 13 de agosto de este año, el plan de intervención para recuperar los humedales bogotanos está rezagado en su ejecución. De $1.220 millones disponibles para este año, la secretaría de ambiente sólo ha ejecutado $100 millones. Esto representa una ejecución del 8,18% a 30 de septiembre, según el reporte de segplan.

    Además, las acciones que ha llevado a cabo la secretaría con dicho plan no van al fondo del problema que detectamos en el debate, de modo que ocho de los quince humedales de la ciudad siguen siendo tierra de nadie. La secretaría hace un trabajo de señalización, limpieza de escombros y de las rondas hídricas, retiro de cambuches y de consumidores de droga. Estas son acciones necesarias, pero no conducen a que los vecinos se apropien y cuiden del humedal – un elemento que, como demostré en el debate, es fundamental para su supervivencia.

    Estas acciones tampoco revierten la pronunciada pérdida de áreas de humedal que ha vivido la ciudad durante las últimas décadas. Recordemos que Bogotá pasó de tener 1.101 hectáreas de cuerpos de agua en 1950, a 72,86 hectáreas en 2017, una pérdida del 93,4% del total de cuerpos de agua de humedal que tenía a mediados de siglo pasado.

    No se está midiendo bien la contaminación del aire

    La secretaría de ambiente aún no asume con seriedad el problema del diésel y su impacto sobre la salud. El proyecto de inversión 979, “control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital”, incluye el monitoreo de fuentes fijas y móviles de contaminación del aire, donde se encuentra el control a los vehículos que funcionan con diésel. La secretaría se puso como meta revisar las emisiones de 31.000 vehículos, con prioridad a los que funcionan a diésel, en el 2018; a septiembre 30, habían revisado 16.783 (54,14%). Sin embargo, no hay en estas metas una dedicación presupuestal exclusiva para la vigilancia y el control de los vehículos diésel en Bogotá.

    ¿Qué va a hacer la administración para mitigar el impacto nocivo del diésel en la salud de los bogotanos? Luego de que el decreto 335 de 2017 derogó las disposiciones regulatorias del plan decenal de descontaminación del aire (eliminó las medidas contenidas en el plan para la instalación de filtros reguladores de la emisión de material particulado), no ha aparecido un camino para reducir las emisiones de fuentes móviles. Además, el estudio de la universidad de los Andes publicado en marzo de 2017, llamado “exposure to fine black particulate, black carbon, and particle number concentration in transportation microenvironments”, encontró concentraciones de material particulado mayores a los que reportan las estaciones de monitoreo de calidad del aire. ¿Qué está pasando con esas estaciones? ¿Cuál es su estado operativo? Le pregunté al secretario de ambiente en la presentación del presupuesto y aún no me ha contestado.

    Es fundamental contar con mediciones y estudios precisos sobre la calidad del aire que respiramos, sobre todo si la ciudad va a seguir moviéndose con un sistema de transporte masivo que depende del diésel.

     

    Los recursos para grandes obras culturales siguen sin ser ejecutados

    Al sector cultura se le han asignado recursos cuantiosos para hacer intervenciones de fondo en la infraestructura cultural y deportiva de la ciudad. Sin embargo, el presupuesto para estas grandes obras sigue sin ser ejecutado. Veamos dos ejemplos.

    El IDRD esconde con canchas sintéticas la baja ejecución en los parques

    Esta entidad concentra más de la mitad de los recursos del sector cultura (el 56,1%). ¿A dónde se dirige el grueso de los recursos? Durante el 2018, de los $647.344 millones que tuvo la entidad para invertir, $542.321 (el 81,3%) estaban dedicados a dos proyectos para construir y mantener parques (los proyectos de inversión 1082 y 1145). Los giros acumulados de estos dos proyectos alcanzan apenas el 5,11% de los recursos, $27.762 millones.

    No obstante, la administración ha publicitado la entrega de 33 nuevas canchas sintéticas como un logro en la ejecución de los recursos. Sin embargo, los recursos invertidos para construir y mantener estas canchas representan apenas el 6,5% de todo el presupuesto de inversión del IDRD.

    Mentiras sobre la filarmónica

    Recordemos que, en la discusión del presupuesto del año pasado, la directora de la orquesta, Sandra Meluk, dijo que este proyecto iba a quedar en cabeza de la secretaría de cultura:

    Afirmó también que en diciembre de 2017 se iban a firmar unos convenios entre la orquesta, la secretaría y la ERU para construir la sede en el barrio Fenicia. Efectivamente, el 17 de diciembre de 2017 firmaron un convenio la secretaría, la ERU y la Alianza Fiduciaria, para adelantar la gestión predial del proyecto. Pero luego se demoraron casi un año en modificar el decreto del plan de renovación urbana del barrio Fenicia para incluir el proyecto del edificio de la orquesta (se hizo el 22 de noviembre de este año).

    Además, no es clara la destinación de recursos para este proyecto. Al revisar la programación de inversión en segplan de las dos entidades involucradas (la secretaría de cultura y la ERU) hay dos proyectos que incluyen recursos para infraestructura cultural y renovación urbana: el proyecto 992 de la secretaría de cultura, “patrimonio e infraestructura cultural fortalecida”, y el proyecto 84 de la ERU, “gestión de suelo y desarrollo de proyectos”. En ninguno de ellos aparece un rubro específico para esta obra.

     

    La coordinación de las grandes obras de movilidad puede resultar en un infarto para la ciudad

    El contrato para dirigir toda la obra del metro, por $91.000 millones, fue entregado a un único proponente que va a supervisar todos los frentes de obra del minimetro que quiere construir el alcalde. El consorcio ganador, PMO Bogotá (conformado por tres empresas, una colombiana, una chilena y una francesa), tendrá la responsabilidad de manejar la construcción de la obra durante siete años. Los antecedentes que tenemos en la contratación de infraestructura pública en el país, como aquellos de los puentes de Chirajara e Hisgaura, demuestran los riesgos que hay cuando la contratación está concentrada en una empresa o un grupo empresarial sin una supervisión adecuada.

    Además, el proyecto sigue empantanado. Durante el 2018, según segplan, la empresa metro ejecutó escasamente el 1,18% de los recursos de inversión: $18.364 millones de los $1,55 billones que tenía a su cargo. Para el próximo año, la entidad contará con recursos de $445.000 millones para cumplir con compromisos de inversión que no se giren al cierre de 2018. El reporte de segplan explica que el rezago se dio porque en julio se declaró desierto el proceso para elaborar el estudio de insumos prediales.

    Por otra parte, Systra, la empresa francesa que hizo los estudios iniciales del metro de esta administración, recomendó que la troncal de la Séptima debería estar lista para cuando comenzara a construirse la Caracas, con el objetivo de que allí se atendiera la demanda de transporte mientras se construye el metro por la Caracas. Pero los tiempos de las dos obras se están sobreponiendo. Dicha troncal, por lo tanto, no estaría en capacidad de absorber los pasajeros de la Caracas, y la ciudad quedaría infartada en su eje principal de movilidad.

    Otro posible infarto está en la adecuación de las estaciones de transmilenio. Como resultado de la licitación que esta empresa adjudicó el pasado 2 de noviembre, van a entrar a funcionar 681 buses biarticulados. Las obras para adaptar 46 estaciones que no tienen parada para biarticulados debían estar listas para enero de 2020, según los prepliegos de la licitación. Sin embargo, los pliegos definitivos ampliaron el plazo para ejecutar las obras hasta junio de ese año. Luego, en las respuestas del IDU a mis preguntas durante la presentación del presupuesto, la entidad afirmó que las obras se realizarán en tres grupos:

    • Un grupo de 15 estaciones, cuya etapa de construcción finalizaría entre el 4 de diciembre de 2019 y el 17 de marzo de 2020.
    • Un segundo grupo de 9 estaciones con contrato de construcción hasta el 30 de marzo de 2020.
    • Otro grupo de 22 estaciones que tendrían contrato de construcción hasta el 31 de julio de 2020.

    En contraste con este cronograma, el anexo H de la licitación detalla las fechas de entrada en operación de la flota de cada una de las troncales. En cuatro troncales (Américas, Calle 80, Norte y Usme) la flota nueva empezaría a operar entre junio y noviembre de 2019. En las otras dos (Suba y Tunal) la flota empezaría a entrar entre marzo y mayo de 2020. En prácticamente todos los casos, los nuevos biarticulados estarían operando con las estaciones aún en obra.

    Fuente: Anexo H de la licitación pública 01 de 2018 de transmilenio.

     

    La administración ha gastado $69.408 millones en campañas de cultura ciudadana que no han servido para nada

    La administración distrital ha seguido empeñada en hacer unas campañas de cultura ciudadana que no han tenido eco en los bogotanos. Entre 2016 y 2018, 12 entidades han dedicado recursos a temas de cultura ciudadana a través de 13 proyectos de inversión. Específicamente, estos 13 proyectos tienen 18 metas que hablan de campañas de cultura ciudadana, en las que se han presupuestado $88.897 millones y, según segplan, se han ejecutado $69.408 millones. Se han destinado cuantiosos recursos a una tarea cuyos resultados, en el mejor de los casos, no son visibles.

     

    ¿Quiere leer más?

    Aquí puede encontrar el documento de balance sobre el presupuesto distrital que preparé junto con mi equipo.

    El análisis del presupuesto distrital fue llevado a cabo, bajo mi conducción, por Juan Sebastián Moreno y Natalia Rubiano. Ana Milena Prada y Cristian Rodríguez trabajaron en el componente visual y de comunicaciones de mi intervención en la comisión de hacienda, el 30 de noviembre de 2018.

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  • ¿Quién vigila a los 2764 jardines privados que hay en Bogotá?

    Hoy no existe un seguimiento continuo y permanente a los jardines privados en Bogotá. La vigilancia a los 2764 jardines privados, aparentemente legales, que tiene Bogotá, no permite a la administración definir si un proyecto pedagógico es adecuado, si las instalaciones cumplen los requisitos normativos e incluso si un jardín es pirata.

    Este investigación versa sobre aquellas preguntas que son cruciales para los padres y, en el caso de los jardines privados, si existe un sistema de información que les pueda orientar para tomar una elección. Por ejemplo, en el caso de las universidades existe un sistema nacional de acreditación que permite conocer cuántas de ellas están acreditadas, por cuántos años, en qué condiciones y qué carreras están acreditadas. En el caso de los jardines infantiles privados no se tiene este sistema. Además, no está claramente establecido si hay una evaluación permanente de la calidad en los jardines privados.

     

    Las normas para regular a los jardines no definen un solo responsable para vigilar a dichas instituciones

    El acuerdo 138 de 2004, expedido por el concejo, determina que se entenderán como jardines infantiles todos los establecimientos públicos y privados, que atiendan niños y niñas en educación inicial, de edades entre cero y menores de seis años. Por su parte, el decreto distrital 057 de 2009 divide las funciones de inspección, vigilancia y control de la educación inicial. La secretaría de educación tiene a su cargo aquellas instituciones educativas que ofrecen grados de pre-escolar y con matrícula de niñas y niños de 3 a 6 años de edad.

    Estas funciones se determinan de acuerdo con el artículo 10 de la ley 115 de 1994, que define qué se entiende por educación formal. Dicha norma la define como “aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos”. En su artículo 11 esta misma norma establece los niveles de la educación formal:

    a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;

    b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y

    c) La educación media con una duración de dos (2) grados.

    La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente.

    Por su parte, la secretaría de integración social tiene competencia sobre los jardines públicos y privados que no ofrecen estos grados de preescolar y que tienen niños entre los 0 y 5 años de edad, mientras que la secretaría de integración es quien expide el registro de educación inicial a partir del cual se verifican los estándares de calidad para la prestación del servicio en los jardines privados.

    Luego de haber presentado las diferencias en las competencias entre las secretarías, vemos que hay un total de 2764 jardines distribuidos de la siguiente manera: 1214 jardines privados con licencia, según información aportada por integración social el 27 de agosto y con corte a 31 de junio de 2018; y 1550 jardines privados reportados por la secretaría de educación con corte a 31 de marzo de 2018, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:

    Además, la secretaría de integración social informó que se programa al menos una vez al año visitar los 1214 jardines privados que ella vigila. Esto es acorde con la resolución interna 325 de 2009 expedida por la secretaría de integración social. Sin embargo, para la secretaría de educación no existe obligatoriedad para visitar la totalidad de las 1550 instituciones que están bajo su inspección y vigilancia.

    Desde enero de 2016 al 27 de agosto de 2018, de las 1550 instituciones que mencioné que son vigiladas por la secretaría de educación, solo 13 cuentan con un proceso administrativo sancionatorio. De esos 13, se archivaron 3 por cierre voluntario del establecimiento, 2 en etapas preliminares, 2 se encuentran en etapa de inicio, 2 en etapa de cargos, 2 en etapa de pruebas y 2 en etapa de alegatos.

     

    Si únicamente actúan vía quejas o peticiones y no de oficio, no es posible determinar cuántos jardines ilegales existen

    El capítulo III del decreto distrital 243 de 2006 establece las condiciones mínimas para la expedición de la licencia. Estas son: ubicación, infraestructura, proceso pedagógico, proceso nutricional, seguridad y recurso humano. El artículo 17 de este decreto, como pueden ver en el siguiente texto, establece que deben existir dos metros cuadrados construidos por niña o niño.

    Del mismo modo, el artículo 21 determina que debe existir una maestra o maestro por cada 20 niñas o niños.

    El decreto 243 de 2006 reglamentó el acuerdo 138 de 2004, expedido por el concejo, que regula el funcionamiento de los jardines infantiles. Desde el artículo tercero de este acuerdo se estableció la norma de los dos metros, como pueden ver a continuación:

    No obstante, al consultar a integración social para esta investigación, nos informan en respuesta de agosto 27 de 2018 que dentro de su instrumento único de verificación no se mide ni el número de maestras o maestros por estudiante, ni los metros cuadrados del lugar. ¿Se están expidiendo licencias a jardines privados sin requisitos mínimos que el acuerdo del concejo establece?

     

    Pero ni con las quejas la administración hace una vigilancia cercana

    En las respuestas a la proposición para esta investigación (ambas remitidas el 27 de agosto de 2018), tanto la secretaría de educación como la de integración explicaron el tipo de control que ejercen sobre los jardines. Veamos: de las 20 localidades, la secretaría de educación solo reporta visitas en 13 de ellas. No se evidenció inspección en Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe ni Sumapaz. Por su parte, de las 20 localidades, la secretaría de integración social solo reporta visita en 15 de ellas. No se evidencia inspección en Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño ni Sumapaz. Tampoco se indica si las inspecciones llevadas a cabo se realizaron a raíz de denuncias.

    Dichas visitas son escasas en comparación con las quejas que ha recibido la administración, según estadísticas informadas en publicación del día 5 de julio de 2018 en el portal de la secretaría general de la alcaldía de Bogotá. Entre enero y diciembre de 2017 se presentaron 425 quejas y fueron radicadas directamente otras 401 quejas por fallas en el funcionamiento de jardines privados para un total de 826 requerimientos.

    Si se han recibido 826 quejas, ¿por qué la secretaría de educación y la de integración social no reportan el avance o estado de las que ellos mismos asumieron desde 2017?

    En el debate de control político que realicé en el concejo sobre esta investigación el 17 de diciembre, también participó la doctora Carmen Teresa Castañeda, personera distrital, quien expuso las tareas de seguimiento que ha realizado con los jardines infantiles públicos y privados. Respaldando nuestra proposición, manifestó preocupación por las competencias entre las entidades para ejercer la inspección y vigilancia de los jardines infantiles, sean privados o públicos.

     

    De 1214 jardines privados, la secretaría de Integración social sólo ha visitado 708 jardines, el 58,3%, y de 1550 jardines privados la secretaría de educación solo informa haber visitado 13, el 0,83%

    La secretaría de integración registró 1214 jardines privados bajo su supervisión en respuesta a la proposición para este debate, con corte a 31 de julio de 2018. De estos, sólo se han visitado 708, es decir, el 58,3%. El panorama en la secretaría de educación es aún más crítico. Usando la misma información suministrada por la secretaría de educación encontré que, de las 1550 instituciones que vigila esta entidad, sólo se han supervisado o se han recibido quejas de 13 (con corte a 31 de marzo de 2018), lo cual representa tan solo un 0,83% de los jardines privados sin licencia de funcionamiento que detectaron gracias a las quejas de la ciudadanía.

    De los jardines privados con licencia de funcionamiento informaron de 25 procesos administrativos sancionatorios desagregados por tipologías como: útiles inútiles, violación al derecho a la educación, falta de licencia de funcionamiento, incumplimiento en su estructura administrativa, incumplimiento de requisitos ordinarios, cobros superiores o diferentes a los autorizados, incumplimiento al procedimiento por cierre temporal o definitivo, contratar docentes sin requisitos de ley, inobservancia ley 1620 de 2013 (ruta de protección contra el matoneo).

     

    No hay normas para regular aspectos fundamentales de la operación de los jardines privados

    Hay varios elementos que están huérfanos en términos de regulación:

    Conflicto de competencias entre las secretarías de integración social y educación

    El concepto de educación formalidad o informalidad que se presenta en el acuerdo distrital 057 de 2009, genera un conflicto de competencias a la hora de realizar la inspección, vigilancia y control de un jardín infantil. Dicho acuerdo, en su artículo primero, contiene el ámbito de aplicación y explica que la secretaría de integración ejercerá inspección, vigilancia y control a personas naturales y jurídicas privadas que presten el servicio de atención integral. Luego menciona que la inspección, vigilancia y control a las instituciones que prestan a la vez servicios de atención integral y de educación formal, serán reguladas por las dos secretarías a partir de un procedimiento unificado.

    Sin embargo, no existen criterios que determinen la formalidad del jardín infantil desde el punto de vista del servicio que presta. Este servicio puede ser solo de atención integral, vigilado por la secretaría de integración social, o puede ser de educación inicial, que vigila la secretaria distrital de educación.

    La tarifa

    En la actualidad, este aspecto solo se regula en los establecimientos que están bajo la vigilancia de la secretaría de educación de acuerdo con el decreto nacional 1075 de 2015; para los establecimientos que no prestan servicio de educación inicial, es decir, los que están vigilados por la secretaría de integración social, no existe un sistema tarifario de matrículas.

