Peñalosa y la salud pública: mucho sector privado, poca ejecución pública

Esta administración, a pesar de la publicidad que ha desplegado, está muy retrasada en los compromisos que hizo de mejorar la infraestructura hospitalaria pública de la ciudad. Como les demostraré en este debate, la elección de un mecanismo contractual inmaduro y la muy pobre gestión de los recursos a disposición de la secretaría de salud han resultado en una pobrísima ejecución de los recursos. Los prometidos cambios fueron apenas una promesa de campaña.  

La educación y las víctimas no ganan con el presupuesto de Peñalosa

El debate sobre el presupuesto de la ciudad no es exclusivamente un tema de cifras. Es también una discusión política sobre la gestión de las entidades que administran recursos públicos, y que tienen como propósito atender problemas puntuales que afectan la vida de los bogotanos. Por esa razón, mi análisis del presupuesto se centró en aspectos fundamentales de la política social y ambiental de la ciudad: en el estado financiero de la Universidad Distrital, la universidad pública que hace presencia en los sectores populares de la ciudad; en la infraestructura educativa que prometió esta administración, así como en los avances en la jornada única; en los espacios para cuidar a la primera infancia; en las obras culturales y la protección de la naturaleza; y en la atención a las víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá.

La administración Peñalosa no va a recuperar el San Juan de Dios

Fui designado como ponente para la iniciativa con la que la administración solicita $431.668 millones en vigencias futuras, entre los años 2019 y 2027, para reponer el hospital Santa Clara. Con este proyecto no se va a recuperar el San Juan de Dios, como lo ordenan la ley y fallos judiciales. En cambio, la administración propone una nueva edificación para el Santa Clara en los predios del San Juan. Pero del camino propuesto está sembrado de trampas jurídicas: contratarían el hospital por la modalidad de alianza público privada (APP), que es la más cara, pero se niegan a reconocerlo, con lo cual estarían violando la ley y pondrían en gran riesgo la posibilidad de construir dicha nueva sede del Santa Clara.