    Programas pedagógicos

    Está ausente un programa pedagógico unificado, y un sistema de currículo que haga referencia a los objetivos, metodología de evaluación, competencias entre otros, porque la ley no obliga a los establecimientos a tenerlo.

    La personera distrital, Carmen Teresa Castañeda, en la misma intervención del 17 de diciembre, manifestó su preocupación haciendo énfasis en la necesidad de metodologías pedagógicas que deben implementarse para promover en los niños y las niñas unas diferentes formas de pensar. Veamos lo que afirmó la señora personera:

    La resolución 325 de 2009 de la secretaría de integración social, afirma que hacen parte de ella los lineamientos y estándares definidos para el proceso pedagógico. En septiembre de 2017 integración social publicó los “estándares técnicos para la calidad de la educación inicial” en los que definió al proyecto pedagógico como

    “un elemento orientador de las prácticas desarrolladas en el jardín infantil. Éste debe dar cuenta de las estrategias y perspectivas didácticas implementadas; debe ser registrado en un texto dinámico, flexible y dotado de Identidad, coherencia, pertinencia, construcción participativa y su divulgación entre la comunidad del jardín infantil es permanente”.

    Estos estándares se limitan a presentar generalidades que no permiten aclarar cuándo sí se determina un aval, o no, para dicho proceso pedagógico.

    Además, la resolución interna de la secretaria de integración que he venido mencionando, la 325 de 2009, tiene dentro de los estándares de inspección y vigilancia el formato único de verificación. No obstante, existe un vacío pues actualmente la secretaría de integración social, solo vigila a los jardines que están registrados o a los que son denunciados; pero no cuenta con un protocolo que le permita detectar jardines “piratas”. La secretaria de educación, como vimos, sólo visita los establecimientos denunciados.

     

    No tienen cómo detectar los jardines piratas

    El proceso pedagógico presente en los lineamientos y estándares técnicos para la calidad de la educación inicial de la integración social, presenta unos requisitos, pero no especifica los contenidos mínimos. Dice que no debe ser mayor a dos años para contar con el aval, y debe contar con un mecanismo actualizado que permita “evidenciar la organización de las actividades pedagógicas”.
    Los hallazgos de las visitas de la secretaría de integración social, informados en respuesta a esta proposición, indican que la mayoría de los jardines tiene problemas en sus proyectos pedagógicos.
    Recordemos que la secretaría de integración social reportó un total de 1214 jardines infantiles privados inscritos. De estos, entre 2016 y julio de 2018, 544 radicaron proyectos pedagógicos. Sólo 296, el 24,4%, recibieron aval de la secretaría.

    270 jardines de 1240 no recibieron aval y se desconocen las razones por las cuales se negó. Aun así, no se tiene información (con o sin aval) de 670 jardines infantiles privados.
    La secretaría de integración social en respuesta del 27 de agosto informó que existe un estándar básico y un plan de mejoramiento. El estándar básico hace seguimiento a los componentes de nutrición y salubridad, ambientes adecuados y seguros, proceso pedagógico, talento humano y proceso administrativo. El plan de mejoramiento se aplica cuando no se cumplen dichos estándares.

    La secretaría de integración realizó 708 visitas de vigilancia en el 2018 y como resultado, reportaron que sólo 190 instituciones tienen estándares básicos y 178 cuentan con plan de mejoramiento continuo para el cumplimiento de los componentes. ¿Qué pasa con los demás 846 jardines privados que vigila esta entidad? ¿No cumplen con ningún estándar?

    Es imposible, con las competencias actuales tanto de la secretaría de integración como la de educación, que se puedan detectar jardines sin licencia o jardines piratas de manera preventiva. Solo podrían ser detectados a raíz de quejas que, como ya vimos, tampoco han sido tramitadas en su totalidad.

    La personera Carmen Teresa Castañeda reforzó mis argumentos, pues expresó su preocupación por la imposibilidad de detectar los jardines piratas. Hizo mención a un terrible caso del fallecimiento de una menor. La personería informó que esta tragedia ocurrió precisamente en un jardín privado “pirata” y que, pese a que la Fiscalía en el marco de sus competencias ha asumido el caso, la secretaría de integración no ha podido siquiera ingresar a la institución. A continuación pueden ver el video de la denuncia:

     

    El desarrollo en la primera infancia es vital para el pleno desarrollo del niño

    Dos neuropsicólogos rusos, Lev Vygotsky y Alexander Luria, formularon los principios fundamentales de la relación entre el cerebro, el desarrollo cognitivo y el comportamiento. Estos dos científicos explicaron que las funciones mentales superiores se aprenden desde la niñez a través de las relaciones que establecen los niños con su entorno por medio del lenguaje. Luria en particular afirmó que:

    “El desarrollo mental de un niño no es la maduración de unos instintos naturales, sino que es un proceso de actividad objetiva que ocurre en la comunicación con adultos”.

    A. Luria, “L.S. Vygotsky and the problem of functional localization.” Journal of Russian and East European Psychology no. 40, 2002, p. 21. Citado por Elena Bodrova et al, “When Everything New Is Well-Forgotten Old: Vygotsky/Luria Insights in the Development of Executive Functions”, publicado en 2011 en el journal New Directions for Child and Adolescent Development.

    En ese sentido, la mediación de los adultos que están alrededor de un niño es fundamental para su desarrollo cognitivo. Las herramientas y funciones mentales de los niños se potencian a través de los estímulos que su entorno les proporciona. Por esa razón, crear ambientes propicios para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo es un elemento clave durante los primeros años de vida de los niños.

    Por otra parte, tal y como lo mencioné en el debate de 23 de mayo de 2017 sobre jardines infantiles y atención a la primera infancia, es muy importante el desarrollo del córtex prefrontal y su conexión con la capacidad que tenemos de organizar nuestra propia conducta y planear nuestro futuro. Dado que esta región no madura hasta la edad de 4 a 7 años, esto resalta aún más la importancia de la educación preescolar.

    El lenguaje, el desarrollo motriz, y la formación de un ser consciente del mundo que lo rodea, ocurre dentro de los primeros años de formación. Cuando una niña o niño comience su educación a partir del nivel preescolar, más herramientas tendrá para desarrollarse y expresarse.

     

    El 58% de los niños que no asisten al jardín en Bogotá viven en estratos 1 y 2

    La encuesta multipropósito 2017 del Dane indica que en Bogotá viven 490.675 niños y niñas. De ellos, 280.284, el 57%, no asiste al jardín ni a ninguna otra institución que atienda a la primera infancia. Y de estos niños que no reciben atención por fuera de sus casas, el 58%, 163.235, vive en estratos 1 y 2. Esta alerta la hice desde mayo de 2017, pero como veremos, la administración ha hecho caso omiso de ella.

    En el mapa, en color naranja pueden ver las localidades con predominancia de estratos 1 y 2: Santafé, la Candelaria, San Cristóbal, Usme, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy.

    Las cuatro localidades con más niños y niñas en Bogotá son Suba, Engativá, Kennedy y Bosa:

    • Suba: 76.402, 15,6%
    • Engativá: 50.092, 10,2%
    • Kennedy: 76.339, 15,5%
    • Bosa: 52.792, 10,8%

    En total, en estas cuatro localidades vive el 52,1% de los niños y niñas menores de 5 años (255.625 niños). Estas cuatro localidades, que ven en el mapa en color rojo carmín, son también las que más jardines infantiles tienen. Pero, como pueden observar, la mayoría de esos jardines son privados. De los 868 jardines infantiles ubicados en estas cuatro localidades, 745 son privados (el 85,8%) y 123 son públicos (el 14,2%), según información suministrada como respuesta a esta proposición por la secretaría de integración social el 27 de agosto de 2018.

     

    Los jardines públicos apenas cubren un 18% de la demanda de cupos de la ciudad

    De acuerdo con la encuesta multipropósito del 2017, la oferta de jardines públicos en la ciudad apenas cubre el 18% de la demanda. En 2017, de las 279.545 niñas y niños que solicitaron un cupo en un jardín, la secretaría sólo atendió a 52.648. La gráfica que pueden ver a continuación indica que entre 2013 y 2018 la oferta de cupos oficiales cayó en un 4,8%. De acuerdo al balance de gestión del 2017, publicado por la alcaldía, en ese periodo hubo un descenso de 2.661 cupos, al pasar de 55.309 cupos ofrecidos en el 2013 a 52.648 cupos ofrecidos en 2017.

    Según esta misma encuesta, hecha por el Dane, en 17 de las 19 localidades de la ciudad (pues no tenemos los datos para Sumapaz) más del 50% de las niñas y niños menores de 5 años no van al jardín y son cuidados en casa. Las dos excepciones son las localidades de Santafé y la Candelaria (con un 45% y 47%, respectivamente). ¿Por qué existen tantos niños sin asistir al jardín?

     

    De los 13 jardines nuevos ninguno está en las localidades con mayor demanda

    El siguiente mapa relaciona la demanda de jardines con los 13 jardines nuevos que se propuso construir esta administración. Cada localidad tiene un color de acuerdo a la cantidad de niños que no asisten al jardín. En color gris están las que menos niños tienen sin asistir al jardín: la Candelaria, Mártires, Teusaquillo y Antonio Nariño. En rojo carmín están las que más niños tienen sin asistir al jardín: Suba, 41.313 niños que no van al jardín; Engativá, 30.912; Kennedy, 44.975; y Ciudad Bolívar, 31.576. Estos datos son del Dane y están incluidos en la encuesta multipropósito 2017.

    En ninguna de estas localidades están los nuevos jardines. Pueden ver su ubicación en el mismo mapa: 3 se construirán en Bosa, 2 en San Cristóbal, 2 en Usme, 2 en Rafael Uribe (uno ya entregado), y uno en cada una de las localidades de Fontibón, Barrios Unidos, Santafé y Tunjuelito.

    Esto no significa que los jardines que construiría esta administración no son importantes. Sin duda, van a representar un cambio en la vida de las familias que tendrán a sus hijos inscritos allí. El problema está en que, por lo ínfimo de la meta de nueva infraestructura para la primera infancia, sectores de la ciudad con alta demanda de jardines van a quedar desatendidos.

     

    A octubre de 2018, sólo se han ejecutado el 26,5% de los recursos para construir jardines

    El distrito se propuso como meta construir 13 nuevos jardines infantiles durante el cuatrienio de gobierno. Allí se propuso es proyecto 1103 llamado “espacios de integración social”, cuya orientación es la construcción de infraestructura para la primera infancia. En lo que va corrido del año hasta finales de octubre, es el proyecto de inversión con peor ejecución de la secretaría de integración social pues, como pueden observar a continuación, sus giros autorizados apenas llegan al 26,5%.

    Otro de los proyectos con los que la secretaría de integración social atiende a la primera infancia es el 1096, llamado “desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”. Su propósito es poner en marcha una ruta integral de atención para niños, niñas y adolescentes. Además, integra, entre otros, la atención en jardines infantiles, centros amar, centros crecer y las otras modalidades de atención a primera infancia y población adolescente. Según el reporte de ejecución presupuestal que mensualmente publica la secretaría de hacienda llamado predis, la secretaría de integración social a 31 de octubre ha ejecutado, por giros autorizados, efectivamente el 59,22% del presupuesto asignado a este proyecto para la vigencia 2018. De los $168.267, esto representa una ejecución de $99.649 millones.

     

    De los 13 jardines infantiles que prometió esta administración 2 vienen del gobierno pasado, 11 son de este gobierno y, de esos 11, sólo 2 están en obra

    La secretaría de integración social solicitó $106.362 millones para la construcción de jardines infantiles en el cuatrienio. De estos, se han ejecutado 14.765 millones según segplan con corte a 30 de septiembre de 2018. Esto representa el 13,8% de los recursos. La meta del plan de desarrollo, como recordé anteriormente, es de sólo 13 jardines nuevos. De estos, 2 vienen de la administración anterior: el jardín travesuras de colores, en la localidad Rafael Uribe Uribe, que fue entregado en agosto del 2017 y El Principito, en la localidad de Fontibón, con un avance del 69,3%.

    Pueden ver fotos del avance de la obra a continuación, que fueron tomadas por mi equipo el pasado 4 de diciembre. Según la interventoría, la obra está en plan de contingencia y tiene a 30 obreros trabajando para poder entregar el jardín terminado el 22 de diciembre.

    El jardín modular que opera dentro del predio funcionaría hasta el 14 de diciembre y se espera que el próximo año se inicien las obras de mejoramiento para darle al jardín aulas adicionales.

    De los 11 jardines restantes, sólo hay uno que está en construcción: el jardín El Nogal en la localidad Barrios Unidos, con un avance de 49% con corte al 30 de noviembre. La entrega de esta obra está prevista para el 17 de marzo de 2019. La imagen que ven a continuación fue tomada por mi equipo el pasado 5 de diciembre.

     

    La publicidad oficial es engañosa, los 11 jardines entregados por la alcaldía Peñalosa corresponden a contratos de obra de la administración anterior

    La imagen que ven a continuación hace parte de un boletín oficial de la página de la alcaldía del pasado 10 de mayo.

    El único jardín nuevo que ha sido entregado el Travesuras de colores en Rafael Uribe Uribe (antes llamado San José). Aunque el contrato para la construcción de este jardín se firmó el 30 de diciembre de 2013 y el acta de inicio el 10 de noviembre de 2014, el contrato sufrió nueve modificaciones. En realidad, el 31 de mayo de 2016 se inició la obra y se entregó el 18 de agosto de 2017.

    5 jardines son reconstrucciones de jardines ya existentes, en su mayoría contratados desde el año 2013:

    Jardín San Jorge en Rafael Uribe, contratado el 24 de diciembre de 2014. Ya entregado el 5 de febrero de 2018.

    Jardín Rondas y Juegos en Tunjuelito, contratado el 31 de diciembre de 2013 (antes llamado Playón Playita). Entregado el 2 de febrero de 2018.

    Jardín El Carmen en Tunjuelito, contratado el 19 de diciembre de 2014. Entregado el 27 de marzo de 2017.

    Jardín Villa Cristina en Engativá, contratado el 20 de octubre de 2015. Entregado el 24 de abril de 2017.

    Jardín Jorge Bejarano en los Mártires, contratado el 30 de diciembre de 2013. Ya entregado el 2 de agosto de 2017.

    Los otros 5 jardines hacen parte de los instalados en contenedores durante la administración Petro que, en su momento, no se pusieron en funcionamiento por falta de conexión de servicios públicos, y que entraron en funcionamiento en la presente administración.

    Jardín Modular semillas del futuro en Ciudad Bolívar, abierto el 31 de mayo de 2017.

    Como se observa en las fotos, al colegio no se le ha efectuado un adecuado cerramiento. Las latas del lote aledaño están al descubierto. Esta situación impide el uso de la zona verde, que además se encuentra sin podar.

    Jardín Modular Metro en Kennedy, abierto el 30 de enero de 2018.

    En fotografías tomadas por mi equipo en visita realizada el 23 de mayo de 2018, vemos que la cocina funciona con gas propano. La zona verde se encuentra sellada por falta de mantenimiento como se logra observar.

    Jardín Modular Arcoíris en Suba, abierto el 15 de octubre de 2017.

    Jardín Modular Pájara Pinta en Engativá, contratado el 7 de septiembre de 2016.

    Como se observa en las fotografías tomadas por mi equipo y en visita realizada el 24 de mayo, los pisos de la mayoría de las estructuras de este jardín se rellenaron con un tipo de aserrín prensado que se pudre con la humedad generando el hundimiento de los pisos.

    Jardín Modular casa del pensamiento Shue Urek en Fontibón, abierto el 13 de marzo de 2016.

     

    No existe una norma nacional que reglamente la educación inicial en Colombia

    Según la información suministrada para mi investigación por la secretaría de educación el 27 de agosto de 2018, el Ministerio de educación publicó en el mes de abril un proyecto de decreto “por el cual se reglamenta la Educación Inicial y se modifica el Decreto 1075 de 2015 – Único Reglamentario del Sector Educación”. Si desea consultarlo, puede hacer click aquí.

    Dicho proyecto tiene como fin establecer unas herramientas de inspección, vigilancia y control sobre las instituciones que prestan educación a la primera infancia, sean privadas, públicas y del instituto colombiano de bienestar familiar. También busca articular el nivel nacional con el nivel territorial y propone la creación de unos lineamientos pedagógico que estén atados a criterios de calidad, en el marco de un sistema de información y seguimiento.

    Estos son los objetivos principales del proyecto del ministerio de educación:

    • Definir la educación inicial como una categoría del servicio público educativo y los principios que la orientan.
    • Definir las responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las demás entidades y agentes que participan en el desarrollo del proceso de la educación inicial.
    • Regular el sistema de gestión de la calidad de la educación inicial y el régimen transitorio de adaptación a las condiciones de calidad de la educación inicial.
    • Definir las pautas a seguir en el proceso de tránsito armónico en el entorno educativo.
    • Regular el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral a la Primera Infancia.

    Repasemos las competencias de las secretarías distritales que se han mencionado en esta investigación: la secretaría de educación cubre las instituciones que ofrecen educación formal y preescolar, y la secretaría de integración social cubre jardines públicos y privados que no ofrecen dichos grados y que tienen niños entre 0 y 5 años de edad. La propuesta del decreto del ministerio presenta un desafío más de articulación. En el ámbito distrital sería necesario aterrizar dicho decreto para permitir que se aplique adecuadamente el acuerdo 057 de 2009 del concejo de Bogotá y la resolución 325 de 2009 expedida por la secretaría de integración social.

    Acá vemos una necesidad de articulación entre el ministerio de educación y la secretaría de educación pues el sistema que se propone, llamado simat, debería ser compatible y ajustado con los sistemas de información distritales y los procedimientos existentes para obtener un cupo en los colegios distritales que ofrecen educación formal con el fin de garantizar el derecho fundamental a la educación.

    Todos estos reportes requerirían de un esfuerzo adicional por parte de las entidades del distrito. En particular, el artículo 2.7.5.2. propuesto dispone que se deberá reportar la información a un “sistema de seguimiento al desarrollo integral a la primera infancia” que se reciba sobre:

    “(…) mujeres gestantes, los niños y las niñas en primera infancia en materia de cuidado y crianza, salud, alimentación y nutrición, educación inicial, recreación, ejercicio de la ciudadanía y participación, de acceso a los bienes y servicios culturales, entre otras necesarias para garantizar el desarrollo integral de la primera infancia”.

    En ese sentido se propone reportar la siguiente información:

    Todos estos sistemas y procedimientos deben pensarse armónicamente para que puedan aplicarse de manera eficaz. Como he mencionado, ya existe una normativa, posiblemente insuficiente e ineficaz, pero que también se ha prestado para generar confusión en las competencias entre integración social y educación. Si a ello le sumamos una propuesta desde el nivel nacional, que en buena hora pretende articular la política pública para la primera infancia, sería importante que se dialogara con el nivel distrital. En todo caso, este proyecto, como también lo mencionó en su intervención ante el concejo de Bogotá la personera Carmen Teresa Castañeda, sigue sin ser expedido. Veamos una vez más a la señora personera:

    La ex secretaria de educación del distrito, hoy ministra de educación, presentó en su momento observaciones al proyecto de decreto que hoy, como ministra, no ha expedido.
    El 5 de mayo de 2018, la entonces secretaria de educación del distrito, María Victoria Angulo, envió observaciones al proyecto de decreto que busca reglamentar la educación inicial. Si desea consultar el documento completo, haga click aquí.

    Concluye la hoy ministra de educación, que el gobierno nacional se extralimitaría en sus funciones si se regulara la inspección y vigilancia de las instituciones que prestan educación inicial razón por la cual sugiere que el gobierno presente una iniciativa legislativa al congreso de la república. Estas son algunas de sus apreciaciones:

    En todo caso, es claro que existen vacíos normativos y conflictos de competencia para hacer un adecuado control a los jardines infantiles privados. Encontramos estos vacíos tanto a nivel distrital como a nivel nacional.

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  • Ganó Volvo, perdió Bogotá

    El pasado 2 de noviembre de 2018, la administración de Enrique Peñalosa adjudicó la licitación para renovar los buses de las fases I y II de transmilenio. Este negocio consiste en entregar a empresas privadas la compra de la flota nueva, su operación por 10 años, y el uso y mantenimiento de seis patios del sistema: son los patios de las troncales de Américas, Calle 80, Norte, Suba, Tunal y Usme.

    De los seis contratos que transmilenio pretendía adjudicar, sólo terminó entregando cinco, pues la troncal de las Américas fue declarada desierta. En los otros cinco contratos se pactó la entrada de 1.143 buses nuevos, 462 articulados y 681 biarticulados. El 59,6% de los buses (682 de 1.143) nuevos serán buses Volvo que funcionan con diesel y tienen una tecnología de emisión Euro V, ya obsoleta en Europa. El 40,4% restante (461 de 1.143) serán buses Scania, que operan con gas natural y tienen tecnología Euro VI – menos contaminante pero, de todas maneras, un combustible fósil. Ni un solo bus será eléctrico.

    Pueden ver cómo quedará la flota de las fases I y II con dichos contratos en la siguiente gráfica:

     

    Bogotá seguirá condenada a usar combustibles fósiles en el transporte público

    Como vieron, 3 de cada 5 buses que entren a Bogotá durante los próximos dos años serán de diesel Euro V, una tecnología contaminante que ya no se vende en Europa. Además, como mostré desde mi debate sobre el diesel en septiembre de 2017, grandes ciudades europeas se han puesto metas para asegurar que no sigan circulando vehículos a diesel en sus calles. La mayoría ha definido el 2025 como año límite para lograr este objetivo.

    Sin embargo, desde el inicio del proceso licitatorio se perdió la oportunidad de cambiar la orientación tecnológica del transporte masivo de Bogotá. Los prepliegos de la licitación, como demostré desde el 25 de abril de este año, no incluían ninguna medida para mitigar el impacto ambiental que tiene transmilenio sobre la ciudad. Sólo después de estas denuncias, una intensa movilización ciudadana y la intervención de la procuraduría, la administración anunció unos puntos en la licitación para las ofertas que incluyeran buses menos contaminantes.

    Los anuncios de la administración no se convirtieron en incentivos reales para asegurar la entrada tecnologías nuevas, como la eléctrica, al transporte público de Bogotá. En los pliegos definitivos de la licitación, la oferta económica – es decir, el costo de los buses – siguió siendo el factor fundamental para escoger las ofertas de los operadores. Además, como anuncié desde el 29 de junio de este año, en los pliegos se abrió una tronera para asegurar la entrada de buses Euro V.

     

    El diesel que tendremos que soportar por los próximos diez años en transmilenio es un agente cancerígeno tipo 1, según la OMS

    Las metas que se han trazado ciudades como Londres, París y Madrid para sacar el diesel de sus calles se sustentan en evidencias científicas claras: desde 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al diesel un agente carcinogénico tan dañino como el tabaco y el asbesto. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), que hace parte de la OMS, convocó a un grupo de investigadores que demostró, de manera unánime, la relación entre los vapores del diesel y el cáncer de pulmón. Por esta razón, la OMS incluyó a este combustible en el grupo 1 de agentes cancerígenos, al lado de dichas sustancias.

    Además de los problemas asociados a la salud de las personas, la lucha contra los combustibles fósiles es un camino para combatir la emergencia ambiental global que enfrentamos como especie. Un reciente estudio de la academia de ciencias de Alemania, publicado en febrero de este año afirma que, luego de revisar la evidencia científica disponible sobre alternativas para reducir el calentamiento del planeta, cualquier proyecto que se ponga en marcha debe incluir la prohibición completa de los combustibles fósiles para lograr una reducción del dióxido de carbono en el largo plazo.

    La administración distrital estaba en capacidad de exigir buses menos contaminantes, que habrían tenido un impacto menor sobre la salud de los bogotanos y sobre la atmósfera. Como pueden ver en la siguiente gráfica, hay una diferencia notable entre la calidad ambiental de un bus Euro V y de uno Euro VI. Pero como demostré, nunca hubo un compromiso real en la licitación para asegurar un mejor aire para Bogotá.

     

    El negocio de comprar los buses, con una troncal menos, salió 45% más caro

    Según los prepliegos de la licitación, la compra de los buses para las seis troncales que se querían renovar estaba estimado en $1,6 billones. Sin embargo, las ofertas que fueron aceptadas para los cinco contratos que se van a firmar suman, entre la remuneración de los buses y los pagos por supervisión de la flota, $2,32 billones. Eso significa que, con una troncal menos – la de las Américas, que fue declarada desierta – la ciudad tendrá que pagar un 45% más de lo que transmilenio había estimado.

    En la siguiente imagen pueden ver cómo quedó repartido el negocio: tres troncales – la del norte, la calle 80 y la de Suba – quedaron en manos de una sola empresa, SI-18, que ofreció buses a gas con tecnología Euro VI. Los dos lotes más grandes, los de Usme y el Tunal, fueron adjudicados a dos empresas que van a comprar buses Volvo a diésel. La troncal de las Américas, recordemos, quedó desierta en la licitación.

     

    La procuraduría me vuelve a dar la razón

    El pasado 7 de noviembre, cinco días después de la audiencia de adjudicación de la licitación, la procuraduría hizo públicas sus dudas sobre la manera en la que transmilenio había organizado la entrega del negocio para renovar la flota. En particular, el ente de control llamó la atención sobre los criterios que utilizó la administración para organizar la licitación. La procuraduría dijo que:

    Para el Ministerio Público, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio S. A., Transmilenio, pudo haber sido más rigurosa en la estructuración del proceso de selección y en las etapas previas a la contractual, exigiendo como requisitos técnicos mínimos tecnología Euro V, lo que habría llevado a que los proveedores de la flota respondieran a las condiciones de la administración.

    Además, como advertí y confirmó la procuraduría desde julio, a la ciudad van a entrar unos buses obsoletos. Así quedó claro en una entrevista que le hizo el portal La Silla Vacía a la gerente de Volvo en Colombia, esta empresa va a venderle a Bogotá unos buses que ya no puede vender en Europa.

    Fuente: La Silla Vacía.

    Bogotá perdió la oportunidad de dar un paso hacia un transporte público menos contaminante, que no le haga tanto daño a la salud de las personas y que contribuya a enfrentar la emergencia ambiental global que vivimos.

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  • Por ineficiencia, deslegitimaron la valorización

    La contribución por valorización ha sido uno de los instrumentos más valiosos para el financiamiento de obras de infraestructura, pues tiene un efecto positivo sobre el valor de las propiedades de los bogotanos. Sin embargo, el oportuno pago que han hecho los ciudadanos de su contribución no se ha visto reflejado en el cumplimiento de las obras que la administración ha incluido en los proyectos de valorización. Esto tiene que ver con la ausencia de diseños de los proyectos, el incumplimiento de los cronogramas y los problemas en la devolución de recursos recaudados. Miremos qué ha sucedido con los cobros anteriores.

    Durante la administración Garzón se autorizó la contribución de valorización por medio del acuerdo 180 de 2005. Para los 137 proyectos de infraestructura planteados en dicho acuerdo se solicitaron $2,1 billones. El plan de obras estaría compuesto por 4 grupos, y los proyectos incluidos en el primer grupo comenzarían en 2007, y hasta el año 2015. De acuerdo con el instituto de desarrollo urbano, de los 137 proyectos relacionados, se ejecutaron 32 y restan por ejecutarse 34 obras.

    Posteriormente, durante la administración Moreno, el acuerdo 398 de 2009 modificó el acuerdo 180 de 2005. La modificación del artículo 2º del anterior acuerdo de valorización estableció que la suma a distribuir en los proyectos sería de $2,03 billones. Asimismo, excluyó 4 proyectos del acuerdo anterior.

    En el acuerdo 523 de 2013, aprobado durante la administración Petro, se realizó la mayor modificación de los proyectos de valorización: se excluyeron o eliminaron 82 de las obras que habían sido establecidas en los acuerdos anteriores.

    Con base en la información presentada por la directora del instituto de desarrollo urbano en la sesión de la comisión de hacienda que se realizó el 16 de octubre, estos 3 acuerdos habían planteado 140 obras a ser financiadas por medio de la valorización. De estas 140 obras que se han incluido en los acuerdos que aprueban los cobros por valorización desde 2005, se han excluido o eliminado 86 obras; y sólo se han terminado 42. En otras palabras, durante los últimos trece años sólo se ha logrado terminar el 30% de las obras financiadas con cobros por valorización.

    Por otra parte, los acuerdos 398 de 2009 y 523 de 2013 establecieron la devolución de una parte de los recursos recaudados a los contribuyentes. De los dineros recaudados, aproximadamente $1,1 billones, se ordenó devolver $223.591 millones, que correspondían a la eliminación de 6 obras del plan original. Para marzo de 2017, no se había realizado la devolución de $73.583 millones a los contribuyentes, quienes solo contaban con 2 años para realizar esta solicitud.

    Todo esto, en su conjunto, ha contribuido a afectar la credibilidad de la valorización desde las anteriores administraciones como una herramienta útil y legítima para financiar la infraestructura de la ciudad. Los incumplimientos en las obras y los retrasos en las devoluciones de dineros han hecho que los ciudadanos cuestionen la posibilidad de seguir contribuyendo para que la administración no realice los proyectos.

     

    ¿En qué consiste esta valorización?

    Veamos la siguiente imagen, que muestra las 4 zonas de la ciudad, distribuidas en 7 localidades, contempladas en el proyecto de acuerdo para contribución de valorización por beneficio local.

    El monto total de recaudo para la ejecución de los proyectos es de $1,2 billones (exactamente son $1.204.476.480.000), distribuidos en los 4 ejes de la siguiente manera: el 45,7% ($549.928 millones) de los recursos estarían orientados al eje oriental El Cedro; el 24,0% ($289.106 millones) al Eje Córdoba; el 11,3% ($135.941 millones) para el eje San Francisco y el 19,1% ($229.500 millones) para el eje de la zona industrial.

    Ahora miremos, en la siguiente imagen, cómo están distribuidos los recursos por tipo de obra:

    Para proyectos de infraestructura vial se pidieron $476.740 millones. Para aceras y ciclorrutas se pidieron $309.640 millones. Para el centro cultural la Felicidad, un proyecto que quieren construir en un lote en diagonal al centro comercial Andino, pidieron $80.000 millones. Para conexiones peatonales se pidieron $67.850 millones. Finalmente, para parques se pidieron $56.026 millones.

    La administración, de esa manera, pide los recursos para 35 proyectos, distribuidos de la siguiente manera: i) 5 obras de infraestructura vial, ii) 9 obras de aceras y ciclorrutas, iii) 13 obras para conexiones peatonales transversales al subsistema de transporte, iv) 6 parques (intervenciones), v) un centro cultural y vi) 2 corredores ambientales.

     

    ¿Qué es la valorización?

    Recordemos que la valorización no es un impuesto, de acuerdo con el acuerdo 7 de 1987, y que establece el estatuto de valorización del distrito. Se trata de una contribución que destinada para obras específicas, pagada por los propietarios de los predios beneficiados por la construcción de infraestructura. El argumento para ello es que la obra, una vez construida, tendrá un efecto positivo sobre el valor del bien. Dentro de las variables para el cobro de la valorización se encuentran:

    • El área del terreno del predio;
    • El estrato para predios residenciales y el valor del metro cuadrado (por avalúo catastral) de los predios no residenciales;
    • Número de pisos;
    • Destino económico del predio;
    • Distancia entre el predio y la obra

    También, tengamos en cuenta que los ciudadanos que deben pagar la contribución pueden hacerlo con un pago de contado, diferirlo a cuotas o mediante la transferencia de suelos al instituto de desarrollo urbano. En este proyecto, ser establece que solo contribuirán propietarios de estratos 4, 5 y 6; y quienes tengan predios de un valor superior a los 400 millones de pesos en estratos 1, 2 y 3.

     

    La ciudadanía está dispuesta a pagar la valorización si las obras son prioritarias, cercanas a sus viviendas y se construyen eficazmente

    De acuerdo con el estudio del economista Oscar Borrero Ochoa, experto en valorización de la Universidad Nacional y su equipo de trabajo, el mecanismo de financiación de obras públicas bajo el esquema de contribución por valorización se ha presentado en la ciudad de Bogotá desde 1921 y ha significado una proporción importante del recaudo de la administración. En general, los hallazgos del estudio encuentran que la gente está muy dispuesta a pagar este tipo de aportes cuando las obras se efectúan con prontitud, se hacen cerca de sus viviendas y son urgentes para mejorar su bienestar, pues consideran que es una contribución comunitaria que puede incidir en el bienestar de todos los habitantes del sector. Miremos el planteamiento de Borrero en el estudio que presentó para el Lincoln Institute en 2013:

    “Por esta razón desde 1921 es muy utilizado este instrumento en las ciudades colombianas para desarrollar la infraestructura vial. El ciudadano siente que paga una contribución para que le mejoren la movilidad y a cambio del efecto plusvalía que genera en los inmuebles pagará el costo de la obra” (Borrero, 2013: 3)

    No obstante, y como se ha advertido en los últimos años, el retraso en la construcción de proyectos que son cobrados por medio de esta contribución generan descontento en los ciudadanos, al ver que sus recursos no se destinan oportunamente para la construcción de infraestructura que beneficie su sector y valorice sus propiedades. Al respecto, encontramos que, en el mismo estudio de 2013, Borrero planteaba:

    “Ahora bien, las falencias de este cobro en Bogotá radican en que para diciembre de 2011 aún no se iniciaba la totalidad de las obras comprometidas en la fase 1. De igual manera, el cobro de la fase 2 que debía realizarse para el año 2009 ha sido pospuesto para 2013, con lo cual se posponen todas las obras de las etapas aprobadas” (Borrero, 2013: 4)

     

    ¿Para qué gastarse 119.326 millones en un edificio de lujo en la 11 con 82?

    La administración incluyó en este proyecto de acuerdo un edificio de lujo, que estaría ubicado diagonal al centro comercial Andino. Esta construcción contaría con un auditorio para 300 personas, áreas para deporte, una piscina semiolímpica; así como espacios sobre los que hay dudas acerca de su relevancia como un restaurante. En la investigación que realizamos con mi equipo el año pasado, consideramos que dicho edificio propuesto por la administración en el barrio el Retiro era innecesario. Es derroche en una época en que la ciudadanía tiene apretado el cinturón.

    Fuente: presentación de la secretaría de cultura ante la comisión de hacienda, octubre 16 de 2018, diap. 9.

    El valor de la obra es el mismo que tenía en el proyecto del año pasado: $80.000 millones. Durante el debate de 2017, la secretaría de cultura señaló que este era un valor de referencia. Sin embargo, en la exposición de motivos y en el articulado para este proyecto de acuerdo, dicho valor se mantiene. En esa medida, ¿cuáles son los estudios de detalle que la administración ha elaborado para justificar esta inversión? En la exposición de motivos se argumenta que Usaquén y Chapinero, las localidades de influencia del proyecto, se verían beneficiadas porque no cuentan con suficientes equipamientos culturales; así como a incentivar la inversión pública en la zona.

    Sin embargo, no hay una descripción detallada de los costos y de la justificación de un equipamiento público con dichas características. En la presentación realizada en la sesión de la comisión de hacienda el pasado 16 de octubre, la secretaría de cultura mostró que el proyecto implicaría una inversión total por $119.326 millones. Con ello, los $80.000 millones solicitados por contribución de valorización serían para la construcción e interventoría; y los $39.326 millones restantes serían para la adquisición del predio y los estudios y diseños del proyecto. Según la secretaría de cultura, la compra del predio se realizaría durante este mes, y el concurso para seleccionar el proyecto ocurriría entre octubre de 2018 y enero de 2019. Dado que la obra comenzaría a construirse en septiembre de 2019, ¿con base en qué estudios de detalle se solicitan los recursos para construcción e interventoría?

     

    Esta valorización no ayuda a resolver los problemas de acceso desigual al espacio público y a los parques en Bogotá

    El mapa que verán a continuación hizo parte de mi debate sobre la inequidad en la distribución de parques en Bogotá. Allí les presento la disponibilidad de espacio público que tiene cada localidad, en metros cuadrados, según datos de la secretaría de planeación de octubre de 2017:

     

    Entre más oscuro es el color de una localidad, menos espacio público tienen sus habitantes. Como pueden ver, las localidades en donde este problema es más agudo son Bosa, Mártires y la Candelaria. Además, la mayoría de localidades del sur de la ciudad tienen una cantidad baja de metros cuadrados de espacio público. Estas localidades son Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Antonio Nariño. En contraste, las localidades con más metros de espacio público por habitante son Chapinero, Santafé, Barrios Unidos y Teusaquillo.

     

    Los parques que se propone intervenir por medio del cobro de valorización no son prioritarios

    Los datos evidencian que el criterio de priorización para seleccionar las obras de este proyecto de valorización no han sido los estudios técnicos sobre falta de espacio público, parques y zonas verdes por localidad. El diagnóstico de espacio público de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá en 2013 determinó que, en promedio, los bogotanos cuentan con 3.93 metros de espacio público por habitante. Según la Organización Mundial de la Salud, el espacio público ideal por habitante debe estar entre 10 a 15 metros cuadrados. Bogotá, además de estar por debajo del promedio, tiene una diferencia significativa entre sus localidades.

    Dentro de las localidades contempladas en el proyecto, la de menor espacio público por habitante es la localidad de Suba con 3.63 metros cuadrados por habitante. Aún así, supera con ventaja a los peores indicadores de espacio público efectivo en Usme y La Candelaria, con menos de 2 metros cuadrados de espacio público por habitante. Ninguno de los proyectos presentados beneficia a estas localidades.

    Al respecto, quisiera recordar el trabajo que desarrollé con mi equipo de trabajo en octubre de 2017 sobre la inequidad en la provisión de parques en la ciudad. En dicho estudio, demostré que una persona que residiera en estrato 6 tiene casi 3 veces más acceso a áreas verdes que una persona que resida en estrato 1. Mientras un habitante de estrato 6 tiene acceso a cerca de 10,6 metros cuadrados de áreas verdes, un habitante de estrato 1 solo tiene acceso a 3,4 metros cuadrados.

    Adicionalmente, en las localidades intervenidas la que tiene menor cantidad de zonas verdes por habitante es Engativá, donde la intervención será mínima. En este indicador, nuevamente queda relegada La Candelaria con sus 0,38 metros cuadrados de espacio público por habitante. Por el contrario, la administración prioriza la intervención en localidades como Chapinero y Usaquén, que presentan índices de más de 4,5 m2 de espacio público efectivo por habitante. Recordemos que la inversión en parques será de $56.026 millones. De estos, 5 se ubican en el norte de la ciudad. Solo en los dos parques ubicados en el eje El Cedro, se invertirán $34.233 millones de pesos. Esto corresponde al 61% de los recursos de la valorización orientados a parques.

    En la exposición de motivos no se precisan las razones que plantea la administración para priorizar la intervención en 6 parques. A excepción del deterioro normal de los equipamientos o condiciones de aseo, considero que estos parques no ameritan intervenciones de gran escala o que lleven a que la ciudadanía deba hacer un pago adicional por ellos por medio de la valorización.

    ¿Para qué tumbar lo que está bien?

    La administración solicita $56.026 millones para la reconstrucción de parques en la ciudad. De estos, 5 se ubican en el norte de la ciudad. Solo en los dos parques ubicados en el eje El Cedro, se invertirán $34.233 millones de pesos. Esto corresponde al 61% de los recursos de la valorización orientados a parques. Al respecto, quisiera recordar el trabajo que desarrollé con mi equipo de trabajo en octubre de 2017 acerca de la inequidad en la provisión de parques en la ciudad. En dicho estudio, demostré que una persona que residiera en estrato 6 tiene casi 3 veces más acceso a áreas verdes que una persona que resida en estrato 1. Mientras un habitante de estrato 6 tiene acceso a cerca de 10,6 metros cuadrados de áreas verdes, un habitante de estrato 1 solo tiene acceso a 3,4 metros cuadrados.

    En la exposición de motivos no se precisan las razones que plantea la administración para priorizar la intervención en 6 parques. A excepción del deterioro normal de los equipamientos o condiciones de aseo, considero que estos parques no ameritan intervenciones que justifiquen un cobro de valorización.  Entre los días 12 al 14 de octubre volvimos a estos 6 parques, que había visitado junto con mi equipo de trabajo para analizar el proyecto de valorización presentado en 2017. A continuación, presentamos las obras que propone la administración en cada uno de los parques y las fotografías tomadas por mi equipo de trabajo.

     

    La intervención en Santa Bárbara traerá la tala de muchos árboles

    Para el parque Santa Bárbara, la administración solicita $5.824 millones para la reconstrucción de senderos peatonales, una zona de patinaje, una piscina, pista de trote y cancha sintética.

    ¿Qué encontramos?

    En términos generales el parque se encuentra en buen estado, con muchos árboles de distintas especies y tamaños. Los senderos se encuentran en general en buen estado con algunos tramos deteriorados, pero que de ninguna manera requiere de su reconstrucción total, tal y como lo plantea la administración. Hace falta reforzar la zona de juegos infantiles y el gimnasio al aire libre. Las zonas verdes se encuentran en muy buen estado. El sobrevuelo nos permitió ver que la porción del parque ubicada sobre la carrera 9ª, donde se construirá uno de los accesos al puente, deberá ser intervenida con la tala de los árboles que hay sembrados allí.

     

    Los senderos peatonales en Santa Ana se encuentran en buenas condiciones para su uso

    Para el parque Santa Ana, la administración solicita $1.944 millones para la reconstrucción de senderos peatonales y una ciclorruta.

    ¿Qué encontramos?

    Como pueden ver en este sobrevuelo que hicimos, en términos generales el parque se encuentra en buen estado, con una buena cobertura de árboles. Los senderos peatonales que bajan desde la carrera 7ª se encuentran en buen estado, aún con el tránsito continuo de personas. Hay una plancha de concreto en mal estado que no aporta al espacio público disponible en este parque, y una porción de área verde que no cuenta con pasto por el paso intenso de personas hacia el centro comercial Santa Ana. La construcción del parque implicará la tala de algunos arbustos sobre la carrera 9ª, así como 3 árboles que se encuentran en el separador de esta avenida.

     

    Villas de Aranjuez: ¿para qué cancha sintética si hay buena grama?

    El parque Villas de Aranjuez es para el que se pide la mayor cantidad de recursos: 16.233 millones de pesos. Cuenta una zona de juegos infantiles en buen estado. Una amplia zona verde muy extensa utilizada como cancha de fútbol, aunque hacen falta los arcos. No obstante, no es claro porque se propone en lugar de ello la instalación de canchas sintéticas, teniendo en cuenta que la grama se encuentra en buenas condiciones.

    El sobrevuelo realizado nos permitió ver que el parque se encuentra en buenas condiciones, y que la zona a intervenir podría ser aprovechada para ampliar la cobertura de árboles, uno de los aspectos a mejorar en este espacio público.

     

    El parque La Vida sería damnificado por la tala de árboles

    Para el parque La Vida, la administración estima la inversión en 10.252 millones de pesos, la tercera mayor inversión en parques por medio de este proyecto de valorización.

    ¿Qué encontramos?

    El parque cuenta con buenas zonas verdes. Algunos tramos de los senderos peatonales se encuentran en mal estado, pero en términos generales el parque se encuentra en buenas condiciones para su uso. Preocupa que con la intervención propuesta se talaran muchos de los árboles, siendo este uno de los elementos característica del parque y de espacial aprecio de los vecinos del sector. El sobrevuelo nos permitió verificar que el parque cuenta con una de las poblaciones de árboles más densas de esta zona de la ciudad.

     

    ¿Para qué meterle la mano a Puente Largo?

    Para el parque Puente Largo, la administración estima la inversión en $8.191 millones.

    ¿Qué encontramos?

    El parque cuenta con juegos para niños en buen estado, además de una importante población de árboles que generan un espacio agradable para el uso de la comunidad. Los andenes perimetrales se encuentran en buenas condiciones, aunque evidentemente hay algunos tramos que requieren su reconstrucción. La cancha de basketball y las graderías que la rodean también se encuentran en buenas condiciones. La construcción de la cancha sintética implicaría la tala de árboles, uno de los atributos más destacados de este espacio público.

     

    Los vecinos del parque Canal Boyacá no entienden porque debe reconstruirse un parque que se encuentra en buenas condiciones

    Para el parque Canal Boyacá, la administración estima la inversión en $13.952 millones.

    ¿Qué encontramos?

    Observamos un parque en buenas condiciones, con aceras en buen estado y un sendero para trotar con material granulado. Los juegos infantiles se encuentran en un estado aceptable, que pueden ser utilizados sin inconveniente. Con respecto a este parque, la comunidad que reside en el barrio Modelia expresó su desaprobación con el cobro y la respectiva intervención durante la sesión que se llevó a cabo el martes 16 de octubre en el concejo. Adicionalmente, presentaron un derecho de petición en el que solicitan la exclusión del parque del conjunto de proyectos presentados para la valorización.

    ¿Por qué razón se quiere hacer un cobro de valorización para obras que se encuentran en buenas condiciones?

     

    En El Cedro sorprende que no es prioritaria la prolongación de la 15 hacia el norte

    Hay un elemento que nos llamó la atención durante la visita al sector y que, gracias al sobrevuelo realizado, pudimos evidenciar mejor. En lugar de ampliar la conexión vial de la carrera 15 para conectarla desde la calle 151 hasta la calle 170, solo se propone una ciclorruta y aceras. La congestión vehicular por la ausencia de vías que faciliten los flujos en sentido norte y sur requiere de vías alternas a la avenida 19 y la carrera 9ª; que permitan una futura conexión con la avenida La Sirena –calle 153- y que se encuentra en proceso de construcción. Como podemos ver en el siguiente video, mientras la calle 153 se encuentra en proceso de construcción, no se aprovecha esta propuesta de la administración para generar la continuidad de la carrera 15 hacia el norte y lograr la conectividad de estas vías.

    Se trata de una zona que se ha urbanizado notablemente en los últimos años, y se ha visto afectada por la falta de vías que faciliten la conectividad. En este eje,  se proponen tres obras de infraestructura vial: las avenidas Contador, Jorge Uribe Botero y Santa Bárbara, las cuales tendrán una inversión de $162.040 millones. En todos los casos, lo que se plantea es la reconstrucción de las calzadas; y especialmente la construcción de aceras y ciclorrutas en estas tres avenidas del nororiente de Bogotá. Miremos, en los siguientes videos, el estado del tramo de la carrera 15 desde la calle 151 hacia la calle 147.

    En el caso de la avenida Jorge Uribe Botero (carrera 15) se propone la construcción de una ciclorruta, senderos peatonales y aceras; especialmente en los pasos peatonales de los puentes que cruzan el canal. Esta intervención está estimada en $78.000 millones. Sin embargo, y como constatamos gracias al sobrevuelo en la zona, en la carrera 15 tendrían que talar una gran cantidad de árboles para permitir la reconstrucción de las aceras y las calzadas, así como la construcción de la ciclorruta. Aunque las obras puedan ser necesarias, valdría la pena que la administración nos explicara con precisión como serán tratados los árboles que, a simple vista, llevan muchísimos años en esta zona del norte de la ciudad. En el siguiente video, podemos ver el estado actual de la carrera 15 desde la calle 155 hacia el norte: no hay calzada vehicular continua ni espacios públicos en condiciones adecuadas para su uso.

     

    ¿Otra vez a talar árboles?

    Una de las preocupaciones más sentidas de los ciudadanos en las últimas semanas acerca del manejo del espacio público por parte de la administración ha estado en la tala de árboles en parques y andenes. Peñalosa ha señalado todo tipo de argumentos para darle credibilidad a esta acción, que van desde enfermedades en los árboles hasta problemas de seguridad.

    ¿Qué podemos señalar al respecto frente a este proyecto de valorización? Por una parte, y a partir de la observación que realicé con mi equipo de trabajo en los espacios públicos que la administración quiere intervenir, encontramos que el estado de los árboles es bueno, y que estos parques cuentan con una buena cobertura de estos.

    En su presentación, que pueden ver en pantalla en este momento, el instituto distrital de recreación y deporte presentó en las imágenes de los proyectos que habría, inevitablemente, una tala de árboles. Esto podemos apreciarlo especialmente en el parque Santa Bárbara, que se vería afectado por la construcción de un puente peatonal que implicaría la tala de una importante población de árboles que existen allí actualmente.

    En las siguientes imágenes, pueden ver la presentación que hizo el instituto distrital de recreación y deporte, que muestra el antes y el después de la intervención que quiere hacer dicha institución en los parques que les presenté anteriormente. Verán ustedes la gran tala de árboles que quieren hacer para poner en marcha estas obras.

    Fuente: instituto distrital de recreación y deporte, presentación ante la comisión de hacienda del concejo, 16 de octubre de 2018.

     

    El 28,8% de los recursos iría para obras que sí se necesitan

    Al analizar los proyectos y el monto que la administración espera recaudar por esta contribución, encontramos que 3 de los 35 proyectos presentados contribuirían al desarrollo zonal a partir de la utilidad que tiene la valorización como mecanismo de financiación de las obras de infraestructura. Se trata de los proyectos en la avenida Jorge Uribe Botero (carrera 15); los andenes de la calle 116 entre avenidas Suba y Boyacá; y la recuperación de la malla vial de la zona industrial. Estos proyectos implicarían una inversión de $346.500 millones, equivalentes al 28,8% del valor que la administración esperaría recaudar por medio del cobro.

    En la avenida la Sirena se prevé la inversión de $102.200 millones. Se trata de la construcción de la calzada norte entre la autopista norte y la avenida Boyacá; así como la ampliación del puente vehicular que conecta con la avenida 19. El tráfico en dicha zona, donde han sido construidos proyectos inmobiliarios de gran tamaño en los últimos años, requiere de una solución vial que facilite el tránsito entre el occidente y oriente en esta parte de la ciudad.

    Los andenes de la calle 116, estimados en $32.300 millones. El tramo de esta calle entre avenidas Suba y Boyacá no cuenta con andenes adecuados para que los peatones puedan transitar con seguridad. Esta situación también se puede apreciar en algunos tramos entre la autopista norte y la avenida Suba, como pueden apreciar en las imágenes.

    La contribución de la zona industrial es estima en $229.500 millones, incluido el cobro de administración, y sería pagada por los establecimientos industriales, comerciales y dotacionales. En el recorrido hecho por la zona, pudimos identificar vías dentro de la zona industrial que se encuentran en pésimo estado, que afectan el tránsito de los vehículos de carga y las actividades logísticas de una zona importante para la economía de la ciudad.

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  • La administración Peñalosa no va a recuperar el San Juan de Dios

    Fui designado como ponente para la iniciativa con la que la administración solicita $431.668 millones en vigencias futuras, entre los años 2019 y 2027, para reponer el hospital Santa Clara. Con este proyecto no se va a recuperar el San Juan de Dios, como lo ordenan la ley y fallos judiciales. En cambio, la administración propone una nueva edificación para el Santa Clara en los predios del San Juan. Pero del camino propuesto está sembrado de trampas jurídicas: contratarían el hospital por la modalidad de alianza público privada (APP), que es la más cara, pero se niegan a reconocerlo, con lo cual estarían violando la ley y pondrían en gran riesgo la posibilidad de construir dicha nueva sede del Santa Clara.

    Mis reparos con este proyecto se los presentaré en tres partes:

    En primer lugar, hay unas órdenes claras en la ley y en fallos judiciales para abrir el San Juan de Dios y asegurar su funcionamiento como hospital universitario. Tanto una ley del 2002 como una sentencia del 25 de enero de 2018 del tribunal administrativo de Cundinamarca hacen hincapié en la importancia del San Juan de Dios, tanto como centro de salud para los sectores más pobres de Bogotá y como centro de investigación médica y educación universitaria.

    En segundo lugar, la secretaría de salud tiene un trancón de ejecución en la infraestructura que se ha comprometido a construir. En este año, en particular, hay un rezago notable en los recursos que efectivamente han sido girados para construir infraestructura nueva o adecuar la ya existente.

    En tercer lugar, el mecanismo para contratar el hospital y los tiempos que presenta el secretario de salud para sacar adelante esta obra llenan de incertidumbre el proyecto. A los $431.668 millones que solicitan en vigencias futuras hay que sumar $76.177 millones que la secretaría de salud se compromete a ejecutar durante lo que queda de este año, para cumplir el requisito que establece la ley de ejecutar el 15% de las autorizaciones de vigencias futuras en el año en que son aprobadas. ¿Cómo van a hacerlo bien en tan ajustados plazos?

     

    El San Juan de Dios ha sido el principal hospital de Bogotá desde el siglo XVI

    El hospital San Juan de Dios fue la principal institución de salud durante prácticamente toda la historia de Bogotá. Fue fundado en 1564 y ubicado en su sede actual en la Hortúa desde 1921. Su importancia fue fundamental para atender, sobre todo, a las clases empobrecidas de la ciudad desde el siglo XVI.

    El San Juan no fue sólo un centro hospitalario sino también universitario y de investigación. Desde la inauguración de la Universidad Nacional, en 1867, el San Juan de Dios fue incorporado a la facultad de medicina, y se creó una fuerte alianza hospital-universidad. La época dorada del hospital se dio entre mediados del siglo pasado hasta finales de los años ochenta. Allí tuvieron lugar avances médicos de relevancia mundial, como la válvula para tratar la hidrocefalia de presión normal que hizo Salomón Hakim, médico de la Universidad Nacional, y el programa de “madre canguro” que llevó a cabo el equipo del Instituto materno infantil. Así fue que el San Juan de Dios se constituyó en uno de los principales escenarios de desarrollo de la investigación, la educación y la práctica médicas en la ciudad y el país.

    El estrecho vínculo entre la universidad y el hospital fue reconocido por la ley. Particularmente, el artículo 3° de la ley 735 de 2002, que declaró al San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil como monumentos nacionales, aclara que dichas instituciones deberán funcionar “como un centro especial para la educación universitaria que imparta, en las ciencias de la salud, las Universidades oficiales y privadas, esto es, como hospitales universitarios”. De la misma manera, un fallo reciente del tribunal administrativo de Cundinamarca, proferido el 25 de enero de este año, da unas órdenes precisas para reabrir el complejo hospitalario como un centro de investigación y enseñanza médica, como un centro asistencial que impulse medicina preventiva, y como un prestador de servicios médicos para los bogotanos de menos recursos.

    La decadencia del hospital, que ya carecía de recursos y estaba inmerso en conflictos jurídicos que no dejaban claro quién debía hacerse cargo de su mantenimiento, se aceleró en 1993 con la implementación de la ley 100. En 1999, el hospital entró en quiebra, lo que tuvo como consecuencia el cierre completo del complejo hospitalario dos años después. Malas administraciones y la conversión del derecho a la salud en un vil negocio, llevaron al San Juan a la ruina.

     

    Desde su inicio, la administración Peñalosa menospreció el San Juan de Dios

    Apenas comenzaron a gobernar, tanto el alcalde Peñalosa como el secretario de salud declararon que el San Juan de Dios no era una de sus prioridades. En entrevista con Caracol radio el 8 de enero de 2016, el alcalde señaló que la reapertura del San Juan de Dios no hacía parte de sus prioridades, pues, según el instituto distrital de patrimonio cultural, la recuperación del mismo podría costar más de $700.000 millones. El alcalde señaló, además, que sus focos en el sector salud estarían en el estado financiero de Capital salud, la ampliación de la red de urgencias de los hospitales existentes, como las del hospital de Kennedy, y la puesta en marcha de los centros de atención prioritaria en salud, CAPS. El alcalde afirmó que:

    “Obviamente sería maravilloso poner a funcionar el San Juan de Dios en la medida de lo posible pero hay otras urgencias que son más urgentes. Tenemos por ejemplo Capital Salud que está perdiendo 140.000 millones de pesos al año y va a tener que absorber todos los ciudadanos de medianos recursos de Bogotá que van a quedar sin EPS apenas se acabe Caprecom.”

    En el mismo sentido, una semana después, el 14 de enero de 2016, el secretario de salud anunció que durante esta administración no se llevaría a cabo la reapertura del Hospital San Juan de Dios. El secretario justificó su postura con dos razones: el alto costo de la obra, cercana al billón de pesos, y su larga duración, estimada en más de seis años según estudios de la Universidad Nacional. Afirmó, entonces, que prefería construir hasta cuatro hospitales nuevos con el dinero que no se invertiría en el San Juan de Dios. Oigamos lo que dijo el secretario ese día:

     

    Hasta el mismo secretario reconoce que en la ejecución en infraestructura en salud entre 2016 y 2018 “no se ha avanzado con el ritmo que se quisiera”

    Recordemos lo que dijo el secretario de salud en enero de 2016: con el dinero para recuperar el San Juan de Dios se podrían hacer 4 hospitales. ¿Dónde están esos cuatro hospitales que se construirían por el precio de uno? ¿Dónde están los CAPS que iban a ser una prioridad?

    Como advertimos el pasado 24 de septiembre en el debate de control político sobre ejecución presupuestal, cuando se discutieron las proposiciones 212 y 196 de 2018 en la comisión de hacienda y crédito público, los principales retrasos en la ejecución del presupuesto de la secretaría de salud se encontraban en los proyectos de infraestructura.

    Esta situación fue confirmada por el secretario de salud en la sesión del 4 de octubre de este año. En esa ocasión, el secretario afirmó lo siguiente:

    La realidad es que, cuando se detalla la ejecución presupuestal por programas y proyectos, se nota que la ejecución en el proyecto de inversión “modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud” es vergonzosamente baja. Pueden ver estas cifras en la siguiente gráfica que elaboramos a partir de la información oficial reportada en segplan.

    Fuente: elaboración propia a partir de datos de SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2018.

     

    En el 2016, el fondo ejecutó el 83,3% de sus recursos. En el 2017, el 90,3%. Para 2018, en cambio, sólo llevan un 30,1% ejecutado. La ejecución del proyecto de modernización de infraestructura es aún más crítica. En 2016, el año en el que más se comprometieron recursos, la ejecución fue de 34,57%. En 2017 fue de 30,96% y en 2018, con corte a 30 de junio, apenas había alcanzado un 5,03%. Eso significa que, de los $397.139 millones programados para este año, la ejecución solo iba en $19.982.

     

    Monumental trancón en la ejecución de infraestructura en salud

    Actualizamos las cifras que les acabo de presentar con información del predis de la secretaría de hacienda. El fondo financiero distrital de salud tiene un presupuesto total de $2,5 billones para este año. El 96,4% de estos recursos se destina a dos grandes rubros: atención en salud, con el 80,7%, e infraestructura, con el 15,7%.

    Al revisar la ejecución con corte a septiembre 30 de este año y desagregar la ejecución presupuestal en recursos comprometidos y giros efectivamente autorizados, los atrasos en infraestructura se hacen más evidentes. Veamos: de acuerdo al predis, con corte a 30 de octubre de 2018, mientras en aseguramiento social en salud se han comprometido y aprobado giros por el 67,8% de los recursos aprobados, en infraestructura han hecho giros por apenas el 0,33%. Lo pueden ver en pantalla, en el círculo de color naranja. En amarillo aparece el porcentaje de ejecución en 2017: 3,09%, igualmente pobre. En verde el de 2016, por 45,76%.

    Fuente: elaboración propia a partir de datos de Predis con corte a 30 de octubre de 2018.

    De los 33 proyectos de infraestructura hospitalaria presentados por el secretario de salud, sólo 1 se encuentra en obra

    En su exposición del 4 de octubre, de la que ya vimos un fragmento, el secretario de salud presentó el estado de 33 proyectos de infraestructura hospitalaria. Estos 33 proyectos están clasificados en la gráfica que ven a continuación:

    Fuente: elaboración propia a partir de la presentación del secretario de salud ante el concejo, 4 de octubre de 2018.

    • 7 se encuentran en proceso de contratación de estudios y diseños (en color azul claro, corresponde al 21,2% de los proyectos).
    • 17 se encuentran con estudios y diseños en ejecución (en color amarillo, 51,5% de los proyectos).
    • Uno está en proceso de contratación de obra (en verde, 3% de los proyectos).
    • Uno está en la contratación de ajustes de estudios y diseños (en vinotinto, 3% de los proyectos).
    • 5 están en proceso de estructuración de una APP (en color rosa, 15,1% de los proyectos).
    • Uno, el hospital de Usme, cuenta con presupuesto apropiado (en azul oscuro, 3% de los proyectos).
    • Finalmente, sólo uno, las urgencias del hospital de Suba, está en ejecución de obra (en naranja, 3% de los proyectos). Nuestra última visita la realizamos ayer jueves 25 de octubre.

    De esa manera, 25 de los 33 proyectos de infraestructura (el 75,7%) no han superado la fase de estudios y diseños.

     

    De los $513.193 millones para los 40 CAPS sólo se han ejecutado $88.553 millones (17,2%)

    El proyecto en infraestructura de salud que más ha publicitado la administración es el de los centros de atención prioritaria en salud, CAPS. En el plan de desarrollo, la administración se propuso abrir 40 de estas instalaciones en toda la ciudad. El 23 de noviembre de 2017, la secretaría de salud anunció que ya estaban funcionando 20, así que iban por la mitad de la meta.

    Pero la realidad es que este proyecto está estancado. De los 40 CAPS que quieren abrir hoy están funcionando 19. Entre el 17 y el 24 de noviembre del año pasado, con mi equipo visitamos 19 de los 20 CAPS cuya apertura anunció la administración (todos excepto el de la zona rural de Usme, el de Betania). En las visitas comprobamos que, de los 19 visitados, cuatro CAPS no estaban funcionando: el Ismael Perdomo, el de Kennedy, el de Santa Clara y el de Vista Hermosa.

    El 14 de octubre de este año volvimos a corroborar si los CAPS que estaban cerrados en esos momentos seguían inhabilitados y pudimos confirmar que de los cuatro que habíamos encontrado cerrados en 2017, tres ya estaban habilitados y sólo uno, el de Kennedy, seguía cerrado. Desde el anuncio del 23 de noviembre del año pasado, no ha habido ningún avance en los demás CAPS.

    Según la ejecución presupuestal registrada en segplan, desde el 2016 la secretaría de salud ha invertido el 50,74% del presupuesto asignado para la apertura de los 40 CAPS. Así lo pueden ver en la siguiente gráfica, que contrasta los recursos asignados con los efectivamente ejecutados durante los últimos tres años: mientras en 2016 ejecutaron el 25% de los y en 2017 ejecutaron el 30,7%, la ejecución en este año ha sido pobrísima: apenas han ejecutado el 0,77% de estos recursos, es decir, $1.529 millones de los $198.366 que tienen disponibles.

    Fuente: elaboración propia a partir de datos de SEGPLAN.

    Lo que presentan como ejecutado ¡sin serlo! La secretaría reportó la inversión de $481.519.351 en el reforzamiento estructural del CAPS de Kennedy, que todavía no ha sido abierto

    En su informe al concejo sobre la ejecución de proyectos en 2017, la secretaría de salud incluyó el reforzamiento del CAPS 29 de Kennedy, para el cual se hizo una inversión de $481.519.351. A continuación, les presento un recorte de la página 4 de este documento, llamado “informe anual al concejo distrital, acuerdo 223/2006 y cumplimiento del plan de desarrollo distrital: ejecución de planes maestros”, en donde aparecen estos recursos como ejecutados, mientras el CAPS sigue sin funcionar.

    Fuente: secretaría de salud, informe anual al concejo distrital, acuerdo 223/2006 y cumplimiento del plan de desarrollo distrital: “ejecución de planes maestros”, p. 4.

    El 20 de noviembre de 2017 realizamos una primera visita a este CAPS, el cual según los vecinos se encontraba abandonada por lo menos desde el principio de ese año. No es claro, entonces, cómo se hizo un reforzamiento si la obra estaba abandonada.

    Visita el 20 de noviembre de 2017.

    El 13 de octubre de este año volvimos a visitar el lugar y nos encontramos con que el edificio sigue abandonado al día de hoy.

    Visita el 30 de octubre de 2018.

    Sin embargo, desde diciembre de 2016 la administración anunció la apertura del CAPS Kennedy 29 como uno de los logros de la subred suroccidente. Así lo confirma el siguiente pantallazo, que tomamos de la página de la subred.

    Algunos vecinos nos contaron que los servicios de este centro habían sido trasladados a la UPA Carvajal. Sin embargo, al ir a esta y preguntar nos informaron que solamente se había hecho el traslado de los archivos, pero que los servicios del lugar seguían siendo los mismos. Esta situación fue confirmada por el secretario de salud durante su presentación del 4 de octubre de 2018 en el concejo, en donde mencionó que el CAPS de Kennedy se encuentra en proceso de contratación de ajustes y diseños por $2.200 millones.

     

    Se han invertido $496.295.231 en la terminación de la UPA Antonio Nariño y todavía no está lista

    En el mismo informe mencionado anteriormente, se encuentra descrito el proyecto de terminación de la UPA Antonio Nariño. Según este informe, se invirtieron $496.295.231 en la vigencia 2017. El 13 de octubre de este año visitamos la UPA y nos encontramos con que la obra todavía no había sido terminada. Según los vecinos este centro está en proceso de construcción desde hace alrededor de cinco años. Además, nos contaron que la obra se retomó hace aproximadamente un año, pero se abandonó nuevamente.

    Visita 13 de octubre de 2018.

    El 4 de octubre de este año, el secretario de salud afirmó que se necesitan $3.550 millones adicionales para su terminar la construcción y asegurar la dotación y puesta en funcionamiento de este centro como un CAPS. Según afirmó el secretario ese mismo día, la apertura del CAPS sería en diciembre de 2019. Sin embargo, el proyecto sigue en estudios y diseños.

    Además, la terminación del CAPS de Antonio Nariño tiene recursos por cupo de endeudamiento. En este cupo también se notan retrasos. De los $179.000 millones que se asignaron a la secretaría de salud en 2016 por el acuerdo 646 de ese año, $55.000 millones se añadieron al proyecto de inversión para la actualización de infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones. A mayo de este año, la ejecución del cupo por parte de la secretaría de salud iba en un 0,7%.

     

    La única obra en ejecución, la del hospital de Suba, es la excepción de la norma

    Recordemos que la única obra en ejecución que tiene la secretaría de salud, según la presentación que nos hizo el secretario el pasado 4 de octubre, está en el hospital de Suba. Con mi equipo visitamos esa obra ayer, 25 de octubre.

    Visita 25 de octubre de 2018.

    El proyecto consiste en adecuar la vieja cocina del hospital de Suba para convertirla en la zona de urgencias pediátricas. Durante la visita, hablamos con el ingeniero Rodrigo Aldana, interventor, y con el arquitecto Ómar Cortés, director de la obra. Comprobamos que la obra tiene un porcentaje de avance muy elevado, superior al 95%. De hecho, estas dos personas nos informaron que el viernes pasado hicieron el acta de entrega de obra con observaciones, y que su trabajo durante esta semana es terminar la instalación de equipos eléctricos, divisiones y vidrios para consultorios, páneles para camas y detalles de pintura y aseo. Encontramos varias cuadrillas de obreros (más de 20 personas en total) trabajando en estas actividades.

    Visita 25 de octubre de 2018.

    La obra, que tuvo un costo $680 millones y duró alrededor de cinco meses, sufrió suspensiones por cuenta de retrasos de contratistas particulares. Por ejemplo, todo el sistema de ventilación fue terminado apenas la semana pasada. A pesar de estos retrasos, la entrega definitiva de la obra está programada para este domingo. Ya tienen parte de la dotación de la sala en el sótano del hospital, y nos informaron que hoy llegarían las camas para la zona de observación de pacientes.

    Visita 25 de octubre de 2018.

    El estado de esta obra es bueno, sin duda. Sin embargo, preocupa que este sea el único avance que tenga en este momento el proyecto de infraestructura hospitalaria que nos mostró el secretario. Como mostré hace un momento, esta obra supone apenas el 3% de los proyectos de infraestructura que tiene la secretaría, y representa una ejecución del 0,17% del presupuesto del proyecto de modernización de infraestructura para este año.

    De 203 sólo 1: las APP no son un mecanismo eficaz para hacer obra pública

    La administración distrital ha optado, como lo he advertido de manera reiterada a los dos últimos gobiernos, por intentar el financiamiento la inversión social con recursos inciertos. Utilizar las APP para la construcción de infraestructura en salud es continuar con ese mismo camino de incertidumbre en la realización de las obras.

    Este mecanismo sólo ha sido útil para la construcción de infraestructura vial, pero a un costo desmesurado para el país. En febrero de 2018, el director de planeación nacional realizó una presentación sobre el “contexto institucional para las APP en salud en Bogotá”.

    La anterior imagen, extraída directamente de la presentación del director de planeación, muestra las iniciativas de APP en el país que han superado la etapa de prefactibilidad, es decir, son 74 proyectos, de los cuales 49 (el 66,2%) están en el sector transporte. Para el caso de Bogotá, según el registro de APPs del departamento de planeación nacional, se han presentado 203 APPs de iniciativa privada y 10 de iniciativa pública entre 2013 y 2018. Sólo una iniciativa se ha logrado contratar y llevar a término: la renovación del coliseo el Campín. Es el único que se ha finalizado que no se refiere a infraestructura vial y de transporte.

    De esa manera, de 203 iniciativas, sólo una ha salido adelante. Un mecanismo con un porcentaje de éxito del 0,5% no ofrece ninguna garantía para construir infraestructura pública ni en Bogotá ni en el país.

    Veamos otra imagen de la presentación del director de planeación nacional, de febrero de este año. Allí encontraremos otra limitación de este mecanismo: el tiempo que se demora en lograr un contrato.

    Allí ven los tiempos estimados para construir un hospital que, según planeación nacional, se demoraría entre 21 y 38 meses. El proyecto para la construcción de CAPS se demoraría aún más si son de iniciativa privada. A estos plazos para la construcción de un hospital habría que añadir la evaluación de la propuesta del originador privado. De esa manera, el plazo para poner en marcha el proyecto para la construcción de un CAPS duraría 46 meses – casi todo un período de gobierno.

    Así no lo digan en voz alta, el Santa Clara se va a reponer con una APP

    La administración distrital ha sido astuta, pues en todas sus presentaciones ha evitado hablar del mecanismo contractual que quiere utilizar para llevar a cabo la reposición del hospital Santa Clara. Sin embargo, dos pruebas confirman que esto sí se trata de una APP:

    PRIMERA PRUEBA. El acta del consejo de gobierno distrital del 2 de octubre de 2018

    En esa reunión se declaró de importancia estratégica el proyecto para reponer el Santa Clara (uno de los requisitos para solicitar vigencias futuras). En la transcripción de la reunión, el secretario de salud explicó el modelo contractual para el hospital como una concesión, evitando así hablar de APPs. Así se puede ver en la siguiente imagen, tomada directamente del acta:

    Fuente: acta del consejo de gobierno distrital del 2 de octubre de 2018, p. 3.

    Este mecanismo – la concesión – que aparecía claramente en el acta del consejo de gobierno, luego se empezó a envolver en otros términos que tratan de ocultar su sentido. Así lo revela una respuesta que la secretaría de salud dirigió a la concejal María Victoria Vargas el 25 de octubre. Ella preguntó específicamente por el modelo contractual que se va a usar para la reposición del Santa Clara, a lo que la secretaría contestó, como pueden ver a continuación:

    La misma información encontré en un documento que envió la secretaría de salud al concejo, como resultado de las preguntas que hice en la sesión de presentación del proyecto, el pasado 21 de octubre. Le pregunté a la secretaría de salud cómo iba a lograr ejecutar el 15% de las vigencias futuras autorizadas – un tema al que volveré más adelante. Su respuesta, que pueden ver en la pantalla, incluye un:

    “Compromiso de recursos de vigencias futuras 2019 2027 mediante suscripción en éste año de un convenio inter-administrativo bipartito entre la secretaría distrital de salud y la empresa de renovación y desarrollo urbano para gestión técnica, legal y financiera para realizar posteriormente un contrato DBOMT por sus siglas en inglés que incluye el diseño, la construcción y operación de la infraestructura, la dotación, el mantenimiento de planta y equipo y los servicios asociados de aseo-desinfección y vigilancia-seguridad.”

    Fuente: secretaría de salud, respuesta a las preguntas de las sesión del 21 de octubre de 2018, radicada en el concejo el 25 de octubre de 2018, pp. 9-10.

    ¿Qué es un contrato DBOMT?

    No encontré contratos de este tipo. Lo que sí hallé fueron contratos denominados BOMT (una sigla que no significa Baby One More Time, como la canción de Britney Spears, sino build, operate, maintain, transfer), un instrumento contractual anglosajón que se ha usado en el país, particularmente en el sector minero-energético. Estos contratos se caracterizan por pactar con un privado la construcción, operación, mantenimiento y el posterior traspaso de la infraestructura energética, y en algunos casos incluyen su diseño. La comisión de regulación de energía y gas afirma haber utilizado el mecanismo, y un documento de auditoría del grupo de energía de Bogotá dice que la empresa tiene dos tuberías que operan bajo este esquema (una entre Mariquita y Cali y la otra entre Ballena y Barrancabermeja).

    En ese sentido, no hay una definición precisa sobre este tipo de contrato. A partir de las respuestas de la secretaría de salud, se entiende que va a incluir el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y, finalmente, el traspaso de la infraestructura luego de un tiempo. Al revisar la literatura sobre alianzas público-privadas, aparece como una combinación de dos contratos que explica el banco mundial en una página dedicada a ofrecer recursos legales para la estructuración de APPs, que pueden ver en la pantalla.

    El Public-Private-Partnership Legal Resource Center, como se llama esta sección del banco mundial, presenta tres tipos de APP que se usan, según investigué con mi equipo, para el desarrollo de infraestructura y que han sido aplicadas sobre todo en el sector minero-energético. Las tres clases de APP son: las concesiones, los contratos BOT (construcción-operación-traspaso) y los contratos DBO (diseño-construcción-operación).

    Veamos ahora qué dice la ley 1508 de 2012 (también conocida como ley de APPs) sobre los contratos de concesión.

    En particular, los artículos 2° y 3° de dicha ley, que pueden leer a continuación, aclaran que las concesiones son esquemas de alianzas público-privadas. Leamos:

    Fuente: ley 1508 de 2012.

    Como vemos, el artículo 2° de dicha ley hace una referencia al numeral 4 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, ley de contratación estatal. Este acápite de la ley 80 se dedica, justamente, a definir qué es una concesión para la contratación estatal. Esto es lo que dice:

    “4o. Contrato de Concesión.
    Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.”

    En ese sentido, en la ley de contratación estatal ya se encuentran las características que la secretaría de salud considera necesarias para adelantar la obra del Santa Clara. La diferencia es que, en vez de hablar de un “contrato innominado”, como lo definió en las respuestas a la concejal Vargas y luego lo expuso en el primer debate del proyecto de acuerdo, la secretaría debería estar hablando de un contrato de concesión.

    El problema radica, como lo explicó el propio secretario de salud, en las restricciones que impuso la ley 1882 de 2018, expedida el 15 de enero de este año. El artículo 14 de dicha ley prohibió a las empresas industriales y comerciales del estado (como la ERU, dueña del predio del San Juan y la encargada de adelantar el proyecto) de ser contratantes en esquemas de APP. Por lo tanto, al tomar una decisión de última hora para el Santa Clara, la administración está gravemente enredada en resolver cómo ejecutará estos recursos.

    Como podrán ver en el siguiente video de la gerente de la ERU, la entidad a cargo de llevar a cabo este proyecto aún no tiene claro el mecanismo que va a utilizar para contratar la obra.

     

    Las vigencias futuras ordinarias son “inadecuadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura que, por definición, son de largo plazo”: Financiera de desarrollo nacional

    Las condiciones de las vigencias futuras ordinarias hacen aún más apretados los tiempos que se necesitan para terminar los proyectos, adjudicar las licitaciones e iniciar la obra. Así lo reconoce la financiera de desarrollo nacional en un estudio que hizo como parte del proyecto para la presente solicitud de vigencias futuras:

    Fuente: Financiera de desarrollo nacional. Estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos de asociación público privada en salud y asesoría del proceso contractual hasta la adjudicación de los proyectos. Debida diligencia integral. Octubre de 2017, p. 363.

     

    El caso del hospital de Usme demuestra las limitaciones de las APP y los riesgos de las vigencias futuras

    El pasado 22 de julio, la administración distrital presentó un proyecto para obtener recursos para la construcción del hospital de Usme. En este caso, el camino escogido por la administración también fue el de unas vigencias futuras. Sin embargo, decidieron que este proyecto no sería una APP sino un contrato de obra pública.

    Como advertí durante aquél debate, y luego reconoció la secretaria de hacienda durante la discusión del proyecto, la viabilidad de toda la iniciativa depende de la eficacia de la secretaría de salud para ejecutar el 15% de los recursos aprobados – como se exige de las vigencias futuras ordinarias – y para adjudicar la licitación en lo que queda de este año. Veamos lo que afirmó la secretaria, luego de que las mayorías del concejo quitaron un artículo que daba más flexibilidad para ejecutar las vigencias que estaban solicitando:

    Esta situación fue confirmada luego de mi intervención por el subsecretario de hacienda. Veamos su advertencia:

    A pesar de estas circunstancias, el proyecto de acuerdo en consideración no explica cómo se van a salvar los inconvenientes de tiempo para el caso del hospital de Usme, que obligan a la secretaría a ejecutar un volumen importante de recursos en un tiempo estrecho. Tampoco justifica por qué para este caso sí es útil el mecanismo de las APP, que fue desechado para la obra en Usme.

     

    La obra para el hospital Santa Clara es necesaria, pero su cronograma genera dudas

    Si los tiempos están cortos para el hospital de Usme, como ha afirmado la secretaría de hacienda, los plazos serían aún más cortos para asegurar que las vigencias que se autoricen para adelantar la obra del nuevo hospital Santa Clara se lleven a cabo.

    Por esa razón, es desconcertante ver que la apertura de la licitación del hospital de Usme está programada para enero del próximo año, mientras la del Santa Clara, según la presentación del secretario de salud que ven a continuación, iniciaría en febrero.

    Fuente: secretaría de salud, presentación ante el concejo el 16 de octubre de 2018, diap. 16.

    Del cronograma que presentó el secretario se desprende una duda adicional. Como pueden ver, entre el inicio de la construcción y la fecha programada de apertura del nuevo Santa Clara hay un plazo de dos años. No es claro cómo, con el bajo nivel de ejecución de obra que ha demostrado la secretaría, pueden sustentar que un hospital de alta complejidad va a ser construido en dos años. Recordemos que en casi tres años de administración sólo hay una obra en marcha, y 25 de 33 proyectos de infraestructura (CAPS, en su mayoría) siguen en estudios y diseños.

     

    Las APP en el Reino Unido recortaron recursos de la atención a los pacientes

    En el Reino Unido se volvieron comunes las iniciativas de financiamiento privado (PFI, por sus siglas en inglés, private finance initiatives) desde inicios de la década de los noventa, cuando el país vivió un nuevo período de desregulación económica. Este programa fue promocionado como un mecanismo para reducir los costos iniciales de la construcción de infraestructura pública.

    Sin embargo, el costo total de la infraestructura construida con iniciativas de financiamiento privado – 717 contratos de hospitales, escuelas y otros edificios públicos – está calculado en 54.700 millones de libras. El estado estima que el costo total de los pagos que tendrá que hacer por dicha infraestructura es de 301.000 millones de libras, es decir, cinco veces y media más que el costo de la infraestructura. Algunas obras han resultado ser doce veces más caras para el estado que para el sector privado.

    Las evaluaciones más recientes de los efectos económicos de las iniciativas de financiamiento privado han demostrado que este programa, en el largo plazo, ha resultado muy oneroso para el estado británico – más costoso que haber usado recursos públicos de manera directa para construir las obras. Un informe del Centro para la salud y el interés público del Reino Unido, llamado “Profiting from infirmaries” (o lucrándose con las enfermerías, un título que juega con las mismas siglas, PFI) fue publicado en agosto de 2017. Este estudio demostró que los pagos a las instituciones privadas que han construido hospitales públicos representan una cuarta parte de todo el presupuesto del servicio nacional de salud del país.

    Además, el estudio encontró que entre 2010 y 2015 las empresas que construyeron los hospitales bajo iniciativas de financiamiento privado registraron utilidades de 831 millones de libras. Entre 2016 y 2020, estas empresas tendrán utilidades adicionales de 973 millones de libras con los pagos que ya están programados. Ese dinero, afirma el estudio, ha sido recortado del presupuesto para la atención de pacientes. Además, con esos recursos se habría reducido en un 25% el déficit de la red pública de hospitales del Reino Unido.

     

    En este proyecto no hay un compromiso de fondo con la renovación del San Juan

    La ERU sólo ha hecho intervenciones locativas y de pequeña escala en el complejo del San Juan de Dios. Cuando la administración trajo al concejo el proyecto a través del cual se fusionaría Metrovivienda en la empresa de renovación urbana, se le planteó a la alcaldía la grave situación financiera en la que se encontraba la renovación urbana en la ciudad, y como se estaba creando una empresa no solvente con una visión de renovación meramente inmobiliaria. Hoy en día, esta misma empresa es el propietario del hospital San Juan de Dios y está encargada de gestionar todas las labores para dar cumplimiento a las órdenes de restauración y conservación que han determinado la ley y la justicia.

    Dentro de la exposición de motivos del componente de reposición y dotación para el nuevo hospital Santa Clara y CAPS del conjunto hospitalario San Juan de Dios, la secretaría de salud menciona que las localidades de la Candelaria y Rafael Uribe, que comprenden la subred centro-oriente, han sufrido una pérdida de población, además de sufrir una caída de la natalidad y decrecimiento en el grupo de edad de 0 a 14 años de las poblaciones. Esta pérdida de población hace evidente la urgencia de una renovación urbana integral e incluyente, que contemple además intervenciones de vivienda y de equipamientos nuevos en la zona que logren atraer nuevos residentes de diversos estratos a estas localidades.

    Sin embargo, según la información disponible en la página de la ERU, desde el año 2016 la entidad concentró sus esfuerzos sobre todo en la intervención de reparaciones locativas en el bloque de 4 pisos del edificio central del actual hospital, con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos. Estas intervenciones no han generado procesos de intervención urbana y de transformación física del territorio contundentes que impacten económica y socialmente a la población local.

    Por otra parte, el secretario de salud anunció que la administración piensa otorgar unos puntos adicionales en la licitación de la obra a los oferentes que se comprometan a restaurar los edificios patrimoniales del complejo. A cambio, se va a concesionar el uso de dichos edificios. Escuchemos lo que dijo el secretario en la sesión del 16 de octubre de este año.

    En el siguiente video de mi presentación el 26 de octubre en la comisión de hacienda presenté mi ponencia negativa en primer debate, en la que advertí que este proyecto no incluye ningún compromiso serio con la renovación del San Juan.

    Por esa razón, luego de la presentación de mi ponencia, el secretario de salud tuvo que reconocer que los recursos que están pidiendo para la reposición del Santa Clara, como advertí, no incluyen fuentes para financiar la recuperación de los edificios patrimoniales del complejo hospitalario. Veamos lo que dijo el secretario ese mismo día, 26 de octubre:

    El San Juan de Dios seguirá esperando

    Según el proyecto de la secretaría de salud, la “gran alameda occidental” que van a construir en el complejo hospitalario, de unos 40 metros de ancho, buscaría conectar el barrio San Bernardo y el barrio Policarpa. Esto generaría, según la secretaría de salud, un corredor verde con parqueaderos subterráneos que impactaría en la calidad de vida de los habitantes del sector. Sin embargo, esta intervención no es suficiente para generar un impacto significativo de redesarrollo en la zona.

    El San Juan de Dios, de recuperarse de fondo, podría convertirse en un nodo de renovación urbana del centro ampliado. El predio tiene una localización estratégica, ya que cuenta con conexiones urbanas óptimas: está rodeado directamente por la avenida Caracas, la carrera 10, ambas con troncales de transporte masivo de Transmilenio; la avenida calle 1, y una vía barrial (calle 2 sur).

    La potencialidad de renovación urbana que tiene el San Juan de Dios no es aprovechada por este proyecto que, como he demostrado, no busca recuperar dicho hospital. Recordemos, en contraste, el proyecto de renovación urbana de Ciudad Salud. Pueden ver a continuación un mapa sobre el alcance de dicho plan.

    Fuente: Proeza-HCT, estudio de prefactibilidad ciudad salud, 2006, diap. 26.

    Esta iniciativa con orientación al servicio de salud, buscaba mejorar el entorno del complejo hospitalario y, en general, del sector centro de la ciudad al convertirlo en polo de desarrollo y competitividad urbana. El proyecto contaba con dos componentes: el primero, el hospitalario, planteaba una intervención puntual de mejoramiento y renovación de la infraestructura en salud y el segundo, el componente de renovación urbana, buscaba expandir el área de intervención e impacto a los barrios aledaños con un desarrollo integral de espacio público, equipamientos, comercio y de vivienda.

    Por otra parte, preocupa que a los oferentes privados que decidan renovar edificaciones patrimoniales del complejo San Juan de Dios se les entregará un derecho de usufructo que, como indicó el equipo que acompañó al subsecretario de salud durante la visita guiada que le dio a mi equipo el pasado jueves 18 de octubre, en principio no tiene un límite máximo de tiempo. Así, los oferentes privados podrán recibir rentas por un tiempo indefinido y mucho más largo del período de recuperación de la inversión inicial, recursos que deja de recibir la ciudad durante ese mismo lapso.

     

    ¿Qué va a pasar con el edificio del Santa Clara?

    La construcción del edificio del hospital Santa Clara fue influenciada por una corriente arquitectónica que apareció a inicios del siglo XX, íntimamente vinculada con cambios en la práctica médica en la época: la arquitectura terapéutica. Esta corriente surgió la preocupación de los médicos por la higiene y la funcionalidad, la orientación y la ventilación de los cuartos y su vinculación con la naturaleza. Este interés se materializa en la creación de tipologías de pabellón cuyas características principales estaban enfocadas en la ventilación cruzada que facilitaba el contacto con un aire limpio, además de la importancia del emplazamiento del hospital y el acceso a grandes espacios verdes llenos de árboles y naturaleza.

    Estas ideas llegaron a Colombia en los años treinta, cuando la crisis de los pacientes de tuberculosis estaba desbordando la capacidad de hospitales públicos. Esta situación llevó a la creación del hospital Santa Clara como un sanatorio en 1942. El 16 de julio de ese año, en presencia del presidente López Pumarejo, se abrió el Santa Clara con una dedicación específica al tratamiento de pacientes tuberculosos, con una capacidad para 200 adultos y 50 niños. Quince días después de inaugurado, son trasladados a este hospital los pacientes del pabellón San Juan de los Barrios, del San Juan de Dios. El Santa Clara se constituyó en ese entonces como pionero en la práctica de los métodos del tratamiento médico-quirúrgico contra la tuberculosis.

    Fuente: elaboración propia a partir de Google earth.

    El Santa Clara, en ese sentido, representa una parte fundamental de la historia de la medicina en Colombia y de Bogotá. Además, es uno de los pocos espacios de la ciudad que permite establecer una relación directa y cercana con zonas verdes y de recreación, tan escazas en la ciudad. En la imagen anterior pueden ver una fotografía satelital del complejo hospitalario San Juan de Dios, a la derecha, y del Santa Clara a la izquierda. Estos hospitales rompen con el entramado urbano denso y gris que caracteriza a esta zona del centro de la ciudad. Por esa razón, vale la pena preguntarnos: una vez se construya el nuevo edificio, ¿qué va a pasar con el Santa Clara?

     

    Conclusiones

    Por los argumentos que he expuesto, rendí una ponencia negativa para este proyecto. Quiero recapitular el sustento para las ideas que desarrollé en mi presentación. Empiezo por recordarles mi premisa inicial: reponer el hospital Santa Clara no equivale a recuperar el San Juan de Dios.

    En segundo lugar, Hay unas órdenes claras, sustentadas en la ley y en fallos judiciales, que expresamente afirman que el San Juan debe recuperarse como hospital universitario. Sin embargo, como les mostré, la renovación del San Juan no ha sido una prioridad de esta administración. Los incentivos para restaurar edificios patrimoniales del San Juan, según las afirmaciones del secretario de salud, tienen que ver sobre todo con el usufructo de esos edificios por parte de los privados. Esto no es un compromiso con la renovación del complejo hospitalario.

    Además, la capacidad de gestión en infraestructura de la secretaría de salud muestra unos rezagos notables. Recordemos: para 2018 han comprometido sólo el 5,03% de los recursos que tienen para infraestructura, y han hecho giros efectivos del 0,42% de dichos recursos. Igualmente, de 33 obras que nos presentó el secretario, sólo una está siendo ejecutada.

    En cuarto lugar, el mecanismo para contratar la obra no es el adecuado. Desde 2016, en la discusión del plan de desarrollo, advertí a la administración del riesgo que asumían al intentar financiar la inversión social con recursos inciertos. Hoy insisten con mecanismos como las APP, que han demostrado un éxito del 0,5% en Bogotá, que tienen plazos muy dilatados y que descargan el riesgo que asumen los privados encargados de la realización de los proyectos.

    Luego viene el tema del cronograma. En el lúgubre panorama de ejecución en infraestructura de la secretaría de salud no aparece un camino claro para comprometer el volumen de recursos necesario para que las vigencias futuras que buscan con este proyecto no caduquen. En lo que queda del año deben ejecutar $76.177 millones.

    En el caso del hospital de Usme la administración ya reculó. Desistieron de hacer una APP y optaron por un contrato de obra pública. ¿Por qué no hacer lo mismo con el Santa Clara?

    Esta ponencia fue adelantada, bajo mi supervisión, por Ana Milena Prada, Natalia Rubiano y Juan Sebastián Moreno.

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  • Reserva o catástrofe Por qué preservar y restaurar la reserva van der Hammen es un antídoto contra una catástrofe ambiental

    La urbanización acelerada sobre toda la sabana de Bogotá ha tenido efectos muy negativos en la calidad del ambiente de la región. En consecuencia, la posibilidad de preservar y restaurar un área como la reserva Thomas van der Hammen – 1.395 hectáreas que aún conservan fragmentos de ecosistemas nativos – se vuelve fundamental para poner un freno al deterioro ambiental, una tarea de especial importancia al considerar que estamos en una época de emergencia ambiental en todo el planeta.

    Con la ayuda de google earth, hicimos este recorrido breve por la reserva, ubicada en el norte de Bogotá – zona donde termina la ciudad y empiezan los municipios de Chía y Cota. Como pueden ver, a pesar de contener edificaciones – colegios, casas, invernaderos – la reserva es una pausa verde en las manchas grises que la rodean por todos los flancos:

    Ahora, un fallo del tribunal administrativo de Cundinamarca, proferido el 10 de octubre de este año – es decir, hace apenas cinco días – pone en riesgo toda esta zona. Dicho fallo le ordena a la CAR, la autoridad ambiental de la región y la encargada del manejo de la reserva van der Hammen, acoger la propuesta de la administración para intervenir la reserva. Pueden acceder aquí al texto completo del fallo del tribunal.

    La propuesta de la administración, que analizaré en detalle más adelante, y la consecuente aniquilación de la reserva van der Hammen, resultarían en la aceleración del deterioro ambiental de la sabana.

    Este deterioro ha sido diagnosticado desde diferentes ángulos por la comunidad científica. Por ejemplo, en 2017 el profesor Sergio Gaviria Melo, profesor de geociencias de la Universidad Nacional, llamó la atención sobre la afectación de las fuentes de agua en los municipios vecinos a Bogotá en el trabajo “Crisis ambiental en la sabana de Bogotá”. Algunos casos críticos que muestra Gaviria son la contaminación del río Teusacá en La Calera y Sopó, y el estado de la planta de tratamiento Tibitoc, que solo puede tratar aguas para consumo por 180 días al año. Particularmente, el profesor Gaviria advierte que:

    “Una catástrofe ambiental de proporciones incalculables en la Sabana de Bogotá puede producirse a mediano plazo por cuenta del desmedido incremento en las actividades de construcción e industrialización en la región, apoyado en planes de desarrollo de los municipios.”

    También identifica a unos actores directamente responsables en esta posible catástrofe:

    “Las grandes empresas constructoras en la Sabana de Bogotá, en acuerdo con los entes gubernamentales a nivel de Ministerio, Gobernación, Distrito Capital y Municipios, se han empeñado en abrir los espacios para el cambio de uso del suelo rural con perspectivas de expansión urbana, con el aval de la CAR. Lo anterior en contra de la Ley 99 que declara la Sabana de Bogotá como una zona de interés ecológico, cuyo uso prioritario debido a la calidad extraordinaria de sus suelos, es el agropecuario y forestal.”

    Otros problemas ambientales que ha identificado la CAR, la autoridad ambiental de Cundimamarca, son las actividades agropecuarias que han destruido áreas de bosque nativo; los invernaderos para cultivos de flores, que contaminan los suelos y cambian el paisaje; la contaminación de los suelos por los procesos de mecanización de las actividades agropecuarias; y la explotación de fuentes de agua superficiales y subterráneas.

    En el 2011, el instituto de estudios urbanos de la Universidad Nacional llevó a cabo un estudio para la CAR en donde confirmó este diagnóstico: la degradación progresiva de los cuerpos de agua de la sabana se dio por la expansión de actividades agrícolas y ganaderas. El uso de los suelos para expansión urbana ha agudizado este proceso.

    De esa manera, el aumento de la población y el cambio de usos de suelo para permitir nuevas actividades económicas han tenido un impacto sobre los suelos y la calidad de las fuentes de agua de la sabana. El impacto demográfico, en particular, ha sido muy notable. Pueden observar en los siguientes mapas el ritmo de crecimiento de la mancha urbana de Bogotá. En cuestión de 60 años, la ciudad se expandió por la sabana y población pasó de 330 mil habitantes en 1944 a 6,7 millones en 2004.

    Para 2005, según el censo del Dane, éramos 6,8 millones de bogotanos. La proyección de población a partir de ese censo, para junio 30 de 2018, es de 8,1 millones de habitantes, pero es necesario esperar las cifras del nuevo censo. Hay serias críticas sobre estos estimados de población – aspecto crucial que abordaré más adelante.

     

    ¿Quién era Thomas Van der Hammen?

    Vale la pena que nos detengamos, de manera breve, en la vida del profesor van der Hammen, y la relevancia de su trabajo para comprender la importancia de sus advertencias frente a la urgencia de frenar el deterioro ambiental de la sabana.

    Thomas van der Hammen nació en Holanda en 1914. Estudió geología, zoología, botánica y química en la Universidad de Leiden, y obtuvo un doctorado en paleontología y botánica por la misma universidad (después de la segunda guerra mundial, pero no conocemos el año exacto).

    Llegó a Colombia en 1951, para trabajar como jefe del servicio de palinología paleobotánica del servicio geológico nacional, institución que luego se convirtió en Ingeominas.

    Regresó a Holanda en 1959, en donde asumió como profesor de la universidad de Leiden y, siete años más tarde, en la universidad de Amsterdam. Allí llevó a cabo estudios sobre historia climática, que complementó con expediciones en palinología tropical – el estudio del polen – en Guyana, Surinam y la cuenca amazónica.

    En la década de los setenta regresó a Colombia, en donde integró unas expediciones colombo-holandesas que hicieron un trabajo de diagnóstico geológico, ecológico y social de los ecosistemas de las cordilleras de los Andes. Durante ese tiempo, van der Hammen se convirtió además en una autoridad de talla mundial en procesos de cambio climático, pues sus investigaciones le permitieron caracterizar los procesos de transición del clima en regiones tropicales en distintas edades del planeta.

    En Holanda, van der Hammen puso manos a la obra para conservar la naturaleza. Desde su posición en la junta directiva de un museo de historia natural, guio la creación de la reserva forestal Molenven, un terreno de 32 hectáreas que había sido fuertemente degradado durante la primera mitad del siglo XX. Como expliqué en mi debate sobre los humedales en Bogotá, esta reserva es un ejemplo internacional en la recuperación ambiental de áreas muy deterioradas.

    En Colombia, van der Hammen fue uno de los fundadores de la facultad de ciencias geológicas de la Universidad Nacional, donde además fue profesor. Esta misma labor docente la realizó en las universidades Distrital y Pedagógica, así como en el instituto colombiano de antropología. Se radicó definitivamente en el país a partir de 1991.

    Desde su llegada al país, desarrolló una amplia gama de investigaciones sobre los ecosistemas y la geología de Colombia. Con ellas, logró una comprensión profunda sobre las características de los ecosistemas existentes en el país, las funciones que estos cumplían para la provisión de agua y el equilibrio ambiental, así como los riesgos a los que se encontraban expuestos.

    Particularmente, entre 1986 y 2007 publicó una serie de trabajos sobre los ecosistemas de páramo y de bosque altoandino en el país, que sirvieron tanto de insumos científicos para entender la importancia de estas zonas, como de material de educación ambiental para restringir actividades agropecuarias que son muy dañinas en estas zonas.

    Van der Hammen dio ejemplo restaurando con sus propios recursos una hectárea con bosque nativo en la sabana de Bogotá, que incluye un humedal artificial, cercas vivas alrededor de la propiedad y un espacio de cultivos.

    Pueden ver esta finca en el recorrido que les ofrecemos con imágenes satelitales. La casa de los van der Hammen es un pequeño bosque que logró ser recuperado. Con ello, buscaba demostrar que la restauración de los ecosistemas de la sabana era posible.

    Para profundizar en la vida de este científico holandés pueden seguir este enlace. Allí encontrarán el obituario de van der Hammen que publicó la universidad de Amsterdam.

     

    Según van der Hammen, ¿qué es una reserva?

    Desde 1998, van der Hammen expresó la necesidad de crear reservas forestales en la sabana de Bogotá para frenar su deterioro. En su “Plan ambiental de la cuenca alta del río Bogotá”, el científico holandés afirmó que:

    “En vista de la destrucción casi total de los bosques originales, se requiere con urgencia que se declaren reservas naturales los pocos restos que quedan, para así asegurar la conservación de la biodiversidad, como base para la progresiva ampliación del área cubierta de bosque natural. Bosques secundarios bien desarrollados deben también ser incluidos en las áreas a proteger en primera instancia”.
    Thomas van der Hammen, Plan ambiental de la cuenca alta del río Bogotá, pp. 111-112.

    En ese sentido, la creación de una reserva tenía para van der Hammen un sentido práctico: poner freno a la degradación ambiental de la sabana, causada por la presión urbana y el crecimiento de la población, y agravada por el predominio de una actividad constructora indiscriminada. Pero estas reservas deberían tener un carácter unitario, que van der Hammen explica de la siguiente manera en el mismo documento:

    “Para poder manejar bien un área, ésta tiene que conformar geográfica y ecológicamente una unidad, es decir tiene que incluir todas las partes que por su situación pueden tener influencia sobre la región principal.
    […]
    “La unidad del área está dada por su geografía, geología, su hidrogeología y su hidrología. En estos términos, una acción en cualquier parte del área puede tener influencia sobre grandes extensiones de toda la cuenca.”
    Thomas van der Hammen, Plan ambiental de la cuenca alta del río Bogotá, p. 10.

    De esa manera, para van der Hammen una reserva es una zona manejada de manera integral, dedicada a la conservación de la biodiversidad y a la recuperación de los bosques nativos. Estos objetivos, según el científico holandés, también son muy importantes para cuidar las aguas superficiales y subterráneas.

     

    Los estudios de van der Hammen fueron fundamentales para que la CAR asumiera la protección de la reserva

    A partir del trabajo de van der Hammen, la CAR expresó sus preocupaciones acerca del ritmo de crecimiento de Bogotá y del riesgo de la conurbación con los municipios vecinos en la sabana, por las implicaciones que esto podría tener sobre la sostenibilidad ecológica del territorio.

    El diagnóstico del plan de manejo, hecho por la CAR y adoptado en el 2014, habla de la reserva como un “dique” para contener la expansión del área urbana de Bogotá. Para la autoridad ambiental, el eje de la autopista norte era el que más preocupación generaba por el proceso de conurbación con Chía y Cota, así como sus efectos negativos sobre las áreas rurales de Suba y Usaquén. En el diagnóstico para dicho plan de manejo, la CAR afirmó que:

    “La reserva es estratégica para estimular el crecimiento compacto de Bogotá y evitar la expansión urbana del distrito sobre la sabana de Bogotá, sobre los corredores viales de Suba-Cota y la vía Guaymaral. Una de las soluciones parciales para evitar la urbanización de la sabana de Bogotá es que el distrito no crezca sobre lo que resta de su ecosistema de sabana. Esto ayudaría a evitar la conurbación de Bogotá con Chía y Cota, trayendo como beneficio conservar los acuíferos que hay en la zona (Carrizosa, 2007), preservar los suelos tipo I y II – los mejores para la agricultura en Colombia – así como la posibilidad de conectar ecológicamente los relictos de áreas naturales en medio de la sabana con los cerros orientales (secretaría de planeación, 2008)”.

     

    Peñalosa ya quiso urbanizar la reserva en su primer gobierno ¡y perdió!

    El plan de manejo, en ese sentido, respondió a las preocupaciones que expresó el ministerio de ambiente desde el año 2000, cuando emitió dos resoluciones que le dieron vida a la reserva: la 475 y la 621 de ese año. Dichas normas fueron resultado de una fallida conciliación ambiental para el plan de ordenamiento territorial de Bogotá que quiso aprobar Enrique Peñalosa durante su primera alcaldía. El alcalde quería ampliar la zona urbana de la ciudad, una propuesta a la que la CAR se opuso.

    Este conflicto fue dirimido por el ministerio de ambiente con la conformación de un panel de expertos para que estudiara la zona. En ese panel participó Thomas van der Hammen. El panel rechazó los argumentos del alcalde y propuso la creación de la reserva, que fue definida por medio de la resolución 475 de 2000 del ministerio, que concluyó

    1. “Que es evidente la presencia de ecosistemas de importancia regional como los Cerros Orientales, Cerro de la Conejera y de Torca, el valle aluvial del río Bogotá, y los humedales de Guaymaral – Torca, así como la planicie conectante, la cual, además de constituir la principal fuente de recarga de acuíferos de la Sabana Norte, presenta los mejores suelos para actividades agrícolas, los cuales ameritan un manejo ecosistémico, regional e integral que garantice su protección y uso racional.
    2. “Que estos ecosistemas de manera integral son de especial importancia para garantizar la conectividad ambiental y funcional entre la Sabana central y el valle de los Ríos Bogotá y Frío en el costado Norte de la Sabana.”

    En el artículo quinto de la resolución, el ministerio caracterizó esta zona como un área de alta importancia ecológica para la región, fundamental para asegurar la conectividad entre los ecosistemas de los cerros orientales y los del valle aluvial del río Bogotá. El objetivo de crear esta reserva era, entonces, asegurar la existencia de un corredor vivo, recuperar y conservar la cobertura vegetal protectora, y garantizar la función ecológica de las propiedades privadas que ya existían en la zona. El ministerio, además, le dijo al distrito que la reserva debía ser incluida dentro del sistema de áreas protegidas de la ciudad.

    Aunque el alcalde perdió esta batalla, los argumentos que ahora usa para querer urbanizar la reserva parecen ser los mismos. Así lo cree Manuel Rodríguez, ecologista, ex ministro de ambiente y miembro del panel de expertos que recomendó la creación de la reserva. En un evento organizado por el foro nacional ambiental el 17 de febrero de 2016 en la universidad de los Andes, el ex ministro Rodríguez advirtió lo siguiente:

     

    La conurbación ahoga peligrosamente lo que queda de sabana

    Las preocupaciones de científicos y ambientalistas por el crecimiento desmedido de Bogotá se han ido materializando con el paso de los años. Veamos esta fotografía aérea del norte de Bogotá, tomada por el instituto geográfico Agustín Codazzi en un sobrevuelo en 1993. Allí ven la zona en la que el río Bogotá, resaltado en color azul, separa a la ciudad de los municipios de Cota y Chía. En color rojo pueden ver los predios dedicados a actividades productivas. En su mayoría son invernaderos. En color morado, por su parte, observan predios residenciales o dotacionales, que corresponden sobre todo a colegios ubicados en esta zona.

    Ahora vean este contraste, entre la situación en 1993 – en la foto en blanco y negro, en donde había muchos predios sin urbanizar – y una fotografía satelital de este año, a color. Los predios residenciales, en morado, han aumentado sobre todo en el margen occidental del río Bogotá. El crecimiento de la mancha urbana de Cota durante los últimos 25 años ha incrementado la presión que soporta todo el río Bogotá.

    Pero al alcalde parece no importarle la conurbación, a pesar de las advertencias de expertos sobre la materia. En el mismo foro en los Andes que vimos hace un momento, el profesor Julio Carrizosa explicó que uno de los propósitos fundamentales de la reserva es evitar la conurbación. Dijo que así lo concibió van der Hammen:

    ¿Y qué le contestó el alcalde?

    ¡Qué analfabetismo ambiental!

     

    Esta es una reserva en potencia para empezar a recuperar la sabana

    El mismo van der Hammen fue el primero en diagnosticar de manera precisa que en el borde norte de la ciudad existen unos “ecosistemas potenciales”, susceptibles de ser recuperados. En su estudio de 1998 sobre la cuenca alta del río Bogotá, el mismo que ya les mostré para explicar el concepto de la reserva, van der Hammen prestó particular atención a dos elementos: la protección del agua tanto superficial como subterránea, y la conexión ecológica entre los cerros orientales y el río Bogotá.

    La figura que ven a continuación es una animación de un esquema que originalmente fue hecho por el profesor van der Hammen. Con dicho esquema, él buscó explicar, de manera sencilla, cómo se podría realizar la recuperación ambiental y forestal de la sabana de Bogotá.

    Esta labor implicaría la reforestación con especies nativas (alisos, en particular) en la parte alta de los cerros, que en la figura aparecen en varios tonos de verde, y las rondas de ríos y quebradas, de color azul. Ambas zonas se unirían con franjas anchas de bosque y con cercas vivas anchas en la planicie, representadas por las líneas que atraviesan el esquema del profesor van der Hammen. Como pueden ver, las fuentes de agua – quebradas, humedales y el río Bogotá – tienen un papel fundamental allí.

    Según van der Hammen, las cercas vivas son franjas de 3 a 5 metros de ancho, con hileras irregulares de árboles y arbustos en la parte baja. Dichas cercas podían cumplir una función en la protección durante la época de heladas en la sabana, así como ejercer una acción natural contra las plagas. ¿Qué tipo de árboles debían sembrarse? Van der Hammen sugería sembrar alisos, ciros, raques y arrayanes.

    Esta red de cercas vivas fue planteada por van der Hammen, además, como una serie de corredores biológicos que permitirían la conexión de los cerros con el piedemonte y el río Bogotá. De la misma forma, afirmó que la reforestación de la sabana requería una política orientada a la recuperación del medio ambiente, en la medida en que la recuperación del bosque nativo, con especies como las que vimos, ayudaría a permitir la recarga de los acuíferos – depósitos subterráneos de agua – y al retorno del agua a las corrientes de la zona.

     

    “El peligro es el crecimiento difuso”

    Hacia el final de su vida, van der Hammen fue enfático al recomendar que no se desarrollaran zonas urbanas ni zonas industriales en las rondas o valles de los ríos, puesto que estas áreas almacenan agua en épocas de lluvia y suponen un riesgo de desbordamiento de ríos y quebradas. Además, están expuestas a factores de contaminación tanto en aguas superficiales como subterráneas. Así lo dejó claro en una entrevista que concedió en 2004. Veamos un fragmento:

     

    La arrogancia del poder atropella el medio ambiente

    En contravía de la evidencia científica, el alcalde no ceja en su empeño de defender su propuesta para urbanizar la reserva. Esta miopía ecológica del alcalde Peñalosa pone en un riesgo crítico uno de los valores ambientales que van der Hammen defendió durante toda su carrera en el país: el agua subterránea y superficial que hay en la zona. En una reciente entrevista en Blu radio, el 8 de octubre de 2018, el alcalde afirmó que no hay agua subterránea allí. Escuchemos al alcalde:

    Pero la propia administración ya había mapeado los puntos en donde hay agua subterránea en la reserva. El 17 de febrero de 2016, en el mismo foro en la universidad de los Andes que ya he nombrado, el alcalde intentó justificar la propuesta de urbanizar la reserva.

    Quiero llamar su atención sobre una diapositiva que el alcalde pasó de largo en su presentación. Le sacamos un pantallazo (ustedes pueden ver la presentación completa aquí), y les enseñamos esta imagen a continuación:

    Allí dice: “sustituiremos los 200 pozos profundos (puntos negros en el mapa) por nuestro sistema de acueducto organizado y responsable”. La leyenda del mapa, apenas visible, dice que esos puntos corresponden a “pozos de agua subterránea”. El agua sí existe, como lo han demostrado los científicos que se han concentrado en el estudio de la zona. El alcalde decide hacer caso omiso de esta evidencia.

     

    El agua de la van der Hammen es uno de sus principales valores, pero se encuentra en enorme riesgo

    ¿Qué dicen los estudios sobre el agua en la zona donde está la reserva? A diferencia de lo que plantea Peñalosa, hay evidencia científica precisa acerca de la afectación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas del área de la reserva. Asimismo, han señalado porque son necesarias para el equilibrio ambiental de la zona, la conectividad ecosistémica y la mitigación de los efectos de inundaciones, por ejemplo. Miremos que dicen los estudios.

    Los profesores Chisacá y Remolina, de la Universidad Nacional, señalaron que en la zona había evidencia sobre la afectación de los cursos de agua que atravesaban parte de la reserva y que desembocaban en los humedales Torca y Guaymaral. En el estudio que realizaron en 2007 y que la administración señala como una de las fuentes para su propuesta, encontramos lo siguiente:

    “El desvío de quebradas que desembocaban en los humedales han provocado notables descensos en los cuerpos de agua que van en contravía de la conservación de éstos y de las poblaciones de fauna que los habitan. Este es el caso de la quebrada que nace en los Cerros Orientales, cruzando por un floricultivo y el cementerio de Jardínez de Paz y es desviada del humedal de Torca (el cual prácticamente no tiene espejo de agua) para unirse directamente al canal de Torca.”
    Chisacá y Remolina (2007), p. 104.

    Según el estudio que el instituto de estudios urbanos de la Universidad Nacional realizó el año 2011, el mismo que cité al inicio cuando hablé del deterioro de la sabana, un aspecto fundamental con relación a las características hidrográficas del área de la reserva está asociado a la permeabilidad del suelo. Esto tiene que ver con la capacidad de retención de las aguas que corren desde los cerros orientales hacia el occidente, así como de las aguas lluvias. Asimismo, el estudio llamaba la atención acerca de las problemáticas que afectaban las condiciones hidrográficas de la reserva, asociadas fundamentalmente a la acción del hombre sobre el territorio sin ningún parámetro de planeación. Revisemos este fragmento del estudio de la Nacional:

    “Las circunstancias naturales de invierno han sacado a flote toda una serie de malas decisiones sobre la ocupación del territorio: rellenos del valle de inundación del río, construcciones de vivienda e instituciones educativas debajo del nivel del río, construcción de PTAR (plantas de tratamiento de aguas residuales) en el valle del río, construcción de vivienda en la altiplanicie encharcable, cierre de vallados y drenajes en la altiplanicie, entre otros.”
    Universidad Nacional (2011), p. 289.

    Entonces, ¿la urbanización de la reserva no replicaría los problemas que, en el pasado, han afectado las condiciones hidrográficas del suelo?

    Por otra parte, con base en las observaciones que realizó en terreno el instituto de estudios urbanos, el estudio concluye que los humedales y los vallados cumplen una función esencial en la amortiguación de los caudales que aumenten durante la temporada de lluvias y durante las inundaciones que afectaban la zona por fenómenos como el desbordamiento del río Bogotá.

    “En el trabajo de campo fue posible evidenciar el papel que cumplen los vallados y la función del humedal como amortiguador y zona de inundación en la temporada de lluvias, inclusie en el muestre de mayo 23 se pudo apreciar como el humedal soportó y amortiguó el reflujo del Río Bogotá evitando la inundación de los predios adyacentes.”
    Universidad Nacional (2011), p. 319.

     

    Inflan la reserva para hacerla aparecer más grande

    El alcalde Peñalosa se ha referido a la reserva van der Hammen, desde hace años, en términos despectivos. Su propuesta para cambiar los límites de la reserva y sustraer zonas que son áreas protegidas desde 1999 corresponde a la lógica inmobiliaria que ha empleado el alcalde para tratar los temas ambientales.

    La administración del alcalde Peñalosa ha sostenido que la propuesta que presentó a la CAR para intervenir la reserva Thomas van der Hammen resultaría, de ser aprobada, en una reserva mejor que la que hoy existe.

    Sobre todo, según la administración, la reserva pasaría de 1.396 hectáreas, que tiene en la actualidad, a 1.710 hectáreas. Esto significaría un incremento de 314 hectáreas. Pero, como pueden ver en la siguiente imagen, esta es una colcha de retazos disfrazada con una supuesta ampliación.

    Por una parte, esta medida es engañosa, pues a las 1.710 hectáreas en la “reserva ampliada” la administración incluyó al cerro de la Conejera, que ya es un área protegida y que tiene 170 hectáreas. Además, hay que restarle 104 hectáreas que serán sustraídas para construir vías que atravesarían esa zona del norte de Bogotá. De esa manera, la supuesta reserva como tal tendría 1.436 hectáreas, apenas 40 más de las que tiene hoy, pero rodeada de gigantescas urbanizaciones, la cuarta ciudad más grande del país, como demostraré más adelante.

     

    Liquidadores de la reserva

    El impacto de la urbanización de la zona de la reserva van der Hammen ya ha sido advertido en numerosas ocasiones por la comunidad científica del país. Escuchemos, por ejemplo, al profesor Manuel Rodríguez quien, desde el 2 de febrero de 2016, advirtió que:

    Urbanizar la reserva significa, además, atravesar unas vías que rompen con la unidad integral que propuso y defendió van der Hammen. Sólo basta mirar un plano con los trazados propuestos para las vías que atravesarían la reserva para notar su impacto. Como se puede apreciar en el mapa que pueden ver a continuación, la prolongación de tres avenidas (la Boyacá, la ciudad de Cali y la carrera Novena) y la construcción de la ALO cortarían la zona en varios retazos. Lo mismo harían otras obras locales que, además, tendrían encima troncales de transmilenio.

    Desde el 29 de julio de 2017 advertí, con documentos oficiales de la administración, que querían sacarle 63 hectáreas a la reserva van der Hammen para ampliar dichas vías. Ahora, en la propuesta actual del alcalde Peñalosa, son 104 hectáreas las que necesitan para estas obras, como pueden ver en la imagen.

     

    “Los corredores ecológicos no sustituyen un área de reserva”

    La administración le pidió a la CAR trazar unos nuevos linderos para la reserva, que abarquen todos los hábitats del área y que permitan la conectividad hasta el cerro del Majuy, en Cota. Sin embargo, los corredores con los que la administración quiere mostrar que respetará la conectividad ecológica de la zona son exiguos. No respetan la idea de van der Hammen de conservar la reserva como una unidad, en donde todas sus partes se relacionen de manera integral.

    De hecho, como lo advirtió el profesor Fernando Remolina, biólogo de la Universidad Nacional y ex director científico de la CAR, en la sesión informal del consejo directivo de la CAR, el 9 de octubre de este año, lo que la administración entiende por “corredor ambiental” se aleja de los objetivos de conservación de la reserva. Veamos al profesor Remolina:

     

    ¿Cómo van a proteger la reserva ahogándola con un megaproyecto inmobiliario?

    La administración dice que quiere cambiar el estatus de la reserva, para que deje de ser una reserva productora – que admite actividades agropecuarias – para convertirse en una reserva protectora – enfocada en la conservación de la zona.

    El proyecto de la administración no proporciona ningún mecanismo para garantizar esta protección – sobre todo cuando quiere meter un proyecto inmobiliario que, según la secretaría de planeación, ocuparía 2147 hectáreas en medio de un área que debería estar dedicada a la conservación y restauración ambiental.

     

    El objetivo de Peñalosa es un gigantesco proyecto inmobiliario: construir en el norte la que sería la cuarta ciudad más grande de Colombia, con 1.736.485 habitantes

    La proyección de población que el alcalde realiza para argumentar la viabilidad de este proyecto de su administración es exagerada. El alcalde ha repetido en varias ocasiones que para 2050, la ciudad tendrá 3,6 millones de habitantes más, con lo que su población llegaría a los 12 millones de habitantes. En contraste, un estudio reciente – publicado este mes – de la sociedad de mejoras y ornato ha ajustado los estimados de población. Los estadísticos Ernesto Rojas (exdirector del Dane) y Álvaro Pachón calcularon que, corrigiendo las estimaciones del censo del 2005, para 2050 la ciudad estaría pasando apenas los 9 millones de habitantes.

    Sustentada en la cifra inflada, que no corresponde ni con el cálculo oficial del Dane (que pone la población de Bogotá en 2050 en 10,5 millones de habitantes), la administración estimó en la propuesta que presentó a la CAR que en el área redelimitada de la reserva vivirían 1.327.485 habitantes. Sumado a esto, se encuentra en marcha el proyecto inmobiliario de “lagos de Torca”, justo en el borde de la reserva. Allí la administración quiere habilitar suelo urbano para que vivan 409.000 habitantes más.

    De esa manera, esos dos proyectos llevarían a esta zona de Bogotá a 1.736.485 habitantes – una cifra superior a la población de cualquiera de las localidades de la ciudad. El norte de Bogotá equivaldría, de esa manera, a la cuarta ciudad más grande del país, detrás de Bogotá, Medellín y Cali, y por encima de Barranquilla, que tiene 1 millón 232 mil habitantes. Los datos de población los tomamos del Dane.

     

    ¿Cómo va a sobrevivir la reserva sitiada por el hacinamiento urbano?

    Otro tema de enorme importancia es el de la densidad de población. La densidad actual de Bogotá, de acuerdo con los datos más recientes de las Naciones Unidas, es de 17.700 habitantes por kilómetro cuadrado. Así, Bogotá es la segunda ciudad más densa del país, después de Ibagué, y ocupa el puesto 28 en el escalafón de las ciudades más densas del planeta (compuesto por ciudades con más de 500 mil habitantes).

    El primer lugar de este escalafón se lo lleva Dhaka, en Bangladesh, con 47.400 habitantes por kilómetro cuadrado. Le siguen Mogadishu, en Somalia (28.600 hab./km2), Raqqa, en Siria (27.200 hab./km2) y Mumbay, en India (26.400 hab./km2).

    Según la información que la secretaría de planeación envió a la CAR para el cambio en la reserva, el proyecto inmobiliario que quieren construir, que concentraría a 1,3 millones de personas en lo que hoy es la reserva van der Hammen, tendría una densidad de 32.519 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es casi el doble de la densidad promedio de Bogotá y representaría, en términos prácticos, la segunda ciudad más densa del mundo.

    Pueden ver en la imagen el área urbana de Cali: 184 kilómetros cuadrados en donde viven 2,4 millones de personas. Esto representa una densidad de 13,144 habitantes por kilómetro cuadrado. Al lado ven el área del proyecto ciudad norte – la reserva van der Hammen sitiada por la urbanización. Allí, en un área de 38,5 kilómetros cuadrados, casi cinco veces más pequeña que Cali, quieren hacer caber 1,3 millones de habitantes.

     

    Un parque urbano no es una reserva

    La propuesta del alcalde corresponde más a la de crear un parque metropolitano que a mantener una reserva con vocación de conservación ambiental. Pueden ver, por ejemplo, el siguiente video de una entrevista al alcalde Peñalosa del pasado 4 de abril de 2018 en canal uno, en donde deja claro que su objetivo es hacer un parque en el borde norte de la ciudad:

    Esta visión aniquila el potencial que tiene la reserva para responder a los desafíos ambientales que enfrenta Bogotá.

     

    Ningún estudioso serio del medio ambiente está de acuerdo con Peñalosa

    Confrontado por expertos, Peñalosa demostró que sólo busca urbanizar la reserva van der Hammen. En el conversatorio del foro nacional ambiental en la universidad de los Andes, que ya he mencionado en varias ocasiones, el alcalde dijo que la reserva representa un problema para la urbanización y la movilidad del norte de Bogotá. Lo pueden escuchar en otro fragmento de su intervención del 17 de febrero de 2016:

    Tanto Julio Carrizosa como Manuel Rodríguez expresaron sus cuestionamientos al alcalde sobre la propuesta de la administración. Ambos científicos recordaron el espíritu de las recomendaciones formuladas por el panel de expertos que creó la reserva – un grupo selecto del que ellos hicieron parte – así como el rol que el profesor van der Hammen daba a la reserva para la preservación y restauración de los relictos de la sabana.

    El profesor Rodríguez, particularmente, hizo referencia a la restauración de la reserva como un proceso prolongado, que se encontraba lejos de los objetivos del alcalde con la intervención pensada en dicho territorio. Escuchemos una vez más a Manuel Rodríguez:

    Veamos ahora la respuesta del alcalde:

    Todo lo que hemos presentado demuestra que la importancia de la reserva van der Hammen es mucho mayor de lo que quiere hacer creer el alcalde. Recordemos la cita que ya mencioné de este científico holandés:

    “[…] una acción en cualquier parte del área puede tener influencia sobre grandes extensiones de toda la cuenca.”

     

    El 44,9% de las donaciones a la campaña del alcalde Peñalosa vinieron del sector de la construcción

    La campaña de Enrique Peñalosa a la alcaldía de Bogotá en 2015 recibió $2.678 millones en donaciones. De esos recursos, $1.204 millones, el 44,9%, provinieron de empresas o personas vinculadas al sector de la construcción.

    Estas cifras fueron obtenidas directamente de los reportes de campaña al consejo nacional electoral.

    En este enlace pueden encontrar más detalles.

     

    Esta investigación fue hecha, bajo mi dirección, por Jaime Solórzano y Juan Sebastián Moreno. Todo el componente visual del trabajo estuvo a cargo de Ana Milena Prada y Cristian Rodríguez.

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  • La seguridad de los bogotanos no mejoró con la creación de la secretaría de seguridad

    La seguridad en la ciudad es un tema que, junto con mi equipo, he seguido con el mayor detenimiento. El 16 de diciembre de 2017 hice un debate sobre armas, narcotráfico y seguridad urbana en el que demostré, con cifras oficiales de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, que había unos delitos disparados en la ciudad: hurto a personas, hurto de bicicletas y hurto de celulares. Luego, en mayo de este año, alerté que la secretaría de seguridad había desaparecido las cifras de estos y otros crímenes, que antes hacía públicas a través de unos boletines mensuales.

    Los boletines de los que habían desaparecido las cifras de delitos fueron vueltos a publicar por la secretaría entre agosto y septiembre de este año, con la información mensual sobre crímenes en Bogotá. A partir de dichos boletines, podemos constatar que la situación de inseguridad en la ciudad, lejos de mejorar, ha empeorado. En los siguientes tres mapas, elaborados con mis colaboradores, les mostraré con fundamento en cifras de la administración que la seguridad ciudadana sigue deteriorada en los mismos tres aspectos que he denunciado desde finales del año pasado: hurto a personas, hurto de bicicletas y hurto de celulares. Las acciones adoptadas por la administración Peñalosa no van al fondo del problema y, por tanto, han resultado ineficaces.

     

    El hurto a personas se disparó en 56,9% entre 2017 y 2018 (comparando los meses entre enero y julio)

    En todas las localidades de la ciudad aumentó el hurto a personas. El crecimiento ha sido más agudo en Usaquén, Chapinero y Fontibón.

    Puede hacer click sobre la imagen para verla más grande.

     

    El hurto de bicicletas se disparó en 71,9% entre 2017 y 2018 (comparando los meses entre enero y julio)

    Con excepción de Santafé y la Candelaria, en todas las localidades de Bogotá aumentó el robo de bicicletas. Este fenómeno no hace distinciones ni geográficas ni sociales: su crecimiento más pronunciado está en Suba, Engativá, Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

    Puede hacer click sobre la imagen para verla más grande.

     

    El 29 de marzo de 2016 llevé a cabo un debate sobre los diez problemas de la bicicleta en Bogotá. Uno de ellos era la inseguridad, pues en ese momento en la ciudad se robaban 3 bicicletas cada día. Con los datos oficiales de la secretaría, con corte al 31 de julio de este año, comprobamos que actualmente en Bogotá se roban 19 bicicletas diarias.

     

    El hurto de celulares se disparó en 78,4% entre 2017 y 2018 (comparando los meses entre enero y julio)

    El hurto de celulares se ha convertido en un problema endémico de la ciudad, frente al cual ninguna estrategia parece funcionar. Entre enero y julio de 2017, la única localidad con más de 2000 casos de hurto de celulares registrados era Kennedy. Un año más tarde, esta situación tiene lugar también en Usaquén, Chapinero, Santafé, Suba, Teusaquillo y Engativá. Sólo en Chapinero se registró un aumento de más de 200%.

    Puede hacer click sobre la imagen para verla más grande.

     

    Mientras los delitos crecen, la denuncia disminuye

    El informe de calidad de vida 2017, publicado en septiembre de este año por Bogotá cómo vamos, confirma que los hurtos en Bogotá están disparados. Además, este informe indica que los bogotanos se sienten más inseguros. Por una parte, la percepción de inseguridad pasó del 50% en 2016 al 60% en 2017.

    Fuente: Bogotá cómo vamos, informe de calidad de vida 2017, p. 204.

    En el 2016, el 45% de los encuestados consideraban que sus barrios eran seguros. Tal percepción disminuyó al 42% en 2017.

    Fuente: Bogotá cómo vamos, informe de calidad de vida 2017, p. 205.

    El número de bogotanos que denuncia los delitos de los que es víctima disminuyó. El porcentaje de denuncia pasó de 48% en 2016 a 35% en 2017. Esta cifra desmiente el argumento de la administración, que ha afirmado que una de las razones para el incremento de los hurtos registrados es un aumento en la cantidad de denuncias recibidas.

    Fuente: Bogotá cómo vamos, informe de calidad de vida 2017, p. 206.
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